La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional postergó para el día 27 de julio la apelación a la sentencia que favoreció a los 17 acusados de vender, de manera ilegal, más de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos del sector Los Tres Brazos, a quienes se absolvió.
Entre los acusados beneficiados por el fallo, emitido por el juez Francisco Rodríguez Consoró, se incluye al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Ramos, otros funcionarios de esa institución gubernamental y empresarios.
La corte, presidida por Doris Pujols Ortiz e integrada por Carmen Mancebo y Deisy Indhira Montás, decidió aplazar la audiencia para tener tiempo y decidir varios recursos de oposición presentados por la defensa de los involucrados en el fraude.
Además del exdirector de Corde, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
También Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Asimismo, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, y Manuel Aybar.
El Ministerio Público también acusaba a la empresa Teknowlogic Dominicana S.R.L.
Según los señalamientos del órgano acusador, los acusados pretendían obtener unos cinco mil millones de pesos de una "pírrica inversión" que al principio se dijo fue de RD$72 millones.
A los residenes se le presionó para que financiaran la compra de los títulos.
Los residentes de Los Tres Brazos, quienes asisten a todas las audiencias, piden al Gobierno resolver su situación jurídica y emitir los títulos que los acredite como propietarios de los terrenos.
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