Organizaciones exigen derecho a viviendas dignas y títulos propiedad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, la Red Urbana Popular (RUP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) se manifestaron este lunes frente al Palacio Nacional, exigiendo el cese de los desalojos forzosos y la entrega de títulos de propiedad en todo el territorio nacional. 

 Los representantes de sectores afectados, entre ellos La Mina, en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional; El Carril, en Haina; y Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo I, II y III, y El Gran Valiente, en La Caleta, reclamaron su derecho a una vivienda digna, establecido en el artículo 59 de la Constitución Dominicana. 

 Las organizaciones denunciaron que en La Mina, San Isidro, unas 600 familias fueron desalojadas en abril de 2021 durante la madrugada, sin la presencia de la fuerza pública, y que los terrenos fueron entregados posteriormente a la Fuerza Aérea Dominicana, pese a que el propio Estado había desarrollado allí infraestructuras urbanas. 

 De acuerdo a una nota de prensa, situaciones similares enfrentan comunidades como Arroyo Lindo, donde 250 familias fueron desalojadas en diciembre de 2022, y Nueva Jerusalén, cuyos residentes viven bajo amenaza constante, pese a existir una orden judicial que prohíbe más derribos. 

Punta Cana acoge la primera edición del Congreso de Derecho del Turismo Sostenible

Especialistas en derecho turístico y actores claves en turismo, aeropuertos y sostenibilidad, analizaron los principales desafíos y oportunidades en materia de sostenibilidad, gestión, gobernanza y ordenamiento territorial, durante el primer Congreso Regional del Observatorio del Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe. 

 En el evento realizado en Punta Cana, se plantearon alternativas y recomendaciones para impulsar legislaciones que promuevan el fortalecimiento y competitividad del sector. 

 El congreso regional celebrado los días 14, 15 y 16 de julio bajo el título “Perspectivas Legales hacia un turismo sostenible” bajo la organización de ONU Turismo, Grupo Punta Cana y Quiroz Advisors – QA Legal, y contó con la asistencia de decenas de profesionales y autoridades nacionales e internacionales.

 Alicia Gómez, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Estándares Internacionales de ONU Turismo, destacó la necesidad de contar “con marcos jurídicos más claros y transparentes, modelos de gobernanza más inclusivos y participativos, ⁠⁠y un enfoque en sostenibilidad en todas las dimensiones económico-sociales y medioambientales”. 

Reclaman derecho a transitar en bicicletas y patinetas eléctricas en la ciudad colonial

Ciudadanos y empresarios reclamaron que la Policía Nacional y el Ayuntamiento del Distrito Nacional respeten su derecho al libre tránsito, ya que las referidas autoridades les impiden circular en bicicletas y patinetas eléctricas en la Ciudad Colonial. Empresarios y ciudadanos que utilizaban estos medios de transporte para desplazarse en el interior de la Ciudad Colonial denunciaron violaciones de sus derechos fundamentales al desplazarse por estas vías. 

Cuentan que, por disposición del Ayuntamiento del Distrito Nacional, hoy se les retienen sus medios de transporte y se les multa hasta con nueve mil pesos. “Yo, como ciudadano, quiero transitar en mi patineta; mis hijos quieren andar en la patineta. Yo no lo veo como negocio, yo lo veo como una preocupación de enfrentamiento de la Policía con la comunidad porque el Ayuntamiento está provocando que los policías desmonten a los niños, a los turistas y a los dominicanos de las patinetas eléctricas”, expresó Aneudy Checo, afectado.

 “Le hacemos un llamado a Carolina Mejía para que nos reunamos el próximo lunes”, agregó Aneudy Checo, afectado. 

República Dominicana figura en “top 100” del Índice de Estado de derecho 2023

República Dominicana se ubicó en el puesto 86 de un total de 142 Estados en el ámbito mundial en el “Índice de Estado de derecho 2023”, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, siglas en inglés).  Los datos indican que el país caribeño escaló ocho posiciones respecto al año anterior a nivel global, con una puntuación de 0.49. En América Latina, fue el Estado que más posiciones avanzó, siendo uno de los 14 territorios que mejoraron.

 De hecho, se ubicó en el “top 10” de las mayores mejoras del Estado de derecho a nivel mundial y el tercero de la región. América y el Caribe Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Panamá, Guyana, Belice, Surinam y Brasil, de América, se sitúan por encima de Quisqueya en la clasificación. También, Barbados, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bahamas, Dominica, Jamaica, así como Trinidad y Tobago, del Caribe, superan a República Dominicana. Sin embargo, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela se posicionan debajo del país caribeño. 

ONU-Hábitat reivindica el acceso a una vivienda adecuada y asequible como derecho humano

EL NUEVO DIARIO, NAIROBI. -La segunda Asamblea de ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, aprobó hoy en Nairobi una histórica resolución que reivindica el acceso a una vivienda adecuada y asequible como un derecho humano.

 La resolución, titulada «Vivienda adecuada para todos», fue aprobada por consenso en el plenario durante la clausura de la Asamblea en la capital keniana, donde se encuentra la sede central de ONU-Hábitat, tras cinco días de intensas deliberaciones. 

 Es un momento histórico para la humanidad que los Estados miembros hayan respaldado el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental», afirmó eufórica la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, ante los delegados. Como órgano de gobierno del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la Asamblea -presidida por México esta semana- se reúne cada cuatro años y es el máximo organismo mundial de toma de decisiones sobre urbanización sostenible y asentamientos humanos.