Fallos del TC son incumplidos por instituciones públicas

Santo Domingo. – Para que la justicia sea efectiva debe realizarse en un tiempo oportuno y de manera adecuada, pero en el Tribunal Constitucional (TC) cientos de familias que acuden en busca de amparo enfrentan una realidad desoladora: sus casos, incluso con fallos, permanecen sin ejecución efectiva, convirtiendo las decisiones judiciales en promesas vacías.

 El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes descubrió que más 100 ciudadanos permanecen atrapados en un laberinto burocrático en la citada corte, donde las instituciones públicas y sus funcionarios ignoran sus propias sentencias. Esa falta de incumplimiento de las instituciones del Estado exhibe una preocupante debilidad en el sistema de justicia dominicano. 

Desde el año 2012 numerosos expedientes han obtenido fallos favorables, pero siguen sumergidos en la burocracia institucional. A pesar de los avances de la alta corte, 117 sentencias siguen en vilo, sin lograr una justicia efectiva. 

El Tribunal Constitucional anula disposición que impone un arbitrio a comercios e instituciones

El Tribunal Constitucional anuló una disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional que crea un arbitrio por el uso de parqueos públicos, concebidos como aquellos que se encuentran en instalaciones comerciales, institucionales e industriales.

 Es de criterio que la decisión expropia tácitamente todo espacio que sea destinado para parqueo dentro de una propiedad privada, cobra un arbitrio por un servicio o contraprestación que en realidad no está prestando y se atribuye la posibilidad de rentarlos a terceros sin el consentimiento de su legítimo propietario, lo que limita irrazonablemente su derecho de propiedad. 

 La Alta Corte plantea que el cabildo determinó que los parqueos que se coloquen en los límites del inmueble privado de un establecimiento comercial, institucional o industrial son públicos en la misma medida que aquellos que sean instalados por el Estado o por la Alcaldía del Distrito Nacional. En su sentencia TC/0566/24, declara no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del segundo y sexto artículo del Reglamento 1/1992, dictado por el cabildo, por transgredir el derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria municipal, dispuestos en los artículos 51 y 200 de la Carta Magna. 

Ministerio de Economía presenta a instituciones vinculadas a la planificación urbana una propuesta de Norma Subsidiaria Regional de Planificación, contemplada en ley 368-22

Santo Domingo, República Dominicana. (Octubre de 2023). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó a entidades vinculadas a la planificación urbana y construcción una propuesta de Norma Subsidiaria Regional de Planificación (NSRP) que, de acuerdo a la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, será aplicada en los gobiernos locales que no dispongan de un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Erick Dorrejo, explicó que la NSRP se trata de la herramienta para el ordenamiento de todo el territorio nacional que establece el marco regulatorio para la ocupación y gestión del suelo, además de que determina los procedimientos para garantizar la existencia de los espacios públicos, áreas verdes, equipamientos y el suelo no urbanizable. 

 El arquitecto urbanista detalló que este borrador de la NSRP, elaborado con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contiene apartados sobre el régimen del suelo, la garantía de la existencia de áreas verdes y equipamientos, las normas de protección ambiental y el régimen sancionatorio.