Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos. 

Tribunales podrán suprimir datos para proteger a procesados

El Poder Judicial de la República Dominicana lanzó ayer su primera Política de Protección de Datos, diseñada para resguardar la privacidad de las personas en las decisiones que emiten los tribunales del país.

 Este reglamento establece que, cuando se trate de asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de "disociación" o "anonimización" de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad, siempre que la ley no impida el acceso de terceros. 

 Según la política, esta protección de datos se llevará a cabo siguiendo principios de proporcionalidad, donde solo se mostrarán los datos estrictamente necesarios para el entendimiento de la decisión. La responsabilidad recaerá en la Secretaría del tribunal que dictó cada sentencia, y en los casos de la Suprema Corte de Justicia, será su Secretaría General quien realice la anonimización antes de cualquier publicación. 

Director de Bienes Nacionales presenta datos trascendentales sobre bienes del Estado

Santo Domingo RD–El director general de Bienes Nacionales y honorífico el Consejo Estatal del Azúcar CEA, doctor Rafael Burgos Gómez presentó este martes al país datos trascendentales sobre los bienes del Estado y su cuantificación, incluyendo 1,200 minas a nivel nacional . 

 Burgos Gómez dijo que el patrimonio y bienes del Estado supera los 40 millones de dólares. Por disposición del presidente Luis Abinader se realiza un censo para determinar la cantidad y valor de las propiedades y bienes del Estado dominicano. 

 También se están revisando 1,200 contratos que involucran 45 millones de tareas de tierras para verificar su estatus legal. 

 Burgos Gómez participó en un programa especial de Hoy Mismo, a través de Color a visión donde se refirió a su gestión al frente del CEA, CORDE y Bienes Nacionales.

Fuente: https://7dias.com.do/2024/03/26/director-de-bienes-nacionales-presenta-datos-trascendentales-sobre-bienes-del-estado/

SCJ pone en consulta pública “Política de Protección de Datos del Poder Judicial”

Santo Domingo.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó someter a un proceso de consulta pública el proyecto de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial, que establece los criterios para proceder a la disociación o anonimato de datos personales que no sean estrictamente necesarios en las decisiones de la SCJ que vayan a ser objeto de publicación, así como aquellos documentos que sean objeto de publicación. 

 

Según se explica en un comunicado de la SCJ, esta política se promueve como guía extensible a los actos jurisdiccionales del resto de juzgados y tribunales de la República, para reducir el uso de datos personales prescindibles en las decisiones judiciales.

 Uno de los objetivos de esta política es el de establecer las reglas para la disociación de datos considerados personales. En cuanto a los datos personales sujetos a ser anonimizados, se citan los siguientes: nombre y apellidos, apodo, fecha de nacimiento, nombre de pila sin apellidos, edad, nacionalidad, dirección postal y electrónica, correo electrónico, números de pasaporte, de cédula de identidad, del carnet de conducir, matrícula de vehículo, de la seguridad social, número de policía o de funcionario público y número de colegiado.