Gaceta Guia Inmobiliaria: familias
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Miedo al desalojo mantiene en vilo a 63 familias en El Seibo

SANTA CRUZ DE EL SEIBO. – Vecinos del barrio José Francisco Peña Gómez, en Villa Guerrero, viven en constante zozobra ante la posibilidad de que sus hogares sean demolidos por una entidad gubernamental que busca desalojarlos. 

 La incertidumbre afecta a 63 familias, quienes desde la semana pasada han enfrentado nuevas amenazas de desalojo por parte de personas que, según temen, podrían ser empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

 Sus preocupaciones se basan en un antecedente ocurrido en septiembre de 2022, cuando al menos un centenar de agentes policiales y equipos mecánicos destruyeron varias viviendas habitadas y en construcción en la misma zona. 

Familias exigen titulación de terrenos en Montecristi; denuncian desalojo y destrucción

Montecristi, República Dominicana.- Habitantes de la comunidad de Villa Nueva, en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi, realizaron una protesta pacífica para exigirle al Gobierno la titulación de los terrenos que llevan ocupando por más de 100 años, junto a sus antepasados. 

 Humberto Monción, miembro de los Derechos Humanos, dice que la comunidad de Villa Nueva ha estado habitada por más de un siglo y que ahora hay personas que quieren titular los terrenos con todas las personas que la ocupan. 

 “Nosotros queremos que eso llegue al presidente Luis Abinader, para que les dé los títulos a estas familia, como lo ha hecho en otras comunidades”, indicó. 

 De igual manera, el alcalde pedaneo César Rivas le pidió apoyo al mandatario Abinader para que sean tituladas las parcelas 59 y 51, terrenos donde se encuentra la comunidad. Más de 150 familias residen allí. La manifestación pacífica de los comunitarios se realizó frente a la compañía Aloe Vera, en el Pocito de Guayubín, tras considerar que estos buscan titular terrenos de la mencionada comunidad. 

El sueño de una inversión inmobiliaria convertido en pesadilla para cientos de familias

REDACCIÓN.- Lo que parecía una promesa de lujo y confort en los proyectos inmobiliarios Romana Victoriana y Bávaro Victoriana en República Dominicana, se ha convertido en un calvario para cientos de compradores. 

Más de 600 personas, en su mayoría dominicanos residentes en el extranjero, han denunciado ser víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa constructora Novasco Real Estate, liderada por Loani Ortiz y su madre, Marisol Nova.

 De sueños a terrenos baldíos

 El proyecto prometía modernos apartamentos con todas las comodidades. Sin embargo, imágenes de los terrenos muestran lotes vacíos y sin rastro de construcción. Grecia de la Cruz, residente en Nueva York, invirtió 12,000 dólares en un apartamento en Bávaro, mientras que Ana Nicole Núñez, puertorriqueña, desembolsó más de 30,000 dólares para un penthouse en La Romana. Ambas, como muchos otros, aseguran que los proyectos nunca avanzaron.

 «Los terrenos están llenos de maleza, no hay ni un solo bloque colocado», afirmó de la Cruz. «Seguimos pagando porque nos amenazaban con cobrarnos mora si no lo hacíamos», agregó Núñez. Los afectados han llevado sus casos ante el Ministerio Público. Una querella colectiva, liderada por la abogada Carolina Núñez, denuncia una estafa de más de 500,000 dólares.

 Entre los señalados están Loani Ortiz, Yves Giroux, y empresas como Novasco Real Estate y RemaxOne. «A pesar de nuestras denuncias, los fiscales han pasado el caso entre diferentes jurisdicciones, retrasando las investigaciones», señaló Núñez. 

Los denunciantes aseguran que Ortiz y su madre se mantienen inalcanzables mientras exhiben una vida de lujos en redes sociales. 

 La respuesta de la constructora 

Los intentos de comunicación con Novasco han sido infructuosos. Oficinas cerradas y excusas como «fumigación» han dificultado el contacto con los responsables. En un terreno en Bávaro, un guardia de seguridad confirmó que las tierras están en venta, contradiciendo las afirmaciones de la empresa sobre ser propietaria de los lotes.

 El daño no es solo económico. 

Manuel Frisman, dominicano residente en Alemania, expresó su impotencia tras perder los ahorros de su vida. «Sacrifiqué muchos años trabajando lejos de mis hijos para construir este sueño, y ahora todo se ha desmoronado». La querella incluye delitos de alta tecnología por el uso de medios electrónicos para captar clientes. 

Los abogados exigen que el Ministerio Público emita órdenes de arresto contra los responsables. Mientras tanto, los afectados esperan justicia y la posibilidad de recuperar al menos parte de su inversión. «Es desgarrador ver cómo un sueño se transforma en pesadilla por falta de transparencia y acción», concluyó Núñez. La investigación sigue abierta, y el caso plantea serias preguntas sobre la regulación del sector inmobiliario en el país.

Familias aseguran permanecen "en vilo" por amenazas de desalojo en Barahona

Barahona, RD.- Los residentes del sector Buenos Aires, Ciudad de Dios anteriormente conocido como "Los Agrónomos" denunciaron las amenazas de desalojo que enfrentan en los terrenos que habitan desde hace más de diez años. 

 Aseguran que en esos terrenos, ubicados en el distrito municipal de Villa Central, Barahona, construyeron sus viviendas con esfuerzo. Jesús María Feliz Gómez, vocero de las más de 500 familias afectadas, señaló que el ingeniero agrónomo César Céspedes intenta despojarlos de sus hogares de manera ilegal. Agregan que pretende despojarlos de sus viviendas sin poseer un título que lo acredite como propietario de las tierras. 

 Feliz Gómez, quien también preside la junta de vecinos, destacó que, en representación de estas familias, defienden su derecho a permanecer en los terrenos, que llevan alrededor de 35 años registrados a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Familias denuncian pretensión de desalojarlas de sus terrenos en La Ciénega, Barahona

Barahona, RD.– Unas cien familias denunciaron un intento de desalojo ilegal de sus terrenos en el residencial Don Ernesto, ubicado en el municipio La Ciénega, Barahona. José Alberto Feliz, portavoz de los residentes, explicó que las 195 tareas de tierra en cuestión las habitó Ernesto Guevara Santana durante aproximadamente 78 años. El señor Santana vivió en los terrenos hasta su muerte hace dos meses. 

 Por su parte, Anny Balbuena, residente de la zona, junto con sus compañeros y vecinos, indicó que ellos han ocupado estos terrenos durante los últimos 20 años en esta comunidad costera de Barahona. Ambos representantes de las más de 100 familias que cuidan y mantienen los terrenos coincidieron en que personas con considerable poder, intentan despojarlos de sus propiedades. Para ello muestran títulos de propiedad falsos. 

 Para preservar los terrenos piden ayuda del presidente Abinader En tal sentido, llamaron al presidente Luis Abinader para que intervenga y evite el desalojo de estas familias humildes.

Denuncian desalojo dejó mas de 200 familias a la intemperie en Santo Domingo Este

Comunitarios de Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, denunciaron que un contingente de las fuerzas especiales de la Policía Nacional desalojaron de manera abrupta a más de 200 familias del sector “Los Solares”.

 Indicaron que armados con palas mecánicas, camiones, cárceles móviles y martillos, los agentes demolieron viviendas de bloques y de madera, así como árboles plantados por los residentes. La intervención de agentes policiales ha generado una ola de descontento entre los residente de la zonas, quienes han hecho una llamado tanto al Defensor del Pueblo, como al presidente de la República ir en su auxilio.

 Los residentes de Cancino Adentro han manifestado su indignación y angustia por la intervención. Muchos de ellos alegan que no han recibido un aviso previo adecuado y que las acciones de las autoridades los han tomado por sorpresa, dejándolos en una situación de vulnerabilidad.

 En los videos, se escuchan voces clamando por una solución justa y un alto a los desalojos. Cancino Adentro es una comunidad con un largo historial de disputas de tierras y problemas de tenencia de propiedades. Los desalojos en esta área no son un fenómeno nuevo, pero cada intervención deja a muchas familias en una situación precaria, sin un lugar seguro donde trasladarse. 

Al menos 460 familias afectadas por la presa de Monte Grande reclaman al Gobierno cumplir acuerdos


Las 460 familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande reclamaron hoy al Gobierno cumplir su palabra y los compromisos pautados, que incluyen la entrega a cada una de ellas de 30 tareas de terrenos de calidad, con agua para riego y terminación del centro poblado; algo que debió pasar hace cinco meses, antes del 25 de enero, fecha de la inauguración de la obra. 

 En una rueda de prensa convocada frente a la Gobernación Provincial de Azua, organizaciones comunitarias que acompañan a las familias en este proceso, expresaron sentirse engañadas por las autoridades del gobierno central, debido a que las tierras con las que estas 460 familias se sustentaban de su producción, quedaron inundadas. 

 “Hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que ordene la solución urgente de estos problemas, y a las autoridades de la provincia de Azua, a fin de que cumplan su responsabilidad de representar y gestionar la solución a las necesidades de nuestras comunidades. Nosotros hemos aportado nuestras tierras para la construcción de la presa, que ofrecerá buenos servicios al país; pero no debe ser en perjuicio nuestro”, explicaron. 

Empresa inmobiliaria desaparece con miles de dólares de familias dominicanas residentes en el exterior

Santo Domingo.- Los dominicanos residentes en el exterior, Carlos Sabino de los Santos y Marisol Suero, al ver a través de redes sociales el proyecto Blue Sky Residence, se interesaron en el mismo, por lo que de inmediato contactaron a la inmobiliaria donde realizaron la supuesta compra, así lo afirma su representante legal, quien ha solicitado ocultar su imagen, por motivos de seguridad.

 “Mis clientes depositaron 12600 dólares como separación y cuotas adelantadas para el proyecto/ hacen una visita al proyecto y ven que no se ha hecho nada, tratan de comunicarse con el Ing. Nunca nadie ha dado la cara y nadie sabe el ingeniero, ellos están muy desesperados”, indicó la abogada. 

 En el contrato firmado, el representante de la constructora Grupo Grufia, Edwin Ernesto Figueroa, al firmar con los compradores les informó que el total del inmueble era de 62 mil dólares, donde además en el contrato de venta figura la fiduciaria “G Mat”, la cual se encargaría del fideicomiso del proyecto. 

El apartamento que se entregaría era de 78 metros cuadrados, edificado en hormigón armado, tres habitaciones, dos baños, entre otras características. El director de Proconsumdor dijo que con relación al caso, varias personas han sido afectadas. “Ya hay seis reclamaciones hechas por consumidores, aparentemente ellos han perdido contacto con las personas que iban a desarrollar el proyecto/hemos tenido que cumplir con los plazos estipulado respetando el debido proceso/Nosotros no hemos encontrado la oficina de esa compañía y hemos tenido que notificar la ley y nos coloca hacerlos en domicilio desconocido”, sostuvo Alcántara, director de Proconsumidor. 

Indicó que sobre este empresa los afectados tienen una vista de conciliación el 9 de mayo. Los afectados confían en que el vendedor Edwin Ernesto Figueroa, se presente a la cita y le reembolse el dinero invertido en el proyecto que no está construido y esperan desde el 2022.

CEA pide desalojar terrenos, pero familias se resisten y alegan viven allí hace 14 años

San Pedro Macorís. Alrededor de 60 familias residentes en la comunidad Laguna Prieta del municipio Ramón Santana en San Pedro de Macorís denunciaron que un funcionario del Consejo Estatal del Azúcar los está amenazando con desalojarlos de sus viviendas que edificaron en la parcela número 488, donde llevan más de 14 años residiendo allí.

 Edgar Núñez, representante de Derechos Humanos en la zona, sostuvo que el señor Francis Vélez, quien es el gerente de preservación y recuperación de terrenos del CEA en el área de Cumayasa, y la empresaria Yafreisy Santana, tiene un interés marcado de que ellos salgan de la zona que ocupan. 

 Señaló además que en dos ocasiones se ha notificado sometimientos contra Vélez, pero el mismo no ha surtido los efectos esperados, que es detener la forma de comportarse en los operativos que realiza en perjuicio de las familias que residen allí. 

Familias desalojadas por ampliación de la avenida Ecológica reclaman pago de propiedades

Familias que fueron desalojadas para continuar la construcción de la avenida Ecológica, después de la Autopista Juan Pablo II, en la zona de Valiente, protestaron en la vía impidiendo el tránsito de vehículos para reclamarle al Ministerio de Obras Públicas el pago de sus propiedades. 

 Algunos padres de familia dicen que han esperado más de siete meses para que les entreguen el dinero acordado con las autoridades con el fin de comprar alguna mejora en otro lugar. Es el caso de Rosa Herrera, que hace casi ocho meses vio demolida su vivienda, con el compromiso de que le pagarían 120,000 pesos, que no ha recibido. 

 Desde entonces está viviendo arrimada en casa de una vecina con seis hijos y pocos ajuares porque su desalojo se produjo al resistirse a entregar el lugar sin el pago correspondiente. "Me tumbaron la casa con nosotros adentro, con niños, no pagan. Siempre cuento, que mañana, que pasado y ya tengo más de siete meses en esa situación, yo ya no tengo ni pasajes para ir a Obras Públicas y cuando lo consigo y voy, no me reciben", dijo. 

Senador Taveras pide detener desalojos contra familias pobres

Santto Domingo.- El senador por provincia Santo Domingo (centro), Antonio Taveras, exigió al Gobierno detener el uso de fuerza pública para desalojar a familias de esa demarcación que tienen hasta 60 años residiendo en dichos lugares. 

 Taveras también pidió al abogado del Estado que se abstenga de ordenar la fuerza pública contra residentes humildes de sectores de esa demarcación, donde residen unas 200 mil personas. 

Hay que declarar a estas comunidades de utilidad pública. Pedimos al abogado del Estado que se abstenga de ordenar la fuerza pública contra estas comunidades, hasta que se regularice su situación”, dijo. 

Familias exigen otro juicio a quienes vendieron barrio


Representantes de más de seis mil familias del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, continúan su reclamo a la Corte de Apelación que revoque la sentencia de No ha Lugar, emitida en junio de 2022, por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, y que favorece a quienes desfalcaron al Estado con más de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en ese lugar. 

 Con letreros en alto y consignas contra la corrupción, frente al edificio de la Corte de Apelación, en el Centro de Los Héroes, miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, exigían que se dé marcha atrás a la sentencia y que el caso sea conocido nuevamente y quienes se robaron el barrio sean condenados.

 Milcíades Gerardo, coordinador de la organización, informó que los estafadores se llevaron más de 90 millones de pesos de Los Tres Brazos, robándose además la paz y la tranquilidad del lugar. 

Familias acuden a tribunal para evitar ser desalojadas en Montecristi

Montecristi,- Representantes de 150 familias de cuatro comunidades, enclavadas en la carretera Duarte de esta provincia, acudieron al Palacio de justicia con carteles en manos y vociferando consignas, para exigir detener las intenciones de desalojo a favor de una persona que se ha declarado dueño de las localidades que habitan por más de 70 años.

 Según denunciaron Carlos Abreu, Juan Ramón Guzmán y Justino Guzmán, quienes hablaron a nombre de los afectados, ya son adultos mayores y vieron morir sus padres con edades de hasta 100 años en las localidades Villa Eliza, Hato del Medio, y Hato del Medio Abajo y los Limones, por lo que no se justifica que ahora apareció el propietario de esos terrenos. 

Familias en Mao alegan tener títulos de propiedad terrenos del ISA

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Familias que ocuparon terrenos del Instituto Superior de Agricultura (ISA) en Mao aseguran ser los legítimos propietarios, presentando títulos de propiedad como respaldo a su reclamo. 

 Según los ocupantes, adquirieron los terrenos de la familia Louis L. Bogaert, representada por su gerente Jan Paul Osen Bogaert, y poseen certificados de títulos emitidos por el registro de título con fecha 23/2/2023.

 Las autoridades locales señalaron que la compra se realizó a la familia L. Bogaert, respaldada por un certificado de título de parcela que establece su condición de propietarios. 

Familias reformularán querellas para incluir a más personas en Operación Calamar

Los sucesores de Jorge Mota y Rafael María Gatón anunciaron que reformularán sus querellas contra los acusados en Operación Calamar para incluir a nuevas personas, algunas de las cuales, aunque se citan en el expediente, no se les solicitó medidas coercitivas en su contra. 

 Por parte de la familia Gatón, su abogado Francisco García, dijo que en su querella sobre la estafa a ese clan, que supera los 1,200 millones, no incluyeron al exministro José Ramón Peralta, al cual sumarán en su acción penal. 

 Peralta está incluido en la acusación del Ministerio Público e incluso guarda prisión por el caso, pero García afirma que en su querella civil no lo señalan. En cuanto a los sucesores de Jorge Mota, sus representantes legales José Bidó y Martín Rubiera, anunciaron que pedirán medidas de coerción a exfuncionarios y abogados que se mencionan en el expediente que se depositó a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pero que no se pidió ninguna medida coercitiva contra ellos, entre los que citaron a los abogados Juan Tomás Polanco Céspedes y Félix Benjamín Castillo. 

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