SANTO DOMINGO.- Nuevos aumentos entran en vigor tras la aprobación de la Ley núm. 98‑25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el pasado 15 de diciembre, por el Poder Ejecutivo.
La normativa actualiza el régimen de contribución especial obligatoria que deberán pagar las empresas y entidades públicas, y establece que su aplicación será efectiva a partir del cierre fiscal de 2025, impactando directamente las declaraciones que se presenten en abril de 2026.
El nuevo marco legal dispone que toda persona jurídica, asociaciones sin fines de lucro, patrimonios autónomos y entidades gubernamentales que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos deberán realizar un aporte anual en función de sus ingresos. Los montos van desde RD$3,000 para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta RD$675,000 para aquellas que superen los cien millones.
Los recursos recaudados se transferirán a la Tesorería Nacional y luego al fideicomiso DO Sostenible, según lo establece el Artículo 36, que dice así: «
Dicho fideicomiso financiará estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y proyectos integrados de residuos sólidos urbanos. Una parte de los fondos se asignará directamente a alcaldías y distritos municipales para cubrir gastos de recolección y disposición final, garantizando que los aportes se destinen exclusivamente a la gestión integral de residuos.




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