Las disputas, ya sea entre individuos, empresas o Gobiernos, se vuelven aún más complicadas cuando cruzan fronteras nacionales. Sin embargo, es en ese contexto donde alternativas como el arbitraje internacional sobresale como respuesta o solución al conflicto.
Se trata de un proceso en el que las partes en una confrontación legal acuerdan que una persona neutral, tribunal o un panel imparcial llegue a una decisión vinculante que resuelva el “problema” con base en normas, reglas y derecho internacional, previamente acordados.
Si bien no es una figura que ha ganado terreno en República Dominicana, no significa que esté exenta de esta herramienta o medida. De hecho, cobra aún más relevancia tomando en cuenta que, de acuerdo con el presidente Luis Abinader, se estima que la nación llegará a los US$4,400 millones en inversión extranjera directa (IED) en 2023.
La captación de inversión extranjera, cuando las cosas no salen del todo bien, expone al país a este tipo de casos. Sucede cuando las reglas del juego no son claras o el inversionista siente que sus derechos han sido vulnerados. Hasta la fecha, la media isla ha sido sometida a arbitrajes en al menos una docena de veces.
Aun así, para el abogado Jaime Senior, la cantidad de casos que presenta República Dominicana de arbitraje internacional es relativamente moderada y manejable.