Gaceta Guia Inmobiliaria: Ley
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Expresidente del Codia llama a realizar “auditoría forense” a obras reactivadas bajo antigua ley

SANTO DOMINGO.-El expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, indicó ayer que las obras que han sido activadas y se encuentren amparadas en la ley 105-67, cuyos costos se han elevado con respecto al contrato original, deben ser auditadas.

 “Las obras paralizadas deben ser rescindidas y, las que sean necesarias, hacer levantamiento y presupuesto de terminación real y licitarlas. Las que fueron activadas, es necesario hacerles auditoria forense para determinar las causas de su incremento excesivo del monto original”, comunicó a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). 

 En un hilo de la red social, mostró su apoyo ante la decisión que habría tomado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, de no activar las obras contratadas bajo esta ley, que somete a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000. “Felicito al ministro del MOPC, ingeniero Eduardo Estrella, por su extraordinaria medida de no activar obras contratadas con la ley 105-67, del 17 marzo 1967. Estas obras paralizadas por largos años, y activadas, elevaron sus costos exageradamente, en detrimento de la transparencia”, indicó públicamente.

La retrasada ley de alquileres vuelve a estudiarse en una comisión del Congreso


Aunque los desacuerdos y diferencias entre los sectores y entre los propios legisladores han retrasado el proyecto de ley de alquileres, la Cámara de Diputados retomó el estudio de la iniciativa en una comisión especial. 

 El proyecto que estudian otra vez los diputados es autoría del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien enlistó la iniciativa dentro del grupo de propuestas que serían prioritarias para el Congreso en el actual cuatrienio. 

 La comisión especial está presidida por el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, quien no precisó una fecha para acabar los estudios, pero garantizó que el equipo que dirige trabajará para rendir un informe apegado al consenso y al respeto de todos los que serían impactados con la nueva ley. 

JCE consultael reglamentode la Ley 4-23


La Junta Central Electoral (JCE) sometió ayer a consulta pública el borrador final del Reglamento de aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, a fin de para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía. 

 El reglamento, que estará en consulta hasta el viernes 28 de marzo de 2025 hasta las 4:00 de la tarde, marca los pasos y procedimientos a dar en todo lo que tiene que ver con concerniente a los actos del estado civil tales como nacimientos, reconocimientos, matrimonios civiles, canónicos y religiosos, divorcios, reconstrucciones, transcripciones de actas de otros países y defunciones. 

 El reglamento sienta las bases para la amplia infraestructura informática para el registro civil a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y la interoperabilidad entre sus órganos. 

 Según el reglamento, la infraestructura informática estará diseñada y desarrollada para soportar los flujos de información y los procesos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, y cumplir con las normas y estándares técnicos aplicables en materia de seguridad, privacidad y protección de datos personales. Para ello, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil y la Dirección Nacional de Informática serán responsables de desarrollar y mantener la infraestructura informática del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, la cual estará compuesta por herramientas informáticas que garanticen la conexión e interoperabilidad entre los órganos del sistema. 

 La Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil, promulgada el 18 de enero de 2023, sustituyó la Ley No.659 sobre Actos del Estado Civil, de fecha 17 de julio de 1944.

Proyecto de ley busca penalizar estafas piramidales con penas de hasta 10 años de cárcel


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, presentó este martes el proyecto de ley que penaliza las estafas en base al esquema piramidal y alertó de la incursión de este tipo de delito en el sector del turismo inmobiliario y otras áreas clave de la economía. 

 Taveras Guzmán aseguró que las estafas piramidales se propagan y quedan impunes porque el marco jurídico en países como República Dominicana todavía no las penaliza de manera efectiva. Por tal razón, dijo urge una ley que defina y sancione las diferentes formas de estafa que además, se sustentan en nuevas tecnologías digitales para materializarse.

 Entre los casos importantes de estafa piramidal que han afectado a dominicanos el legislador recordó el de la empresa 3.14 Inversiones, de Wilkin García Peguero (MANTEQUILLA); Billions Trade Club, acusada de afectar a inversionistas de México, América Latina y República Dominicana; ATB Football; Investor Winner (2024) de Jairo González; Telexfree, entre otras.

Adocco resalta oportunidad para fortalecer transparencia en Ley 225-20 de Residuos Sólidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En momentos en que se discute la modificación a la Ley Núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), consideró este jueves que este contexto es una oportunidad clave para establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia y garanticen una gestión eficiente de los desechos sólidos en la República Dominicana. 

 Consultado al respecto, el presidente de Adocco, Julio César De La Rosa Tiburcio; expuso que el sector de la recogida y disposición final de la basura ha estado, tradicionalmente, marcado por la falta de claridad en los contratos y la opacidad en el uso de los recursos destinados a su manejo. 

 De La Rosa Tiburcio añadió que: “Y por esto, se hace necesario que el Congreso de la República profundice en la aprobación de una normativa que, finalmente, establezca de manera clara cuál debe ser el cargo a aplicar a los que se benefician del negocio». «Sobre todo, a aquellos que producen mayores cantidades de desechos sólidos y que deben pagar no solamente por la disposición final de ellos, sino por el daño que causan al medio ambiente”, expresó De La Rosa. 

Cambios a la ley de gestión de residuos sólidos generan rechazo


El pasado 7 de enero, el Senado de la República aprobó de urgencia y en lecturas consecutivas, una modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Sin embargo, los cambios a la legislación fueron cuestionados severamente por el sector privado ya que se produjeron sin convocar a las partes interesadas ni tampoco se hicieron vistas públicas. 

 Aunque todavía debe pasar el cedazo de la Cámara de Diputados, el proyecto introducido en el Senado por los legisladores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata) ha generado serios cuestionamientos de los sectores de reciclaje y protección del medioambiente. Una de las modificaciones más cuestionadas, sin embargo, ha sido el cambio en la conformación del Consejo del Fideicomiso. 

 En la ley modificada se excluye a Ecored, la asociación empresarial que impulsa la conservación del medioambiente, así como al Ministerio de Hacienda, dejando solo a un representante de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y todos los demás designados por el Poder Ejecutivo. 

El país será sede de la asamblea de la Red Internacional de la Ley de Protección al Consumidor

La República Dominicana será sede de una asamblea de la Red Internacional de Aplicación de la Ley de Protección al Consumidor (ICPEN, en inglés), en el que participarán cerca de un centenar de naciones de los cinco continentes, que representan a unos 5,000 millones de consumidores en todo el mundo. 

 Así lo informó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, quien explicó que, en dicha asamblea, cuya fecha será fijada próximamente, la República Dominicana asumirá la presidencia del ICPEN, una organización que vela por los consumidores a nivel mundial. 

 El funcionario dijo que Pro Consumidor trabaja junto a varios países en los preparativos de ese gran evento sobre derecho de consumo, en el que aprovecharán para intercambiar experiencias buscando aumentar la protección al consumidor, “tomando en cuenta que esta Red Internacional es la responsable de velar por el cumplimiento de normas sobre prácticas comerciales justas y por la defensa de los derechos de los consumidores.”. 

Senado solicita adoptar medidas de la Ley de Extinción de Dominio


Santo Domingo, RD.- El Senado de la República aprobó la resolución presentada por el senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, mediante la cual el órgano del poder legislativo solicita al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar las medidas pendientes para el desarrollo de la Ley de Extinción de Dominio, promulgada en julio del 2022.

 En la resolución, la cámara alta explica que la Ley 340-22, autoría de Taveras Guzmán, entró en vigencia en julio del 2023, pero todavía las autoridades competentes no la han puesto en funcionamiento. 

 De manera concreta la resolución señala la necesidad de iniciar el mandato de la ley que prevé acciones preparativas como los programas formativos a miembros del Ministerio Público y jueces, especialización de áreas de investigación en el Ministerio Público, organización de los recursos y logística. “Fuimos a todos los sectores sociales, políticos, académicos a discutirla con ellos. La ley se aprobó y es una de las grandes conquistas de este gobierno y de este senado. Es una ley que viene a darle duro a todo tipo de enriquecimiento ilícito”, destacó Taveras Guzmán en el turno de motivación de la pieza. 

 La ley 340-22 define los principios que rigen la administración de todos los bienes sujetos al ámbito de su aplicación: transparencia y publicidad, principio de eficiencia y economía, principio de objetividad, principio de igualdad y principio de jerarquía.

 Además, la ley crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Alertan sobre riesgos modificar ley de residuos sólidos en RD

SANTO DOMINGO.- La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), a través de su directora ejecutiva Kathia Mejía, expresó la preocupación por la modificación aprobada por el Senado a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 La modificación fue aprobada el 8 de enero de 2024 sin el debido proceso de consulta pública, excluyendo a ciudadanos y actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible, lo que constituye, una violación a los principios de participación, sostenibilidad y gobernanza que sustentan la legislación original, dijo Mejía.  “La reforma afectará gravemente la sostenibilidad y la gestión integral de residuos, y tendrá un impacto significativo en las empresas, especialmente en las Mipymes, señaló. 

 La directora ejecutiva de ECORED subrayó que la Ley 225-20, promulgada en 2020, es fruto de un amplio consenso entre los sectores público y privado, enfatizando que antes de considerar cambios, es crucial implementar los aspectos pendientes de la normativa vigente, según explicó. Además, calificaron la reforma como un retroceso a los esfuerzos de más de una década por desarrollar capacidades para la gestión y valorización de residuos sólidos en el país. 

Diputados envían al Senado proyecto de ley que permite a extranjeros explotar petróleo en el país


La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda discusión una modificación legislativa que le permitirá a las empresas extranjeras explorar, explotar y beneficiarse de los yacimientos de petróleos, y sus derivados, registrados en el país. 

 La pieza, depositada por la diputada Eduviges Bautista, tan solo modificó el artículo 4 de la Ley 4532 que regula la explotación y los beneficios a particulares los cuales se obtiene a través de la utilización de este compuesto orgánico y otros hidrocarburos. 

 “Los dominicanos y las sociedades dominicanas podrán obtener el derecho de explorar, explotar, y beneficiarse de los yacimientos. Podrán concederse los mismos derechos a los extranjeros a través de personas jurídicas nacionales o extranjeras, de naturaleza privada, pública o mixta. En todos los casos, el contrato o concesión que intervenga se regirá por la de la legislación República dominicana en lo referente a los derechos otorgados”, indica la variación en el articulado.

Proyecto de Ley busca castigar con 10 años de prisión a invasores de terrenos


Santo Domingo.- En el Senado de la Republica Dominicana, cursa un proyecto de ley depositado el día 13-08-2024, por el senador Alexis Victoria Yeb, el cual en caso de ser aprobado va a combatir a las personas, los grupos, asociaciones y carteles dedicados a la violación, invasión y ocupación de propiedades públicas y privadas, así como el traspaso fraudulento de propiedades para despojar a sus verdaderos dueños, ya que traería severas penas contra sus autores y cómplices con penas de prisión de 4 a 10 años y multas de 250 a 500 salarios mínimos. 

 Según relata el abogado Cesar Amadeo Peralta, el proyecto de ley viene dado por la existencia de tantos ladrones de tierras privadas y del estado y falsificadores de documentos que consiguen deslindar y traspasarse propiedades sin que sus verdaderos dueños lo sepan y luego hasta ocuparlas y venderlas estafando a otros, con pocas consecuencias legales, más aún por el valor que han tomado las propiedades en la República Dominicana, sobre todo las ubicadas en zonas turísticas, costeras, montañosas o con vocación urbana y que han llevado a que durante años la seguridad jurídica sea una mentira en el ordenamiento legal, lo que ha ahuyentado las inversiones privadas y extranjeras, lo que ha motivado a que durante años personas, grupos y organizaciones criminales se dediquen a invadir terrenos privados y del estado, acciones delictivas estas, que por lo general se acompañan de maniobras fraudulentas para falsificar documentos públicos y privados para transferir su titularidad y despojar de sus derechos a sus verdaderos dueños. 

Comisión de Justicia favorece resolución que exhorta al Ministerio Publico y al Poder Judicial adoptar medidas para implementación Ley 340-22, sobre Extinción de Dominio

SANTO DOMINGO. – La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República acordó rendir informe favorable a la Resolución que exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias, para la implementación de la Ley 340-22, que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, autoría del senador por la provincia Santo Domingo, 

Antonio Taveras Guzmán. Taveras Guzmán, quien, además, preside la Comisión de Justicia, expresó que en el año 2022 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 340-22, y que, resulta preciso la implementación de esta normativa para poner en marcha programas formativos a miembros del Ministerio Público y Jueces, especializados en áreas de investigación en el Ministerio Público y las logísticas.

 La iniciativa establece en uno de sus considerandos que, la Ley núm. 34-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, lo define como una acción autónoma e independiente de cualquier otra, tanto de la facultad sancionadora del Estado como del derecho civil e independiente del juicio de responsabilidad del afectado, ejercida en contra de los bienes; no motivada por intereses patrimoniales, sino por intereses superiores de la nación dominicana. 

 En la comisión, además del presidente Antonio Manuel Taveras Guzmán, asistieron los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

Someten anteproyecto de ley para limitar alquileres y restringir trabajos a haitianos


Con el fin de evitar que la crisis social que se vive en Haití se traspase al territorio dominicano, dos diputados presentaron el lunes un anteproyecto de ley en el que recomiendan medidas como limitar el alquiler de casas a haitianos, restringirles empleos o condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.

 El anteproyecto fue presentado por el exministro Pelegrín Castillo y será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

 El artículo cuatro de la propuesta plantea obligar a los propietarios de vivienda a requerir los documentos de identidad y su estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus casas. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlo en el contrato de renta y reportarlo a la Dirección General de Migración. 

Reuniones continúan en la Cámara de Diputados con miras a impulsar proyecto de ley para regular la intermediación inmobiliaria en RD

SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial creada para conocer el proyecto de ley de intermediación inmobiliaria, que buscar regular el ejercicio de los bienes raíces en la República Dominicana, continua reuniéndose y conociendo los pormenores de la pieza, que cuenta con el consenso de los diversos organismos vinculados al renglón inmobiliario local. Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), entidad que encabeza el seguimiento a la propuesta de ley, dijo a El Inmobiliario que desde esa institución se sigue impulsando la regulación del sector inmobiliario, para fortalecer la industria. 

 “Estamos trabajando de la mano con los legisladores de quienes hemos recibido un trato muy profesional y con mucho interés de que se resuelva en el mediano plazo la regulación del sector que traerá más confianza a los inversionistas locales y extranjeros”, declaró el representante de los agentes inmobiliarios.

 De acuerdo a sus declaraciones el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria en el país se encuentra dentro de las prioridades del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, quien dijo, creó una Comisión Especial presidida por el diputado Braulio Espinal, para dar seguimiento a su estudio y posterior presentación ante la Cámara Baja. Bogaert destacó el interés mostrado ante la propuesta de ley, resaltando que “estamos recibiendo un gran apoyo de muchos diputados y senadores”. 

Ministerio de Economía somete a consulta pública borrador del reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial

Santo Domingo, República Dominicana (Octubre de 2024). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pone a disposición de la ciudadanía, para fines de consulta pública, el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, el cual establece la regulación para la puesta en marcha de los principios, instrumentos y criterios de ordenamiento del territorio y del uso de suelo establecidos en dicha legislación. 

 Durante este proceso de consulta pública, la ciudadanía dispondrá de un plazo de 45 días para remitir sus opiniones al correo electrónico consultaspublicas@economia.gob.do. Esta propuesta de reglamento dispone la regulación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT), definido como el conjunto de órganos, instrumentos, procesos y normativas al servicio del Estado para la definición de políticas, objetivos, metas y prioridades del uso y ocupación del territorio en las distintas unidades político-administrativas. 

 Bajo la coordinación del Ministerio de Economía, el SNOT se vinculará con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) para garantizar que la inversión pública sea consecuente con la planificación del ordenamiento territorial, así como con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que servirá como principal fuente de información y registro de los instrumentos del SNOT.

La ley de alquileres: estancada en el Congreso y con un pobre avance

Aunque ha sido aprobado por lo menos cuatro veces en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de alquileres no avanza hacia su aprobación. 

 El autor de la pieza es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que empezarían a estudiarla en el actual periodo legislativo. El proyecto de ley de alquileres fue aprobado en primera lectura justo antes de que el anterior período congresual dejara su cargo en julio de 2024.

 De acuerdo con los registros de la Cámara de Diputados, la pieza fue depositada nuevamente el 19 de agosto, pero aún no ha sido enviada a una comisión para su estudio. Lejos de aprobación.

 Las numerosas veces que ha perimido, sumadas a las modificaciones y ataques que ha recibido, ubican a la pieza congresual lejos de aprobarse pronto. El Congreso que asumió en agosto de este año incluye a más de 90 diputados nuevos, quienes tendrán que ver la propuesta desde cero. 

Cámara Minera y Petrolera de RD “urge adecuar ley para el desarrollo del sector”

Conversaron con el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, mostrando interés en trabajar juntos en diferentes proyectos que potencialicen el sector Santo Domingo. 

Con el propósito mostrar los planteamientos del sector minero y petrolero del país, sobre la necesidad de adecuar el marco legal que les regula, a fin de garantizar mayores beneficios tanto para el sector como para el país, el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos fue recibido por el Consejo Directivo de la de la Cámara Minera y Petrolera del Republica Dominicana, encabezado por Pedro Esteva, Presidente de esa Institución y Martín Valerio, en calidad de Director Ejecutivo de la misma. 

 Los directivos de la Cámara Minera y Petrolera explicaron que el marco legal que les regula, la ley 146-71 tiene más de 50 años, entendiendo que es la oportunidad correcta para tener un marco legal moderno y robusto que les permita ser más competitivos antes los desafíos actuales y los retos que demanda este quehacer económico que constituye uno de los cinco pilares de la economía dominicana y que en los últimos 10 años ha aportado el 2.0% al Producto Interno Bruto del país. 

El proyecto de la ley de alquileres está en un limbo en la Cámara de Diputados

El análisis del proyecto de ley de alquileres se encuentra en un punto incierto en la Cámara de Diputados, entre una serie de iniciativas que se acumulan a una comisión que aún no ha sido conformada. 

 La propuesta, que busca regular los procesos de renta de bienes inmuebles y desahucios, fue dejada en manos de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja que todavía no ha sido establecida para desarrollar sus funciones. 

 El proyecto de ley, introducido por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, perimió en la pasada legislatura y fue reintroducido el pasado 19 de agosto (dos días después de la juramentación de los actuales legisladores del Congreso Nacional).

 En la sesión ordinaria del 27 de agosto fue declarada como "tomada en consideración" por los avances que se arribaron en su estudio y fue enviada al referido organismo para su evaluación. "Inmediatamente esté conformada (la Comisión de Justicia), le llegará el proyecto y entonces la misma rendirá un informe a este pleno para que lo tome en cuenta y decida si lo aprueba, lo acoge o lo rechaza", expresó el legislador cuando se apoderó de la comisión de la propuesta legislativa. 

Ley de uso de playas es un tema pendiente en RD

El próximo sábado 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas o también el Día de Limpieza de Playas. Ellas constituyen uno de los lugares de recreación más importantes para el dominicano y unas de las principales razones de que el país reciba más de 10 millones de turistas; sin embargo, urge la necesidad de exista una ley específica sobre el uso público de las playas.

 De acuerdo al consultor económico y versado en turismo, Juan Lladó, las playas son de dominio público y el derecho a la propiedad privada no puede bloquear el acceso a la playa de los visitantes. Resaltó que no hay ninguna ley específica que hable sobre el uso de playas y precisó que es tarea pendiente. 

Consideró que la regulación deberá especificar cuáles son los requisitos para establecer la áreas de acceso para los visitantes de paso y tiene que obligar a los hoteleros y propiedades de terrenos playeros a permitir el uso de las playa. 

 Puntualizó que normativas similares existen en España, Nicaragua y Costa Rica, llamadas Ley de Costa, en estos últimos creadas con colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 En República Dominicana los propietarios de inmuebles no pueden obstaculizar el libre acceso a las playas, costas y riberas, pues el artículo 15, párrafo, de la Constitución, expresa: “Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada”. 

 Explicó que una nueva ley tendría que establecer normas sobre el uso de las playas (incluyendo el ambulataje y los usos recreacionales permitidos) y normas de preservación y conservación (incluyendo el cuidado de las playas, la de prevención de la erosión y los terrenos ganados al mar). 

Por sus conexiones, lo preferible es que la nueva ley abarcara todo lo relativo al desarrollo de la zona costera-marina, acotó.

Apoya proyecto prohíbe desalojos forzosos en RD

La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana respalda el anteproyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos. 

 Solicita al presidente Luis Abinader decretar una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado, ya que permitiría salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.

 Mediante un comunicado expresa su más profunda solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su firme apoyo a las organizaciones que las respaldan como la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Ciudad Alternativa, y Organizaciones de Derechos Humanos que han estado en la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, en una creciente crisis de desalojos forzosos en el país. 

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