Desde 1966, los distintos gobiernos han construido más de 372,000 viviendas de bien familiar con la finalidad de reubicar a habitantes en zonas vulnerables como cañadas, ríos y arroyos. Sin embargo, hay quienes ha vendido estos inmuebles y otros lo intentan, pese a estar prohibido por ley.
En los barrios y comunidades donde el Gobierno ha entregado títulos de propiedad, las ventas de viviendas particulares no han sido significativas, incluso han disminuido, según señalan dirigentes comunitarios, debido a que los inmuebles ahora tienen más valor o los propietarios pueden ser sujetos de crédito en la banca nacional.
Una persona que construyó su vivienda en terrenos del Estado y obtiene su título, no tiene ninguna objeción legal para vender su inmueble. No obstante, en la otra cara de la moneda sí.