Organizaciones exigen derecho a viviendas dignas y títulos propiedad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, comunidades urbanas acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, la Red Urbana Popular (RUP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) se manifestaron este lunes frente al Palacio Nacional, exigiendo el cese de los desalojos forzosos y la entrega de títulos de propiedad en todo el territorio nacional. 

 Los representantes de sectores afectados, entre ellos La Mina, en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional; El Carril, en Haina; y Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo I, II y III, y El Gran Valiente, en La Caleta, reclamaron su derecho a una vivienda digna, establecido en el artículo 59 de la Constitución Dominicana. 

 Las organizaciones denunciaron que en La Mina, San Isidro, unas 600 familias fueron desalojadas en abril de 2021 durante la madrugada, sin la presencia de la fuerza pública, y que los terrenos fueron entregados posteriormente a la Fuerza Aérea Dominicana, pese a que el propio Estado había desarrollado allí infraestructuras urbanas. 

 De acuerdo a una nota de prensa, situaciones similares enfrentan comunidades como Arroyo Lindo, donde 250 familias fueron desalojadas en diciembre de 2022, y Nueva Jerusalén, cuyos residentes viven bajo amenaza constante, pese a existir una orden judicial que prohíbe más derribos. 

Desde 2023, miembros de la Fuerza Aérea han irrumpido en la zona para ejecutar desalojos sin previo aviso, afirmaron los denunciantes. En tanto, sectores como El Carril de Haina, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente, en La Caleta (Boca Chica), enfrentan amenazas de expulsión desde 2023, a pesar de que sus moradores tienen más de una década residiendo en esos lugares, donde han desarrollado servicios básicos y mejorado su entorno sin apoyo estatal. 

 El coordinador de la Red Urbana Popular, Sócrates Peguero, declaró que las comunidades con más de diez años de existencia, que cuentan con servicios e infraestructuras públicas, no pueden ser catalogadas como invasoras, pues son reconocidas por el propio Estado. 

 Las organizaciones advirtieron que los desalojos forzosos agravan el déficit habitacional y reflejan “una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su deber de garantizar una vivienda digna”. 

 Asimismo, recordaron que el acceso a una vivienda adecuada está protegido por las leyes nacionales y acuerdos internacionales, por lo que demandaron que el Estado resarza la deuda social con las comunidades afectadas. 

 La Red Urbana Popular también llamó a que los proyectos de recuperación de los ríos Ozama e Isabela garanticen la participación de los residentes en los procesos de planificación, evitando repetir experiencias como la del sector Domingo Savio, donde más de 2,500 familias fueron desalojadas sin una reubicación digna. Finalmente, las comunidades exigieron el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, participación comunitaria en los planes urbanos del Gobierno, la declaración de utilidad pública de los terrenos habitados durante años y la continuación del Plan Nacional de Titulación en áreas ocupadas de forma pacífica y prolongada.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/organizaciones-exigen-derecho-a-viviendas-dignas-y-titulos-propiedad/