A juicio 31 acusados de lavado de activos y narcotráfico en la Operación Falcón

Un juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago envió a juicio a 31 personas acusadas de participar en estructuras criminales, lavado de activos, narcotráfico y otros delitos vinculados a la Operación Falcón. 

 La acusación presentada por el Ministerio Público también incluye a 39 entidades societarias que serían parte de las estructuras desarticuladas por las autoridades en septiembre de 2021. Según ha comunicado el Ministerio Público, el juez presidente del tribunal, Cirilo Salomón Sánchez, ponderó que el órgano acusador cumplió con el debido proceso y notificó todos los actos conforme a lo establecido en la normativa y en tiempo oportuno. 

 “Sobre las pruebas, destacó la legitimidad de estos elementos y, en respuesta a un incidente de la parte acusada, refirió que el órgano acusador tramitó ante el tribunal correspondiente las autorizaciones judiciales necesarias para las interceptaciones telefónicas, mediante las cuales se recolectaron evidencias probatorias”, se lee en la comunicación de la Fiscalía de Santiago.

Ministerio Público deposita acusación implicados de explosión en San Cristóbal

San Cristóbal, RD.- Este jueves el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio en contra de los imputados por la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en una fábrica de plástico en San Cristóbal. 

 Por el hecho perdieron la vida unas 38 personas y decenas resultaron heridas, así como nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas. 

 La acusación fue depositada en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal contra los propietarios de la fábrica de plástico; Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal y de la empresa Vidal Plast SRL, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro. 

 El Ministerio Público indica que, producto de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales, los imputados ocasionaron la explosión mortal ocurrida a las 3:10 pm, del 14 de agosto del 2023, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de la provincia San Cristóbal. 

Ratifican prisión a acusados de millonaria estafa inmobiliaria

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva, impuesta como medida de coerción, contra cuatro personas acusadas de haber formado una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

Son ellas Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, imputados en el caso de la denominada “Operación Nido”. 

 La jueza ratificó la medida cautelar al entender que la defensa no añadió ningún presupuesto nuevo que hicieran modificar la existente. 

Tribunal aceptó acuerdos MP con acusado en Coral

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo que el Ministerio Público hizo con dos de las empresas implicadas en el caso Coral, propiedad del delator coronel Rafael Núñez de Aza y de la madre de sus hijos Lucía Rodríguez. 

 Dichas empresas operaban a nombre de un pintor de Santo Domingo Este y de una estudiante, que, según el Ministerio Público, el militar Núñez de Aza y su esposa utilizaron como presta nombre para que pasaran como presidentes de ambas compañías. 

 Mediante el conocimiento de un procedimiento abreviado, el tribunal ordenó la disolución de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. La medida fue tomada luego de que el Ministerio Público arribara a un acuerdo con dichas empresas, cuyos presidentes ficticios (el pintor y la estudiante) acodaran comparecer como testigos al proceso que se les sigue a los demás implicados del caso Coral. 

 El tribunal ordenó la disolución de dichas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre. Cada una, además, deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.