Apelan sentencia que favoreció con “Criterio de Oportunidad” a varios imputados en caso Calamar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados de los querellantes en el caso Calamar, apelaron la sentencia y la resolución del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que favoreció con el “Criterio de Oportunidad” a Fernando Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez, entre otros imputados, por alegada “violación a las reglas del debido proceso, en particular al derecho de defensa”. 

 La apelación a la sentencia número 060-2024-SRTP-00034, emitida por la magistrada Altagracia Ramírez, fue depositada el 25 de octubre de 2024 en el Centro de Servicio Presencial, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras que la apelación a la resolución del tribunal se produjo el 27 de diciembre del año pasado. 

 El abogado de un grupo de los querellantes del caso Calamar, Patricio Mañón Amador, dijo que todavía no se ha fijado la audiencia para conocer los recursos de apelación depositados en el referido tribunal judicial. Recordó que la audiencia preliminar del caso Calamar está fijada para el próximo lunes 13 de enero, pero que se prevé que la misma volverá a ser aplazada debido a los incidentes que presentarán los abogados ante el tribunal. 

Johnny Portorreal denuncia demora en apelación a sentencia que lo condena por caso familia Rosario

El abogado Johnny Portorreal Reyes, condenado por la estafa a 283 personas del apellido Rosario, denunció que la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ha retenido su recurso de apelación por más de cinco meses, superando ampliamente el plazo legal establecido. 

 A través de su defensor Viterbo Pérez, Portorreal Reyes calificó como "negligente" el accionar del tribunal y afirmó que los jueces tienen un "interés muy marcado" en dilatar el proceso. 

 Durante una rueda de prensa, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, custodiado por un fuerte dispositivo policial, Pérez expresó que el expediente debió ser remitido a la corte en un plazo no mayor a 20 días, pero sigue retenido.

 "La demora afecta directamente el derecho de mi defendido a la revisión de su prisión preventiva y a la solicitud de un caso ante la corte. Sin el expediente en manos de la corte, estos derechos quedan vulnerados", afirmó Pérez, quien además anunció que recurrirá al Consejo del Poder Judicial para exigir una resolución al caso. 

Inicia plazo de casación de sentencia que condena a diputada Rosa Amalia Pilarte

A partir de este miércoles la diputada del Partido Revolucionario Moderno(PRM), Rosa Amalia Pilarte, dispone de 20 días hábiles para recurrir en casación la sentencia que la condena a cinco años de prisión por de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 Tan pronto los jueces de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, notificaron la decisión a la legisladora y al Ministerio Público estos disponen de ese plazo para recurrir la decisión del tribunal si así lo entendieran, tal como lo dispone el artículo 418 del Código Procesal Penal. 

 El tribunal dispuso la notificación de la sentencia que consta de 899 páginas, a través del secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César José García Lucas. La decisión fue notificada a la legisladora y sus abogados Luis Leonardo Félix, Amado Gómez y Esteban Pérez y así como a los procuradores adjuntos Pedro Amador y Fernando Quezada, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada, y Pelagio Alcántara, procurador de Corte. 

 La sentencia se recurre ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, quien decidirá si ratifica la condena dictada en contra de la diputada, por los jueces Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, quienes no participaran en dicha audiencia. 

Suprema Corte de Justicia vuelve a fallar contra del Aeropuerto de Bávaro

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló nuevamente en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), al rechazar un recurso interpuesto y declarar inadmisibles otras dos acciones similares. 

 De igual manera, la más alta instancia judicial consideró fuera de “la letra de la norma” el decreto 270-20 que aprobaba el AIB y ordenaba un contrato entre el Estado dominicano y esa empresa. Ese decreto fue derogado por el presidente Luis Abinader a raíz de una decisión anterior de la SCJ, que lo declaraba ilegal.

 Estas decisiones confirman sentencias del Tribunal Superior Administrativo que rechazaron la oposición del AIB a su prohibición de hecho. La sentencia recoge una serie de ponderaciones acordes con el procedimiento y doctrinas jurídicos y rebate punto por punto los argumentos de la parte recurrente. El juez ponente de la sentencia, aprobada por la mayoría, fue el presidente de la sala, Manuel A. Read Ortiz.

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia ratifica ilegalidad del Aeropuerto de Bávaro

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), órgano de mayor jerarquía jurisdiccional en el sistema judicial dominicano, rechazó el recurso del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y, de paso, desestima el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente. 

 La sentencia en el último tramo del recorrido judicial da la razón a quienes criticaron el procedimiento por corrupción e, incluso, desautoriza el decreto del Poder Ejecutivo, emitido en el período de transición, que aprobaba el AIB. Abraham Hazoury junto a socios nacionales y extranjeros motorizan el proyecto por medio del Grupo Abrisa.

 Las decisiones de la Suprema son inapelables, por lo que la prohibición para construir el aeropuerto, por ser lesivo al interés nacional como determinó la dirección actual del IDAC, cae en la categoría de cosa irrevocablemente juzgada, que según nuestro ordenamiento legal, es el carácter de impugnabilidad que en determinado momento adquiere la resolución judicial.

Rechazan sentencia sobre embargo inmobiliario y desalojo; advierten amenaza contra inversión extranjera

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Los abogados Fernan Ramos Peralta y Tania Colombo calificaron de irregular una sentencia que establece embargo inmobiliario y desalojo de seis villas turísticas en Cofresí, provincia Puerto Plata supuestamente a favor de una compañía extranjera.

 Los juristas indicaron que el dictamen emitido por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata “no observó ningunas de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva”, ya que, a su juicio, la empresa no cuenta con Registro Nacional de Contribuyente ni Registro Mercantil, “a pesar de tener operaciones comerciales en el país”. 

 Ramos Peralta y Colombo, abogados de los afectados por la decisión, informaron que las violaciones al debido proceso van desde falta de notificación a los acreedores inscritos y causahabientes de la deudora con litis inscritas previas al registro del título ejecutorio y del embargo, violación al artículo 691 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, irregularidad de fondo en el acta de embargo, entre otras faltas.

Corte anula sentencia que descarga por estafa al empresario Luis José Asilis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló la sentencia que descarga al empresario Luis José Asilis, al grupo Metro Country Club, Playa Marota y al Groupmetro, por estafa a los esposos norteamericanos Eduardo Troya y Evelyn Montas de Troya, por alegada estafa de 1 millón 600 mil dólares. 

 El tribunal declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por los Troyas a través de su abogado José Abel Deschamps y proveció a la anulación de la Sentencia 047-2023-SSEN-0039, emitida por la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 Los jueces Isis Muñiz, presidenta, junto a Rosalba Garib y Teófilo Andújar decidieron anular en todas sus partes dicha sentencia y ordenaron la celebración total de un nuevo juicio, a los fines de que sean valorados los elementos provatorios que fueron emitidos en el proceso que descargó a los involucrados. 

Dicen ninguna sentencia afecta decreto sobre aeropuerto Bávaro

SANTO DOMINGO.- El consejo de defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aclaró que en los procesos judiciales no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que restó veracidad a una versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de esta nueva terminal aérea en el este de la República Dominicana.

 Afirmó que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprobó este aeropuerto ni el contrato suscrito con el Estado para su construcción. “Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que éstas han sido objeto de los correspondientes recursos», destacaron los abogados del AIB en reacción a un comunicado publicado el lunes por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC). 

Aplazan apelación a sentencia que absolvió acusados de vender terrenos de Los Tres Brazos

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional postergó para el día 27 de julio la apelación a la sentencia que favoreció a los 17 acusados de vender, de manera ilegal, más de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos del sector Los Tres Brazos, a quienes se absolvió. 

 Entre los acusados beneficiados por el fallo, emitido por el juez Francisco Rodríguez Consoró, se incluye al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Ramos, otros funcionarios de esa institución gubernamental y empresarios.

 La corte, presidida por Doris Pujols Ortiz e integrada por Carmen Mancebo y Deisy Indhira Montás, decidió aplazar la audiencia para tener tiempo y decidir varios recursos de oposición presentados por la defensa de los involucrados en el fraude. Además del exdirector de Corde, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

Grupo ABRISA desmiente que SCJ anulara autorización de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro

GRUPO ABRISA aclaró que la Sentencia de la SCJ no afecta los derechos establecidos por el Decreto 270-20 de 21 de julio de 2020 ni el contrato suscrito por AIB, SAS, con el Estado Dominicano para la construcción, operación y explotación económica del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que mantienen plenamente su vigencia. 

 El Grupo Abrisa, que encabeza el empresario Abraham Hazoury, desmintió que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) haya anulado la autorización para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, como fuera publicado en un diario impreso matutino, y que ha encontrado el rechazo de la Corporación Aeroportuaria del Este, que encabeza el propietario del Grupo Puntacana, Frank Rainieri. 

 El desmentido lo hizo Grupo Abrisa en relación a una noticia publicada en el Listín Diario donde se hacía referencia a que la “Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por el Grupo Abrisa y el Aeropuerto Internacional Bávaro, contra una resolución del Tribunal Superior Administrativo que establece posición contra la construcción de una terminal aeroportuaria en Bávaro”. 

Vecinos de Los Cacicazgos exigen cumplimiento sentencias ordenan paralización de obras

Santo Domingo, RD.- La Junta de Vecinos del sector Los Cacicazgos denunció los desacatos judiciales en los cuales están incurriendo, tanto el Colegio Baby’s First School, por seguir operando en una zona no permitida para este tipo de negocios y a la Inmobiliaria Molina, por continuar con la construcción de la Bainoa Twin Tower en una zona donde solo se permite densidad baja. 

 En ambos casos ya se emitieron fallos judiciales a favor de la junta. Se ordenó la suspensión de sus operaciones en el caso del colegio, mediante resolución penal No.501-2022-SRES-00389. Y la medida cautelar No.0030-0102023-SSNC-0022, en contra de la constructora. 

Dicho fallo suspende todas las licencias y permisos otorgados a la Inmobiliaria Molina y ordena la paralización total de la obra. Ambas instituciones están violando las normativas establecida en la zona, según los vecinos.