El Estado pagará RD$2,693 millones por terrenos tras negligencia de abogados de Bienes Nacionales

El Estado dominicano deberá pagar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, luego de que una inactividad procesal de los abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) provocara la perención del recurso de casación con el que buscaban impugnar la condena.

 El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró extinguido ese recurso. Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988 para facilitar la ampliación de la avenida José Contreras y los trabajos de embellecimiento de los farallones del Parque Mirador del Sur, así como para construir viviendas de interés social para las personas desplazadas por esas obras. 

Actualmente, en esa zona se encuentra el residencial José Contreras, levantado sobre parte del área que fue objeto del proceso de expropiación. Los sucesores de los antiguos propietarios reclamaron en 2018 el pago del justo precio por los terrenos, proceso que terminó con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que fijó el monto en 2,693,994,196.50 pesos. 

El Estado, sin embargo, sostuvo que esa suma estaba muy por encima de lo que realmente adeudaba. Bienes Nacionales alegó que en el año 2000 el Poder Ejecutivo había autorizado la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por 35,380,707 pesos, a razón de 300 pesos por metro cuadrado. Posteriormente, según la institución, se formalizó un acto de venta en el que se consignó un pago de 36 millones de pesos como compensación por los terrenos y se otorgó un recibo de descargo a favor del Estado. Bienes Nacionales sostuvo que, después de esos pagos, el balance pendiente era de 30,576,279.20 pesos, que actualizado mediante el índice de variación de precios certificado por el Banco Central ascendería a 120,244,275.58 pesos.

El CEA y Bienes Nacionales trabajan en la depuración de miles de expedientes fraudulentos heredados de gestiones pasadas

Santo Domingo.– El Director Técnico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Dirección General de Bienes Nacionales, el arquitecto y agrimensor Gilberto Grullón Salomón, reveló que al asumir la posición encontró más de 3,000 expedientes con diversas irregularidades, incluyendo fraudes y suplantaciones, lo que ha obligado a un minucioso proceso de revisión antes de emitir cualquier autorización. 

 Grullón Salomón explicó que la emisión de la carta de no objeción para deslinde y transferencia es el último paso de un exhaustivo procedimiento de verificación que busca garantizar la seguridad jurídica de los adquirentes. “Hemos priorizado la depuración de estos casos para evitar que personas de buena fe sean afectadas por procesos fraudulentos heredados de administraciones anteriores”, aseguró. 

 Asimismo, destacó que, contrario a las recientes afirmaciones infundadas sobre una supuesta crisis en el sector inmobiliario atribuida a estas instituciones, el CEA y Bienes Nacionales han redoblado esfuerzos para reducir una mora histórica de más de 20 años. “Estamos trabajando más de 16 horas diarias para corregir las irregularidades del pasado y lograr una reestructuración que garantice transparencia y eficiencia en cada proceso”, indicó. 

Denuncian empleados de Bienes Nacionales asedia campesinos

SÁNCHEZ RAMIREZ.- Campesinos de la comunidad Las Arenas del Municipio de Cevicos denunciaron el supuesto asedio que reciben por parte de una persona identificada cómo Vladimir Castillo, supuestamente empleado de Bienes Nacionales, para que estos no trabajen las tierras que ocupan por más de 60 años, la cual es propiedad del estado. 

 Según expresaron, en numerosas ocasiones les envían camionetas y hasta camiones llenos de guardias, a los fines de presionarlos para que estos abandonen los terrenos, e impedirles que trabajen las tierras, pero que solo buscan intimidar para que abandonen los terrenos y dejen perdido lo que tienen allí sembrados y construidos, cuyas tierras la han ocupado por más de 6 décadas. 

 Dijeron que le dieron un ultimátum para que desbaraten una pequeña casucha que hicieron, para encerrar unas gallinas que le hacen daño a la siembra de yuca, por lo que les amenazaron que de no tumbarla, les estarían enviando maquinarias pesadas para derrumbar sus casas. 

 Hicieron un llamado el presidente de la República Luis Abinader, a los fines de que mande a tomar una medida al respecto y que les paguen lo poco que tienen allí, para de esa manera dejar esos terrenos y poder vivir el tiempo que les queda de vida en paz y fuera de la persecución.

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