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Por tercera vez y en menos de un año buscan modificar Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo.- Aunque ya ha sido modificada dos veces en menos de un año, un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados busca tocar nueva vez la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual tuvo su último cambio el pasado mes de julio. 

 La pieza, propuesta por Gabriela María Abreu, diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), crea el Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales, promueve su reincorporación a los procesos productivos y reduce su disposición inadecuada. 

 La iniciativa también plantea que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura aprueben, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en el artículo 125-quáter, un plan de implementación con un horizonte de cinco años, previa consulta a productores y gobiernos locales. Además, consigna el apoyo a diferentes modalidades de aprovechamiento de residuos y obliga a rendir cuentas cada año al Congreso Nacional. 

 El Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales creado en proyecto de ley estará integrado a los instrumentos nacionales de planificación de la gestión de residuos sólidos y facilitará la prevención, separación aprovechamiento y transformación segura de restos vegetales agrícolas no peligrosos, con atención a la conservación del suelo y al desarrollo productivo rural.

 El marco de ley establece una coordinación institucional para ejecutar el programa sin crear un nuevo organismo público con personalidad jurídica ni una plantilla permanente. Se entiende por residuos agrícolas vegetales los restos de cosecha, hojas, tallos, raíces, cáscaras y descartes vegetales provenientes del cultivo, cosecha, clasificación y acondicionamiento de productos agrícolas, cuya aptitud para aprovechamiento se determine conforme a la normativa aplicable. 

Proyecto de ley restringe a haitianos compra de propiedades, empleos, viviendas y permanencia de estudiantes


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la Cámara de Diputados fue depositado un proyecto de ley que plantea un amplio paquete de restricciones para los ciudadanos haitianos en República Dominicana, que abarcaría desde la compra de propiedades y el acceso a determinados empleos hasta las condiciones para estudiar, residir y desarrollar actividades económicas en el territorio nacional. 

 La iniciativa denominada “Proyecto de ley sobre el Pacto de Nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití”, fue presentada por los diputados Elías Wessin Chávez y Eugenio Cedeño. 

La legislación procura convertir en disposiciones legales varias de las medidas contempladas en el Pacto de Nación sobre la crisis que atraviesa la vecina nación. 

 El proyecto establece que, mientras persista la situación de inestabilidad y violencia en Haití, los ciudadanos haitianos, incluso aquellos que hayan adquirido otra nacionalidad, necesitarían autorización previa del Poder Ejecutivo para comprar inmuebles urbanos o rurales en territorio dominicano. 

La solicitud tendría que ser sometida previamente a organismos de inteligencia y seguridad, mientras que el Poder Ejecutivo debería rendir un informe anual al Congreso Nacional sobre las autorizaciones concedidas.

 La normativa plantea una prohibición todavía más estricta en las provincias fronterizas, al establecer que ningún extranjero podría adquirir, tener dominio o posesión de inmuebles o mejoras en esas demarcaciones hasta que se determine el estatuto especial previsto en la Constitución. 

El Senado estudia dar a parejas la misma parte de la herencia que a los hijos


Después de contar con un Código Civil que establecía que las herencias de un fallecido recaían primero sobre los hijos o los familiares directos, el Senado evalúa un proyecto de ley que propone que el cónyuge o la pareja reciba el patrimonio en partes iguales a los hijos o familiares directos. 

 El proyecto de ley, presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca modificar el eliminado artículo 767 del Código Civil, que fue suprimido por el Tribunal Constitucional porque transgredía "la dignidad humana y la protección constitucional de la familia". 

 Para subsanar esta laguna normativa, la iniciativa que estudia el Senado reorganiza el listado legal de herederos, estableciendo que los bienes del difunto serán repartidos en partes iguales entre los hijos, los padres y el cónyuge o la pareja consensual.

 En la actualidad, el Código Civil prioriza la herencia para beneficiar primero a los hijos, mientras que la pareja solo puede obtener una parte del patrimonio si el fallecido no tenía descendientes. En ese sentido, el artículo tres del proyecto de ley dispone que "el cónyuge o pareja consensual hereda el patrimonio con una porción exactamente igual a la que toca a los hijos".

Llega al Congreso Nacional proyecto de ley para construir estadio de Grandes Ligas en RD


Santo Domingo.- Tras más de tres meses de que había sido prometido, el Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, Jorge Subero Isa, depositó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la construcción del estadio de Grandes Ligas en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional. 

 El funcionario entregó la pieza legislativa al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, haciéndose acompañar de miembros de la Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (Coenebe), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25, la cual recomendó al presidente Luis Abinader la construcción de una moderna infraestructura de béisbol en dicho sector, conforme a los estándares de la Major League Baseball (MLB).

 La iniciativa se llevará a cabo a través de una corporación mixta, entre el Estado y el sector privado, donde el primero cederá los terrenos y el segundo se comprometió a aportar los recursos financieros para la construcción. 

 El pasado 3 de junio, Subero Isa anunio que para esos fines sería sometido al Congreso Nacional, «en los próximos 25 días», un proyecto de ley, con el propósito de tener una mayor seguridad jurídica. 

Gobierno estudia regular los alquileres de corto plazo tipo Airbnb


Preguntado sobre si las plataformas de alquiler de corto plazo están encareciendo la vivienda en el país, el presidente Luis Abinader respondió que el efecto no viene tanto por el alquiler como por la compra. 

 “Hay mucha gente que está comprando apartamentos para ponerlos en el sistema de Airbnb o de otra plataforma”, dijo este lunes en LA Agenda Semanal. El mandatario agregó que “quizás a través de vía de la demanda puede impactar en los precios porque, repito, hay mucha gente comprando para que se pueda autopagar a través de los arrendamientos”. 

 La aclaración ocurrió luego de una de las invitadas preguntó si las autoridades tributarias tienen esas plataformas en la mira, a lo que el mandatario aseveró: “Se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”. 

 El costo de la vivienda

 El intercambio salió luego de hablar sobre el costo de la vida, donde se planteó que el sector construcción crece, pero el índice de precios de la construcción también, y que el financiamiento sigue "caro" para buena parte de la clase media. 

 El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió que la comparación correcta es con el pasado: "En los años noventa las tasas promedio andaban entre 25% y 30%, y ahora ha habido momentos por debajo del 10%", reconoció. No obstante agregó que "el mercado hipotecario de largo plazo es un mercado que no existía y que ahora se está desarrollando". 

 Abinader también mencionó que el programa Vivienda Feliz ha tenido resultados “como ningún otro programa” y aseguró que entre 70% y 80% de las viviendas de bajo costo del país se han construido durante su gestión.

Senado aprueba en primera lectura el proyecto que regula el turismo náutico recreativo en el país


El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo en el país. La pieza, propuesta por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, busca establecer normas para regular las actividades náuticas recreativas. 

Durante su turno de ponencia, el legislador resaltó la importancia de la iniciativa. Como ejemplo, citó casos en los que personas han perdido la vida y mencionó el de Gabriela Cartagena, una joven estadounidense que falleció tras resultar gravemente herida al ser impactada por una lancha en Pedernales. 

 El legislador señaló que Bayahíbe, las islas Catalina y Saona y Boca Chica han sido escenario de accidentes con embarcaciones que, en algunos casos, han dejado personas fallecidas.

 Este miércoles, el proyecto fue liberado de lectura debido a que ya había sido conocido y aprobado por el Senado. Sin embargo, no concluyó su trámite en el Congreso en ese entonces y perimió. 

Senado aprueba en primera lectura ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa


El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual busca garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. 

 La pieza fue propuesta por presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y tiene como objeto asegurar la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda conducta, acto, actuación u omisión de la Administración Pública; y regular la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo, así como el proceso contencioso administrativo consagrado en la Constitución dominicana. 

 El proyecto busca que las sentencias contra el Estado no queden el vacío, por lo que plantea una serie consecuencias para el funcionario titular de una entidad administrativa que incurra en desacato de una sentencia. 

 El artículo 84 considera como desacato todas las omisiones o actuaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en una sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como los actos que se dicten o ejecuten con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. Establece que la autoridad pública, órgano de la Administración Pública y el funcionario titular del mismo, que incurran en desacato, serán sancionados con el pago de una multa que va de 10 a 400 salarios mínimos del sector público. Además, el funcionario titular del órgano podrá ser sancionado a cumplir una pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión. 

Airbnb respalda registro para alquileres en RD pero prefiere que sea por ley en el Congreso


La empresa de alojamiento Airbnb manifestó su disposición de colaborar con las autoridades dominicanas en el proceso de consulta pública sobre los alquileres vacacionales de corta estancia que realiza el Ministerio de Turismo (MITUR), al considerar positiva y valiosa la creación de un registro que impulse y fortalezca la transparencia y la seguridad en el sector. 

 No obstante, la empresa planteó que la regulación debe reconocer las particularidades del entorno digital y diferenciar la actividad de los anfitriones que alquilan viviendas de la operación hotelera tradicional.

 Asimismo, abogó por un marco normativo inclusivo, proporcional y libre de cargas burocráticas excesivas, preferiblemente impulsado mediante una legislación en el Congreso Nacional.

 Airbnb sostuvo que los alquileres de corta estancia en República Dominicana representan una fuente de ingresos para numerosas familias dominicanas y pequeños negocios locales, por lo que reiteró su interés de continuar trabajando junto al MITUR para fortalecer la economía local y mantener la competitividad de la República Dominicana como destino turístico.

Abinader promulga ley que multiplica pagos por residuos sólidos, incluso a empresas sin ganancias

El presidente Luis Abinader promulgó la modificación a la ley de residuos sólidos que el Congreso aprobó al vapor, una normativa que multiplica los pagos que deben hacer las empresas por los desechos, incluso aquellas que no reporten ninguna ganancia. 

 A través de una carta enviada el 9 de julio al Senado, el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, confirmó que la ley fue numerada con el código 36-26 y que entró en vigor desde el mismo momento en que fue promulgada. 

 La nueva legislación modifica la escala de contribuciones que deben pagar las empresas de acuerdo con sus ingresos brutos anuales. Uno de los cambios amplía el primer tramo de contribución. Antes, solo las empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagaban 3,000 pesos al año. Con la nueva ley, el texto específico que las compañías con ingresos de cero hasta cinco millones deberán pagar 5,000 pesos.

 El caso del mayor aumento golpea y multiplica el aporte de los grandes empresarios con ingresos superiores a los 100 millones de pesos. 

 La nueva legislación elimina la tarifa única de 675,000 pesos y establece una escala progresiva de contribuciones que va desde 400,000 hasta 2.2 millones de pesos, dependiendo del nivel de ingresos. 

Alertan que cobro por Ley de Residuos Sólidos golpea competitividad de mipymes turísticas

Las principales asociaciones de turismo de la República Dominicana expresaron su preocupación por la forma en que se aplica la contribución para la gestión integral de residuos sólidos al sector. 

 Consideran que el esquema actual no reconoce la naturaleza de intermediación de las agencias de viajes, turoperadores, mayoristas y empresas de servicios vinculadas a la actividad. 

 La posición fue fijada durante una rueda de prensa conjunta en la que el presidente de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), Bladimir Monegro, fungió como vocero, acompañado de los directivos de las demás entidades del sector. 

 Las organizaciones explicaron que las empresas intermediarias manejan altos volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y no generan residuos sólidos en proporción a dichos montos. Por ello, advirtieron que aplicar la contribución sobre la facturación bruta crea una carga desproporcionada para las mipymes turísticas.

 “Somos mipymes turísticas, intermediarios y comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico”, expresó Monegro en representación de los gremios. 

Empresas con RD$0 de ingresos pagarían RD$5,000 por gestión de residuos, establece ley de Diputados


En un periodo de cinco horas, la Cámara de Diputados aprobó este lunes en dos sesiones consecutivas un proyecto que busca modificar las aportaciones económicas contempladas en la Ley 98-25 de Gestión integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto a sus aliados, lograron declarar la pieza de urgencia y obviar el estudio que deben realizar las comisiones, a pesar de los opositores que solicitaban realizar de manera previa ese procedimiento antes de someterla a votación. 

 La iniciativa de los diputados proviene del Senado de la República, a propuesta del legislador Antonio Marte. Sin embargo, esta deberá regresar a la Cámara Alta para ser conocida en una única lectura luego de que fuese modificada por la Cámara Baja. De esa manera, estaría habilitada para ser promulgada por el presidente Luis Abinader. 

 El documento legislativo contempla una variación al apartado en el cual detalla el monto del pago que deben realizar las empresas al Estado por la recogida de los desechos.

 El esquema elaborado por los congresistas no toma de referencia la cantidad de basura producida por las empresas, sino el dinero que reciben durante el año. ¿Pero, qué establece la ley actual? 

Gobierno promulga Ley 16-26 sobre deudas a contratistas

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este lunes el inicio de circulación de la Ley 16-26, la normativa que autoriza al Estado a reconocer, validar y saldar deudas pendientes con contratistas y empresas constructoras vinculadas a obras públicas ejecutadas para distintas instituciones gubernamentales.

 La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional tras un proceso legislativo marcado por debates congresuales, observaciones del Poder Ejecutivo y reclamos históricos del sector construcción. 

 Una ley marcada por debates y observaciones 

La entrada oficial en circulación de la normativa ocurre luego de varios meses de discusiones sobre distintas iniciativas orientadas a regularizar pagos pendientes correspondientes a obras ejecutadas para instituciones públicas. 

 El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso Nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la pieza el pasado 16 de enero tras señalar presuntos aspectos considerados inconstitucionales dentro de la propuesta. 

Senado aprueba ley que crea marco regulatorio para la inversión nacional y extranjera


Este dispositivo legislativo establece las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo de la República Dominicana. Santo Domingo. 

– El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, propuesta del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb. 

 Esta pieza legislativa instituye el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera, y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país. 

 El artículo 3 de este proyecto de ley, apunta que esta otorga los mismos derechos y obligaciones a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República y las prerrogativas dispuestas para las inversiones nacionales por las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos o tratados internacionales que contengan disposiciones en materia de inversión. 

Senador advierte sobre proyectos inmobiliarios que se promocionan “sin tener ni el terreno”


SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, Cholitín, advirtió que en República Dominicana existen proyectos inmobiliarios que se promocionan con grandes campañas publicitarias “sin tener ni el terreno”, tras defender la necesidad de aprobar una ley que regule la intermediación inmobiliaria y combata la publicidad engañosa dentro del sector. 

 Las declaraciones fueron ofrecidas durante el conversatorio “Ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa”, realizado la pasada semana en el Senado de la República, donde la pieza legislativa ya fue aprobada. “Yo conozco proyectos, señores, que hacen una inversión de miles y miles de dólares en un render, en una página, y hacen un proyecto maravilloso que no tiene ni el terreno”, expresó el legislador. 

 El principal límite es la verdad 

Durante su intervención, Duluc insistió en que uno de los objetivos centrales de la normativa es garantizar que la publicidad inmobiliaria sea clara, precisa y no induzca a error al consumidor. “El principal límite es la verdad. Que lo que se publique sea cierto, más nada. Eso es lo que persigue la ley”, afirmó, al referirir además, que la legislación busca evitar prácticas como promocionar proyectos sin permisología, anunciar títulos garantizados sin respaldo legal o prometer fechas de entrega imposibles de cumplir. 

Proyecto de ley para regular la usura: protección al ciudadano frente a préstamos abusivos


El vocero del bloque de senadores del partido Fuerza del Pueblo en el Senado de la República, Eduard Espiritusanto, depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley orientado a regular la usura en las operaciones de crédito, con el propósito de fortalecer la protección de los ciudadanos frente a préstamos con intereses excesivos y prácticas abusivas en el mercado formal e informal. 

 La iniciativa legislativa surge en cumplimiento de la Sentencia TC/0235/26 del Tribunal Constitucional, mediante la cual se exhorta al Congreso Nacional a establecer una regulación expresa sobre la prohibición de la usura en la República Dominicana. 

 El proyecto procura establecer un régimen jurídico integral que permita prevenir, controlar y corregir prácticas usurarias, garantizando la protección de las personas en condición de vulnerabilidad económica, sin afectar la libertad de empresa, la estabilidad del sistema financiero ni el desarrollo de las actividades económicas lícitas. 

 La propuesta establece que la Junta Monetaria de la República Dominicana será la entidad encargada de fijar, mediante reglamentación y criterios técnicos, las pautas generales para la determinación de los límites aplicables a las tasas de interés y al costo total del crédito, tomando en consideración la naturaleza del financiamiento, el nivel de riesgo, el tipo de operación y las condiciones del mercado. 

Senado aprueba ley para regular intermediación inmobiliaria y blindar inversiones ante estafas

El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura y a unanimidad el proyecto de ley que busca regular la intermediación inmobiliaria y frenar la publicidad engañosa en el país. 

 La iniciativa, propuesta por los senadores Rafael Barón Duluc (Cholitín), Félix Bautista y Eduard Espiritusanto, establece un marco normativo para supervisar, organizar y transparentar el mercado inmobiliario, con el objetivo de garantizar transacciones más seguras y confiables. 

 Entre sus disposiciones, el proyecto ordena que toda persona física o jurídica que desee ejercer como intermediario inmobiliario deberá obtener una licencia de operación, emitida por una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, adscrita al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). 

 Este permiso deberá renovarse cada año. 

Senado aprueba ley contra la publicidad engañosa en el sector inmobiliario

 

El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en la República Dominicana, con la finalidad de ordenar, supervisar, fomentar y evitar las estafas o ejecuciones en las transacciones inmobiliarias del país. 

 Esta propuesta legislativa fue presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Ramón Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto. 

 La normativa tiene la finalidad de regular, supervisar, fomentar y promover la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana, con la finalidad de garantizar que la promoción, comercialización y ejecución de las transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética, ordenada, eficiente y transparente, que redunden en beneficio de los derechos e intereses de adquirientes, arrendatarios, agentes y agencias inmobiliarias y contribuya al desarrollo económico y social de la nación. 

 El proyecto resalta que la publicidad engañosa es toda información, comunicación, mensaje o práctica comercial difundida por cualquier medio, que induzca o pueda inducir a error al consumidor respecto de las características, disponibilidad, precio, condiciones de venta, entrega o cualquier otro aspecto relevante relacionado con bienes inmuebles, regido por la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. 

Viceministro pide a legisladores aprobar ley para ordenar y proteger la zona costera


El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, exhortó al Senado de la República a conocer y aprobar el proyecto de Ley Sectorial Costera y Marina, que aún reposa en el hemiciclo y califica de una herramienta fundamental para ordenar el uso del litoral, proteger los manglares, arrecifes y dunas.

 A través de un comunicado de prensa, el funcionario destacó que con la iniciativa se establecerán responsabilidades claras sobre la gestión de la zona costera. "Contar con este marco legal es urgente para blindar nuestro principal activo turístico y pesquero", indicó. 

 El Gobierno actualiza el Gabinete de Lucha contra el Sargazo y designa director ejecutivo En ese sentido, Ramón Reyes recomienda a las autoridades nacionales y locales a unirse en una estrategia conjunta para enfrentar el sargazo que afecta gravemente los ecosistemas marinos del país. "Pedimos al Senado de la República que coloque en agenda y apruebe la Ley Sectorial Costera y Marina. Al mismo tiempo, llamamos a alcaldías, gobernaciones, la Armada, el sector hotelero y las comunidades a coordinar acciones inmediatas contra el sargazo, porque cada día que pasa el daño a los ecosistemas es mayor", expresó. 

El cobro por residuos sólidos no se aplicará hasta que el Congreso modifique la ley

El cobro de la contribución por residuos sólidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no se hará efectivo el próximo 30 de abril, a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para modificar la ley y, en consecuencia, sus tarifas. 

 La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien informó que la medida se produjo tras una reunión entre autoridades del Gobierno, legisladores y representantes del sector comercial, en la que se acordó buscar una solución a los montos establecidos en la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25. 

 Conforme al documento de acuerdo entre la DGII y los comerciantes, aunque las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas del año fiscal 2025, el monto generado por concepto de residuos sólidos no será exigido en la fecha límite de pago, mientras se logra una modificación consensuada de la normativa.

 En el encuentro para tratar el impacto de la ley, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que la entidad trabaja en una solución y garantizó que no habrá situaciones "de estrés" para los contribuyentes antes del 30 de abril. "Estamos en una solución en lo que tiene que ver con residuos sólidos, hay tranquilidad para el sector, no va a haber ningún problema de estrés de aquí al 30 de abril", expresó. 

Senado aprueba una ley que regula uso de medios digitales

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la ley que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. 

 Las reformas legislativas establecen ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios y servidores judiciales y auxiliares de la justicia, así como de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez. 

 Asimismo, establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución. Las innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica, a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales, así como el acceso opcional a audiencias virtuales para que, en caso de falta de consenso, sea el juez quien determine la modalidad, en atención a las circunstancias particulares del caso y la especialidad de la materia.

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