Recusan jueces 3 de salas penales en caso terrenos

Santo Domingo.-Los jueces que integran las tres salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron recusados para evitar que conozcan un proceso que lleva años en los tribunales por un grupo acusado de apoderarse fraudulentamente de más de seis millones de metros cuadrados costeros en Baní, propiedad de la empresa Hilari Mayol. 

 La recusación contra los jueces fue presentada por los abogados de la defensa de los imputados Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez. 

Los magistrados recusados son Doris J. Pujols Ortiz, jueza presidente; Rafael Arntrongs Báez, Ramona Rodríguez, Nancy Joaquín Castillo, Isis Muñiz, Yuly Tamarís, Indhira Montás, Daniel Nolasco, Delio Germán, Luís Omar Jiménez, Rosalba Garib, Pedro Sánchez Rivera y Mariana Daneira García. nueva recusación de los 16 jueces pretende maniatar a los miembros de la Corte para que no puedan conocer la recusación contra la primera sala y, además, para que no estén nunca habilitados para conocer la apelación.

 28 noviembre 

El juicio en contra del grupo está programado para el 28 de noviembre en el Segundo Tribunal Colegiado. Esa situación se suma a la demora de más de 9 meses en la celebración de la audiencia para conocer los recursos de apelación, lo que, junto con la mora judicial, podría favorecer alegaciones de prescripción y extinción de la acción penal. Esa acción, denunciada por el equipo de abogados que representa a las familias Mayol y Serrano, afectadas por la usurpación de la propiedad, alegan que es parte de una intención maliciosa para obstaculizar la justicia. 

 Los abogados de los demandantes sostienen que estas acciones buscan paralizar la conformación de la Corte que decidiría sobre la primera recusación y los recursos, con la intención de llevar el caso al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sin la presencia de los representados y con una acusación limitada. Desde el descubrimiento del caso en 2013, afectando a las familias Mayor y Serrano con décadas de tradición industrial Esta.

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