Una amplia franja de la reconocida Bahía de las Águilas ha sido delimitada como playa privada, en una acción calificada como inconstitucional e ilegal por organizaciones ambientalistas y ciudadanos.
La playa, declarada patrimonio natural de la República Dominicana, es un bien de dominio público titulado a nombre del Estado, y por ley debe mantenerse accesible a todos los dominicanos. Esta medida ha generado indignación entre sectores que denuncian la apropiación indebida del espacio costero.
Los señalamientos apuntan a una presunta complicidad de altos mandos de la Armada Dominicana, institución responsable de velar por la protección de los 60 metros de franja marina de uso público. También se señala la participación de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente —en especial su unidad militar de protección ambiental— y del Ministerio de Turismo, incluyendo a su policía turística Politur.
A estos se suman actores vinculados al proyecto Pro-Pedernales, cuya misión era precisamente fomentar el desarrollo sostenible de la región, no su privatización.
Diversos sectores sociales, comunitarios y ambientales llaman a la ciudadanía a no guardar silencio ante lo que consideran un atropello al patrimonio nacional.
"Si callamos y lo permitimos hoy, mañana seremos todos responsables de la privatización de un bien que pertenece al pueblo dominicano", advierten.
Exigen la intervención inmediata del gobierno central, la nulidad de cualquier intento de privatización, y sanciones a los funcionarios implicados en esta grave violación.
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