Empresa inmobiliaria desaparece con miles de dólares de familias dominicanas residentes en el exterior

Santo Domingo.- Los dominicanos residentes en el exterior, Carlos Sabino de los Santos y Marisol Suero, al ver a través de redes sociales el proyecto Blue Sky Residence, se interesaron en el mismo, por lo que de inmediato contactaron a la inmobiliaria donde realizaron la supuesta compra, así lo afirma su representante legal, quien ha solicitado ocultar su imagen, por motivos de seguridad.

 “Mis clientes depositaron 12600 dólares como separación y cuotas adelantadas para el proyecto/ hacen una visita al proyecto y ven que no se ha hecho nada, tratan de comunicarse con el Ing. Nunca nadie ha dado la cara y nadie sabe el ingeniero, ellos están muy desesperados”, indicó la abogada. 

 En el contrato firmado, el representante de la constructora Grupo Grufia, Edwin Ernesto Figueroa, al firmar con los compradores les informó que el total del inmueble era de 62 mil dólares, donde además en el contrato de venta figura la fiduciaria “G Mat”, la cual se encargaría del fideicomiso del proyecto. 

El apartamento que se entregaría era de 78 metros cuadrados, edificado en hormigón armado, tres habitaciones, dos baños, entre otras características. El director de Proconsumdor dijo que con relación al caso, varias personas han sido afectadas. “Ya hay seis reclamaciones hechas por consumidores, aparentemente ellos han perdido contacto con las personas que iban a desarrollar el proyecto/hemos tenido que cumplir con los plazos estipulado respetando el debido proceso/Nosotros no hemos encontrado la oficina de esa compañía y hemos tenido que notificar la ley y nos coloca hacerlos en domicilio desconocido”, sostuvo Alcántara, director de Proconsumidor. 

Indicó que sobre este empresa los afectados tienen una vista de conciliación el 9 de mayo. Los afectados confían en que el vendedor Edwin Ernesto Figueroa, se presente a la cita y le reembolse el dinero invertido en el proyecto que no está construido y esperan desde el 2022.

Fuente: https://noticiassin.com/empresa-inmobiliaria-desaparece-con-miles-de-dolares-de-familias-dominicanas-residentes-en-el-exterior-1634336/

CEA pide desalojar terrenos, pero familias se resisten y alegan viven allí hace 14 años

San Pedro Macorís. Alrededor de 60 familias residentes en la comunidad Laguna Prieta del municipio Ramón Santana en San Pedro de Macorís denunciaron que un funcionario del Consejo Estatal del Azúcar los está amenazando con desalojarlos de sus viviendas que edificaron en la parcela número 488, donde llevan más de 14 años residiendo allí.

 Edgar Núñez, representante de Derechos Humanos en la zona, sostuvo que el señor Francis Vélez, quien es el gerente de preservación y recuperación de terrenos del CEA en el área de Cumayasa, y la empresaria Yafreisy Santana, tiene un interés marcado de que ellos salgan de la zona que ocupan. 

 Señaló además que en dos ocasiones se ha notificado sometimientos contra Vélez, pero el mismo no ha surtido los efectos esperados, que es detener la forma de comportarse en los operativos que realiza en perjuicio de las familias que residen allí. 

Familias desalojadas por ampliación de la avenida Ecológica reclaman pago de propiedades

Familias que fueron desalojadas para continuar la construcción de la avenida Ecológica, después de la Autopista Juan Pablo II, en la zona de Valiente, protestaron en la vía impidiendo el tránsito de vehículos para reclamarle al Ministerio de Obras Públicas el pago de sus propiedades. 

 Algunos padres de familia dicen que han esperado más de siete meses para que les entreguen el dinero acordado con las autoridades con el fin de comprar alguna mejora en otro lugar. Es el caso de Rosa Herrera, que hace casi ocho meses vio demolida su vivienda, con el compromiso de que le pagarían 120,000 pesos, que no ha recibido. 

 Desde entonces está viviendo arrimada en casa de una vecina con seis hijos y pocos ajuares porque su desalojo se produjo al resistirse a entregar el lugar sin el pago correspondiente. "Me tumbaron la casa con nosotros adentro, con niños, no pagan. Siempre cuento, que mañana, que pasado y ya tengo más de siete meses en esa situación, yo ya no tengo ni pasajes para ir a Obras Públicas y cuando lo consigo y voy, no me reciben", dijo. 

Senador Taveras pide detener desalojos contra familias pobres

Santto Domingo.- El senador por provincia Santo Domingo (centro), Antonio Taveras, exigió al Gobierno detener el uso de fuerza pública para desalojar a familias de esa demarcación que tienen hasta 60 años residiendo en dichos lugares. 

 Taveras también pidió al abogado del Estado que se abstenga de ordenar la fuerza pública contra residentes humildes de sectores de esa demarcación, donde residen unas 200 mil personas. 

Hay que declarar a estas comunidades de utilidad pública. Pedimos al abogado del Estado que se abstenga de ordenar la fuerza pública contra estas comunidades, hasta que se regularice su situación”, dijo. 

Familias exigen otro juicio a quienes vendieron barrio

Representantes de más de seis mil familias del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, continúan su reclamo a la Corte de Apelación que revoque la sentencia de No ha Lugar, emitida en junio de 2022, por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, y que favorece a quienes desfalcaron al Estado con más de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en ese lugar. 

 Con letreros en alto y consignas contra la corrupción, frente al edificio de la Corte de Apelación, en el Centro de Los Héroes, miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, exigían que se dé marcha atrás a la sentencia y que el caso sea conocido nuevamente y quienes se robaron el barrio sean condenados.

 Milcíades Gerardo, coordinador de la organización, informó que los estafadores se llevaron más de 90 millones de pesos de Los Tres Brazos, robándose además la paz y la tranquilidad del lugar. 

Familias acuden a tribunal para evitar ser desalojadas en Montecristi

Montecristi,- Representantes de 150 familias de cuatro comunidades, enclavadas en la carretera Duarte de esta provincia, acudieron al Palacio de justicia con carteles en manos y vociferando consignas, para exigir detener las intenciones de desalojo a favor de una persona que se ha declarado dueño de las localidades que habitan por más de 70 años.

 Según denunciaron Carlos Abreu, Juan Ramón Guzmán y Justino Guzmán, quienes hablaron a nombre de los afectados, ya son adultos mayores y vieron morir sus padres con edades de hasta 100 años en las localidades Villa Eliza, Hato del Medio, y Hato del Medio Abajo y los Limones, por lo que no se justifica que ahora apareció el propietario de esos terrenos. 

Familias en Mao alegan tener títulos de propiedad terrenos del ISA

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Familias que ocuparon terrenos del Instituto Superior de Agricultura (ISA) en Mao aseguran ser los legítimos propietarios, presentando títulos de propiedad como respaldo a su reclamo. 

 Según los ocupantes, adquirieron los terrenos de la familia Louis L. Bogaert, representada por su gerente Jan Paul Osen Bogaert, y poseen certificados de títulos emitidos por el registro de título con fecha 23/2/2023.

 Las autoridades locales señalaron que la compra se realizó a la familia L. Bogaert, respaldada por un certificado de título de parcela que establece su condición de propietarios. 

Familias reformularán querellas para incluir a más personas en Operación Calamar

Los sucesores de Jorge Mota y Rafael María Gatón anunciaron que reformularán sus querellas contra los acusados en Operación Calamar para incluir a nuevas personas, algunas de las cuales, aunque se citan en el expediente, no se les solicitó medidas coercitivas en su contra. 

 Por parte de la familia Gatón, su abogado Francisco García, dijo que en su querella sobre la estafa a ese clan, que supera los 1,200 millones, no incluyeron al exministro José Ramón Peralta, al cual sumarán en su acción penal. 

 Peralta está incluido en la acusación del Ministerio Público e incluso guarda prisión por el caso, pero García afirma que en su querella civil no lo señalan. En cuanto a los sucesores de Jorge Mota, sus representantes legales José Bidó y Martín Rubiera, anunciaron que pedirán medidas de coerción a exfuncionarios y abogados que se mencionan en el expediente que se depositó a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pero que no se pidió ninguna medida coercitiva contra ellos, entre los que citaron a los abogados Juan Tomás Polanco Céspedes y Félix Benjamín Castillo.