Fallos del TC son incumplidos por instituciones públicas

Santo Domingo. – Para que la justicia sea efectiva debe realizarse en un tiempo oportuno y de manera adecuada, pero en el Tribunal Constitucional (TC) cientos de familias que acuden en busca de amparo enfrentan una realidad desoladora: sus casos, incluso con fallos, permanecen sin ejecución efectiva, convirtiendo las decisiones judiciales en promesas vacías.

 El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes descubrió que más 100 ciudadanos permanecen atrapados en un laberinto burocrático en la citada corte, donde las instituciones públicas y sus funcionarios ignoran sus propias sentencias. Esa falta de incumplimiento de las instituciones del Estado exhibe una preocupante debilidad en el sistema de justicia dominicano. 

Desde el año 2012 numerosos expedientes han obtenido fallos favorables, pero siguen sumergidos en la burocracia institucional. A pesar de los avances de la alta corte, 117 sentencias siguen en vilo, sin lograr una justicia efectiva. 

Debido a que numerosas instituciones persisten en desobedecer las resoluciones judiciales, lo que pone de manifiesto una arraigada cultura de impunidad. 

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Cada uno de estos expedientes revela patrones alarmantes en la administración de justicia constitucional. Las familias afectadas comparten la misma experiencia: la indiferencia de las instituciones, que operan sin enfrentar ningún régimen de consecuencias. Mientras estas sentencias permanecen sin ejecutarse. En cada una de esta sentencia hay historias humanas, sueños postergados y derechos fundamentales en suspenso.

 Muchos de los demandantes, ya envejecidos por el paso del tiempo, mantienen una incansable vigilia, visitando periódicamente la sede del tribunal. Entre estos expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional se encuentran casos de expropiaciones, violaciones a derechos laborales, disputas sobre pensiones y jubilaciones. 

También controversias relacionadas con derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda. 

 Sentencias sin ejecutarse 

 La sentencia TC/0193/14, en la que el Tribunal Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por los hermanos Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova contra el Estado y el Ministerio de Hacienda, por la presunta vulneración de su derecho de propiedad, caso que aún sigue sin cierre definitivo. Este fallo ordenó al Ministerio de Hacienda pagar 130 millones 711 mil 666 pesos a favor de los demandantes. 

Es por la expropiación de una porción de tierra en Santiago de los Caballeros, con una extensión de 220,608.25 m². También el valor que determinará la Dirección General de Catastro Nacional por las parcelas 28 y 29 del mismo distrito, que suman 160,198 m². Además, impuso un astreinte de 5 mil pesos diarios por cada día de retraso en el pago. 

 Mientras que en 2014, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC/0246/14, en la que le ordenó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde funciona la Fiscalía Barrial de Villa Consuelo, la entrega de ese inmueble a Mayerling Medina, quien habría interpuesto una demanda por presunta ocupación ilegal de su propiedad desde 2004. A esta lista se suma el caso de Ana Francisca Espinosa, quien demandó al Ministerio de Defensa y a su titular, Máximo Muñoz Delgado, en mayo de 2015, tras el retiro injustificado de su pensión. Este beneficio lo recibía desde 1995, tras el fallecimiento de su esposo Emilio Acosta Santillán, quien prestó sus servicios en el Ejército Dominicano durante 30 años, 1955 hasta 1985 y se retiró como segundo teniente. En 2000, el Ministerio suspendió la pensión alegando que los hijos de la pareja habían alcanzado la mayoría de edad. Dos años más tarde, es decir, en enero del 2017, el Tribunal Constitucional, acogió una orden de amparo a favor de Espinosa. Mediante la sentencia número TC/0007/17 se ordena al Ministerio de Defensa el pago de las pensiones retenidas desde su suspensión. 

 Otros casos 

 Entre los casos que aún permanecen en la oscuridad la sentencia número TC/0833/17, interpuesta por Héctor Cabrera, contra la Dirección General de Embellecimiento. En este caso, Cabrera alega que se vulneraron sus derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, salud, seguridad social y al trabajo, tras ser cancelado injustamente mientras se encontraba de licencia médica, luego un accidente laboral. En este caso, el Tribunal Constitucional condenó a la Dirección General de Embellecimiento y a su entonces titular, César López, al pago de los salarios que le habían sido retirados a Héctor Cabrera, desde el 14 de mayo de 2015, fecha de su despido. La suma total adeudada ascendió a 5 mil 617 pesos por cada mes de salario pendiente. Se ordenó el pago de 5 millones de pesos como indemnización por los daños causados a la víctima. 

 En marzo de 2018, el ex secretario general del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Mercedes Castillo, interpuso una acción judicial contra el gremio y su entonces presidente, Guarionex Gómez. La demanda exigía el acceso a la información presupuestaria de los últimos diez años de gestión institucional, amparándose en el artículo 15 de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. La decisión, contenida en la sentencia TC-0001-19, dispone que se conceda toda la información referente al presupuesto, cheques y nóminas durante la última década. 

 El Problema

 La problemática radica en que estos fallos institucionales no garantizan el cumplimiento efectivo de las sentencias definitivas. Esta situación se evidencia en más de cien sentencias que, a pesar de haber recibido resoluciones favorables, permanecen sin ejecutarse, quedando en un limbo jurídico.

Fuente: https://cdn.com.do/investigacion/reporte-especial/fallos-del-tc-son-incumplidos-por-instituciones-pubicas/