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Desalojos sin notificación dejan a familias en la calle en sector Lechería de Caballona

Santo Domingo.– Moradores del sector Lechería, en Caballona, Santo Domingo Oeste, denuncian que fueron desalojados de manera abrupta y sin notificación previa, a pesar de contar con documentos que respaldan la compra de sus terrenos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) desde el año 2010.

 Según los afectados, las autoridades llegaron sin previo aviso, destruyeron sus viviendas y los dejaron en la calle, sin ofrecerles ninguna alternativa. Varias personas se negaron a abandonar sus hogares y fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional durante el operativo. 

 Los comunitarios aseguran haber perdido todos sus ajuares y pertenencias, y ahora exigen la intervención urgente de las autoridades competentes, ya que no tienen dónde vivir.

Pescadores y comerciantes en Juancho y Oviedo bloquean vías en protesta por desalojos

JUANCHO, Pedernales.– Amplios sectores del sur costero, incluyendo comunidades como Juancho, Oviedo y Pedernales, amanecieron paralizados este lunes tras el inicio de una huelga general convocada por pescadores, amas de casa, comerciantes y productores agrícolas. 

La protesta surge como respuesta a los constantes desalojos en comunidades pesqueras, así como a la destrucción de viviendas, mercancías e instrumentos de pesca. 

 La jornada de protesta comenzó a las 4:00 de la madrugada con quema de neumáticos y bloqueo de vías terrestres, especialmente en zonas como Lanzazo, Piticabo y Trudiyé, áreas tradicionalmente dedicadas a la pesca.

 Más de 200 familias desalojadas, afectando a pescadores con décadas de tradición en la zona Los manifestantes denunciaron que agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos gubernamentales han intensificado los desalojos bajo el argumento de que ocupan áreas protegidas. 

Aseguran que estas acciones los han dejado sin medios de vida, empujando a muchos hacia actividades ilegales como la quema de carbón, venta de drogas o robos. 

Deja atrás desalojos contra inquilinos sin orden judicial expresa

Los propietarios o arrendadores de viviendas, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en proceso de aprobación, serán sancionados con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 El proyecto de Ley, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya fue aprobado en primera lectura, enviada a vistas públicas para el próximo jueves, empodera a los juzgados de paz para tratar en primera instancia los conflictos que se produzcan entre inquilinos y propietario, pero estos deben priorizar antes la conciliación entre las partes. 

 El presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, diputado Amado Díaz, en su motivación al Pleno de la CD resaltó el que la normativa disponga la prohibición a abogados y propietarios ejecutar desalojos arbitrarios sin órdenes judiciales, práctica muy utilizada hasta el momento. También establece sanciones para jueces displicentes en el caso de denegación de justicia, entre otras disposiciones, ya que RD lo que dispone es de un decreto emitido hace 66 años, por el dictador Rafael Leónida Trujillo.

De tres a cinco años de prisión podría ser condenado quien lleve a cabo un desalojo sin una orden judicial


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los propietarios o arrendadores, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades que establezca la ley serán sancionadas con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 Así lo estipula el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que está a la espera de su aprobación en el Congreso Nacional. Esta iniciativa que es de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y que está dentro del grupo que fueron priorizadas para aprobarse en esta legislatura fue estudiada en una comisión especial. 

 Dicha comisión, que estuvo liderada por el diputado y vocero de la bancada oficialista, Amado Díaz rindió un informe favorable. 

 Esta normativa de ley también establece que el inquilino no puede subalquilar la propiedad sin una autorización expresa y por escrito del propietario del inmueble. “Tampoco podrá cederlo a título gratuito o por simple tolerancia. En caso de violación, el propietario o arrendador podrá invocar la terminación del contrato sin ninguna formalidad”, señala el artículo 25 de la pieza. 

Invasores en Boca Chica tienen 15 días para desalojar lugar


Los ocupantes ilegales de un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el área, la cual ha estado ocupada de manera irregular por más de tres años. Así lo establece una notificación emitida por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano. 

 El terreno en cuestión, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y con certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con el mismo nombre. 

 En la notificación, dirigida específicamente a Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez Fortuna, Javier Sención Beltré, Wilfredo Polanco, María Robles, Andrés Santana, así como a cualquier otro ocupante ilegal del inmueble, se les invita a presentar documentación que justifique su permanencia en el terreno. “Para que procedan en un plazo de 15 días, contando a partir de dicha notificación, a abandonar voluntariamente los inmuebles referidos, invitándolos a hacer uso de sus derechos de defensa”, establece el documento oficial. 

Denuncian desalojos arbitrarios en terrenos del CEA en Hato Nuevo de Manoguayabo

Santo Domingo, RD.– Familias del barrio Campo Lindo II, en Hato Nuevo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, denunciaron haber sido desalojadas de manera arbitraria y abusiva por agentes policiales y militares, quienes —según aseguran— pretenden apoderarse ilegalmente de terrenos pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 Los denunciantes afirman que uniformados están involucrados en la supuesta venta irregular de solares dentro de la zona, y que una vez concluyen dichas negociaciones, proceden a realizar desalojos de manera intimidante para quedarse con las propiedades.

 RECLAMO DE PROPIEDAD Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: Entre los afectados se encuentran Natalia Suárez, Martina de la Cruz, Melodía Ortiz y Franklin de la Cruz, quienes señalaron directamente a oficiales de la Policía Nacional como responsables de los desalojos. 

Aseguran que estos alegan que los terrenos son propiedad de la Procuraduría General de la República, lo cual contradice la versión de los ocupantes, quienes insisten en que pertenecen al CEA. 

 Los afectados explicaron que adquirieron sus solares por montos que oscilan entre los 70 mil y 150 mil pesos. Proponen al CEA la opción de formalizar su compra a través de cuotas, advirtiendo que no están dispuestos a ser despojados de las tierras en las que han vivido y trabajado por años.

102 personas se querellan contra presuntos implicados en desalojos en Mata Mosquito


Un total de 102 personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, presentaron una querella la tarde de ayer contra cuatro personas presuntamente implicadas en el desalojo de los terrenos que ocupaban en Mata Mosquito, Friusa, una localidad que pertenece a Bávaro, en la provincia La Altagracia. 

 De los 102 querellantes, 81 son dominicanos y 21 haitianos, quienes poseen permisos de trabajo, según consta en el documento de la querella depositada ante la fiscalía de la provincia La Altagracia. El documento también establece que existe un total de 283 querellantes, aunque solo se citan 102 en el acto de depósito. 

 Mientras que, también señala que los demandados son Domingo Lizardy, Ernetico Botello, Juan Luis Martínez y Elvis Suárez, abogado del Estado. 

 Las familias afectadas acudieron a la Fiscalía acompañadas por el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, y sus abogados. Según Ureña, quien habló en representación de los afectados, el desalojo se llevó a cabo contra un grupo de ciudadanos dominicanos a quienes, alega, se les vulneraron y soslayaron sus derechos de propiedad.

Denuncian familia es desalojada de terrenos que ocupaban por más de 60 años en Las Terrenas

EL NUEVO DIARIO, LAS TERRENAS.- Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, la familia Paulino fue desalojada por la fuerza de los terrenos que ocupaban desde hace más de seis décadas. 

 El operativo se realizó de manera violenta, según denunciaron los afectados, quienes aseguran que los primeros en llegar fueron supuestos civiles armados, que identificaron como delincuentes provenientes de San Francisco de Macorís (SFM). 

 De acuerdo con testimonios de los familiares, estos individuos no solo irrumpieron sin orden judicial visible, sino que también sustrajeron pertenencias del lugar antes de que un contingente militar llegara para ejecutar el desalojo.

 Entre los afectados hay al menos cuatro negocios, incluyendo bancas de apuestas y restaurantes, que también fueron desmantelados durante la operación. 

 Los Paulino alegan tener más de 60 años residiendo pacíficamente en la propiedad, y sostienen que el caso se trata de una litis judicial de larga data, cuya resolución aún no ha sido debidamente comunicada ni ejecutada conforme al debido proceso.

 La comunidad ha reaccionado con preocupación ante el despliegue de fuerza y la falta de claridad legal en el procedimiento. Se espera que las autoridades ofrezcan una explicación oficial en las próximas horas.

Parceleros de la Reforma Agraria denuncian amenazas para despojarlos de predios en San Juan

Decenas de parceleros de la Reforma Agraria de la comunidad Mogollón, en San Juan de la Maguana, denunciaron que están recibiendo presiones de sectores poderosos que amenazan con despojarlos de sus predios, los cuales han trabajado por más de 60 años, lo que les ha permitido levantar a sus familias.

 Afirmaron que están dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar que manos oscuras le quiten el único sustento que tienen con la producción de arroz, por lo que demandaron del presidente de la República la entrega de títulos definitivos, ya que poseen el provisional desde el Gobierno de Hipólito Mejía en el año 2002. 

Dijeron que a pesar de los esfuerzos que han hecho para lograrlo, hasta la fecha no ha sido posible. Uno de los casos más estremecedores es el de la anciana Sofina Aquino (Colón) quien a sus 96 años todavía continúa sembrando arroz. 

Relató que su salud sigue deteriorándose, ya que no puede dormir debido a las constantes amenazas. “Esto era monte y culebra antes, aquí dejé mi juventud porque desde los 20 años comencé a trabajar esta tierra y nunca me he parado, a tal punto que esta cosecha ya perdimos todo por la falta de agua; y el temor de venir para que esa gente no me maten, porque eso es llamada y llamada del propio IAD, para que salgamos de aquí para ellos dársela a otra gente”, dijo. 

 Refirió que a pesar de los esfuerzos en procura de solución, todavía no ha sido posible porque cuando creen que tienen la solución en el Instituto Agrario Dominicano (IAD), se la pone más difícil. 

 Igual situación viven los también parceleros Mauro Manuel Ramírez y Pedro Fernández, quienes advirtieron que no desmayaran en sus esfuerzos para evitar ser despojados de sus propiedades. Indicaron que, desde que hay rumores de cambio de funcionarios en el IAD, aumentan las amenazas de los grupos por despojarlos de sus predios, lo cual los llama poderosamente la atención. 

 Como forma de apoyar a los parceleros decenas de personas de la comunidad Mogollón, marcharon por las calles en apoyo a los humildes productores.

Autoridades realizan desalojos en terrenos ocupados de manera irregular en Hato del Yaque

Santiago de los Caballeros.- Miembros de la Policía Nacional encabezados por el general Juna Bautista Jiménez Reynoso, director de la institución junto con el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Freddy Gómez, encabezaron desalojos de terrenos que habían ocupado de manera irregular en el sector La Fe del distrito municipal de Hato del Yaque. 

 En el operativo, con más de 100 efectivos de la Policía Nacional, apoyados por equipos pesados, llevaron a cabo el desalojo de las construcciones ilegales en los terrenos ocupados, donde las infraestructuras levantadas en el lugar resultaron derribadas. 

 “Estamos interviniendo todas las propiedades públicas y privadas que hayan sido invadidas por desaprensivos. La Policía Nacional en Santiago le estamos dando un mensaje a los invasores de que esto no puede continuar”, expresaron las autoridades en ese sentido. 

 Advertencia de desalojos de terrenos 

Además, agregaron que realizaron supervisiones recurrentes para evitar nuevas invasiones de terrenos. “Nosotros estaremos de frente personalmente dirigiendo las tropas para evitar las invasiones de terrenos. Donde tengan casuchas hechas o pared, nosotros las vamos a derrumbar”. 

 Las autoridades reiteraron su compromiso con la recuperación de terrenos pertenecientes al Estado. Asimismo, recordaron que cualquier ocupación irregular se enfrentará con firmeza para preservar el respeto a la propiedad pública.

Familias aseguran permanecen "en vilo" por amenazas de desalojo en Barahona

Barahona, RD.- Los residentes del sector Buenos Aires, Ciudad de Dios anteriormente conocido como "Los Agrónomos" denunciaron las amenazas de desalojo que enfrentan en los terrenos que habitan desde hace más de diez años. 

 Aseguran que en esos terrenos, ubicados en el distrito municipal de Villa Central, Barahona, construyeron sus viviendas con esfuerzo. Jesús María Feliz Gómez, vocero de las más de 500 familias afectadas, señaló que el ingeniero agrónomo César Céspedes intenta despojarlos de sus hogares de manera ilegal. Agregan que pretende despojarlos de sus viviendas sin poseer un título que lo acredite como propietario de las tierras. 

 Feliz Gómez, quien también preside la junta de vecinos, destacó que, en representación de estas familias, defienden su derecho a permanecer en los terrenos, que llevan alrededor de 35 años registrados a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Instan a reglas claras para terminar contratos de alquiler y desalojos

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) instó a convertir la propuesta de Ley de Alquileres y el mercado de renta en un proyecto que regule el desalojo y la terminación de un contrato de alquiler ante eventualidades o acuerdo entre las partes, para que exista seguridad jurídica y se haga de forma justa y equilibrada. 

 Afirmaron que es en la terminación del contrato y en el desalojo donde hoy en día se presentan las debilidades y problemas. 

 La entidad afirmó que si se cuenta con reglas claras y equitativas la construcción de viviendas para la renta aumentaría, impactando en la reducción del déficit habitacional y fomentando un entorno favorable para propietarios e inquilinos.

Denuncian amenazas en Los Guandules por parte de URBE ante negativa de ceder propiedades

Santo Domingo:- Los Guandules, Santo Domingo – Este martes, varios residentes del sector Los Guandules denunciaron que están siendo supuestamente amenazados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) debido a su negativa a ceder sus propiedades. 

La controversia surge en el contexto de un desalojo relacionado con la reconstrucción del puente Francisco del Rosario Sánchez. 

 Los afectados expresaron su preocupación por los bajos precios que URBE les ha ofrecido por sus terrenos, considerándolos insuficientes para el valor real de las propiedades. Según los denunciantes, las amenazas han generado un clima de tensión en la comunidad, donde muchos se sienten presionados a aceptar las ofertas.

 La situación ha llevado a los residentes a organizarse y buscar apoyo para defender sus derechos sobre la propiedad. Aseguran que están dispuestos a luchar por una compensación justa y adecuada, que refleje el verdadero valor de sus terrenos y que les permita reubicarse sin pérdidas significativas. 

 La comunidad espera una respuesta tanto de URBE como de las autoridades locales para resolver esta problemática y garantizar un proceso justo durante la readecuación del área.

Apoya proyecto prohíbe desalojos forzosos en RD

La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana respalda el anteproyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos. 

 Solicita al presidente Luis Abinader decretar una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado, ya que permitiría salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.

 Mediante un comunicado expresa su más profunda solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su firme apoyo a las organizaciones que las respaldan como la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Ciudad Alternativa, y Organizaciones de Derechos Humanos que han estado en la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, en una creciente crisis de desalojos forzosos en el país. 

Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen


La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos. 

 El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta. El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días. 

 La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada "de inmediato". Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.

 Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.

Tribunal ordena al CEA detener desalojos en municipios de Puerto Plata


La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Plata ordenó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) detener los desalojos en las localidades Juan Martínez, Llano de Pérez, el municipio Imbert y otras zonas de Puerto Plata. 

 La decisión del tribunal fue emitida tras acoger una acción de amparo preventivo, luego de que funcionarios de la institución pretendían sacar algunas familias en Llano de Pérez, alegando que invadían terrenos del Estado dominicano. 

 En la instancia se prohíbe a los representantes del CEA, Henry Fontanilla y Félix Cabrera, desalojar a los accionantes y cualquier otra persona que habite en la comunidad en cuestión, sin antes agotar las vías procesales de lugar con el abogado del Estado, como establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. 

 La decisión de fecha de 9 de mayo de 2024 está firmada por los magistrados Nassín Eduardo Ovalles, juez presidente, y Carmen Martínez Durán, secretaria general de Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Civil de Puerto Plata. El recurso contra la Dirección local del CEA fue sometido por los abogados Manuel Danilo Reyes y Janel Tavárez, en representación de los afectados.

Comunitarios de Los Pinos en Santiago denuncian quieren desalojarlo de terrenos donde viven

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Con pancartas en manos, comunitarios de Los Pinos, en La Cumbre, en el trayecto que divide a Santiago con Puerto Plata, denunciaron que quieren desalojarlos de unos terrenos que llevan habitando durante años. 

 El abogado Román Vélez Colón, explicó que quieren desalojar a más de 500 familias que viven en esa localidad, de unas 1,300 tareas de terreno.

 Precisó que los residentes del lugar se dedican al cultivo de flores. Román Vélez Colón dijo que en dicho lugar hay personas que tienen viviendo ahí más de 110 años.

 Fueron a los tribunales para defender sus derechos y le fijaron una audiencia para el 10 de abril del año 2024. Agregaron que los quieren desalojar de una manera irregular y llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, porque esas personas son dueños de esos terrenos. 

 Nombraron a José Idelfonso García Rodríguez, como supuesto comprador de esos terrenos y como la persona que quiere desalojar a las más de 500 familias que viven en esa comunidad.

CARD deposita oposición al proyecto ley sobre “violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria” porque facilitaría desalojos


Santo Domingo.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó ante el Senado de la República, su formal oposición al Proyecto de Ley sobre “violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria”, ya que a su juicio permitiría el arresto y desalojo de cientos de miles de familias que fueron asentadas en inmuebles presuntamente del Estado dominicano, pero que los decretos de expropiación nunca fueron ejecutados. 

 Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que de aprobarse la pieza sectores como Gualey, Los Guandules, 27 de Febrero, Maria Auxiliadora, Nueva Jerusalén, Bello Atardecer, entre muchos otros, cuyos residentes llevan más de 40 años allí, correrían el riesgo de persecuciones penales y desalojos extrajudiciales. “Que se pretenda aprobar una ley que en su artículo 18 autorice a la Policía Nacional a arrestar y desalojar a quien resida en un solar, por el solo hecho de que el agente policial actuante considere ilegítimos los documentos de compra o asentamiento que ampara dicha propiedad constituye un verdadero atentado a la seguridad jurídica y sobre todo al debido proceso consagrado por la Constitución, lo que generaría injusticias y conflictos sociales indescriptibles, por apresamientos y desalojos efectuados por el solo efecto del dinero y la influencia política, seria volver al viejo Oeste” manifestó Surun Hernández.

Denuncian desalojos ilegales en comunidad Hato del Medio en Montecristi

Santo Domingo, RD- Residentes en la comunidad Hato del Medio en el municipio Guayubín en Monte Cristi mostraron preocupación y tristeza por el desalojo de familias que han vivido por décadas en una de las comunidades de esa demarcación. 

 Elías Antonio Alemán Medrano, uno de los afectados, envió una carta al presidente Luis Abinader denunciando la situación y pidiendo su intervención antes de que ocurra un hecho lamentable. 

  Los munícipes protestaron en reclamo a las autoridades para que paren los desalojos, lo que provocó un gran taponamiento vehicular en la zona. 

 Exigen detener desalojos Por otra parte, los residentes en el barrio Nueva Jerusalén, ubicado en la parte de atrás de la Base Aérea de San Isidro en Santo Domingo Este, exigieron al Tribunal Superior Administrativo que ordene que se detengan los desalojos arbitrarios que ejecutan militares ese sector. 

Nueva ley de alquileres permitirá desalojar en dos meses a inquilinos que no paguen


La comisión especial de diputados que estudia la nueva ley de alquileres decidió, por mayoría de votos, establecer un proceso más ágil para desalojar a los inquilinos que no paguen la renta. 

 Las nuevas disposiciones, según acordó la comisión, crearán una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses. 

 El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que estudia la ley, explicó que la jurisdicción que se creará con la normativa permitirá designar un juzgado de paz y un fiscalizador especial que serán exclusivos para materia de inquilinato. Cedeño sostuvo que, actualmente, los juzgados de paz en el país "tienen un cúmulo de trabajo" que les impide priorizar las pugnas entre propietarios e inquilinos, llegando a tardar hasta 10 años para ser resueltas en la justicia.

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