De tres a cinco años de prisión podría ser condenado quien lleve a cabo un desalojo sin una orden judicial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los propietarios o arrendadores, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades que establezca la ley serán sancionadas con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 Así lo estipula el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que está a la espera de su aprobación en el Congreso Nacional. Esta iniciativa que es de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y que está dentro del grupo que fueron priorizadas para aprobarse en esta legislatura fue estudiada en una comisión especial. 

 Dicha comisión, que estuvo liderada por el diputado y vocero de la bancada oficialista, Amado Díaz rindió un informe favorable. 

 Esta normativa de ley también establece que el inquilino no puede subalquilar la propiedad sin una autorización expresa y por escrito del propietario del inmueble. “Tampoco podrá cederlo a título gratuito o por simple tolerancia. En caso de violación, el propietario o arrendador podrá invocar la terminación del contrato sin ninguna formalidad”, señala el artículo 25 de la pieza.