La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, encabezada por el abogado Eduardo Núñez, presentó ante el tribunal un incidente que solicita la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
El planteamiento sostiene que el proceso penal se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado. Esa afectación se materializó el 22 de noviembre de 2020, con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, y se consolidó, en todo caso, el 5 de febrero de 2021, con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público. Desde cualquiera de esos momentos, han transcurrido más de cinco años, y el proceso permanece todavía en la etapa preliminar.
Según la defensa, este criterio sobre el inicio del cómputo del plazo ha sido reiteradamente establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado de forma consistente que el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado.
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