Propietarios de viviendas demolidas por muro fronterizo reclaman al Gobierno que ordene pagos de sus terrenos

Este jueves, más de 20 propietarios de terrenos y viviendas demolidas, donde se construye la verja perimetral en la frontera con Pedernales, reclamaron que les sean pagados sus solares. Los individuos se apostaron la mañana de este día en la gobernación provincial, que dirige Altagracia Brea de González, exigiendo “el fiel cumplimiento de los pagos”, mientras que un contingente policial se apersonó para evitar desordenes. 

 Con carteles con diferentes mensajes, pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, que ordene al contratista del muro perimetral el pago de sus terrenos y viviendas que fueron demolidas para dar paso a la obra. De igual manera, se registraron protestas y quejas de los propietarios de parcelas en el sector agrícola de “Los Olivares”, debido a que el contratista de la carretera Enriquillo-Pedernales les destruyó sus empalizadas y procedió a dragar los terrenos e instalar de las tuberías que lleva el agua a la planta de tratamiento que se construye en Cabo Rojo, para fines turísticos. 

 Los agricultores del sector los Olivares, entre ellos, Pedro Julio Valentín Feliz, Daris Ramírez, Cabuya Pérez, Alberto Báez y Máximo Rubio, calificaron como un “abuso” el hecho y realizaron un llamado al mandatario Abinader de auxiliar en la situación. 

Pagos no justificados: faltas se ven en auditoría a MEM

Pagos no justificados, diferencias en activos, compra de combustibles sin evidencia de los beneficiarios, terrenos sin títulos, salarios fuera de la escala establecida, son partes de las faltas detectadas por la Contraloría General de la República en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en el período entre septiembre de 2020 hasta abril de 2021.

 Los auditores determinaron una diferencia por RD$1,510,849.48 entre el mayor general y el auxiliar de activos fijos, así como falta de certificación de impuestos de proveedores, por pagos ascendentes aRD$548,162.65, realizados por la entidad. 

 En cuanto al combustible comprado sin evidencias de beneficiarios el monto fue RD$146,848.60. También se determinó asignación a personas no autorizadas por RD$30,000. Entre los pagos sin previa no justificación, la auditoría cita uno por RD$11,695,380.00, para arbitraje a una firma de abogados por demanda de la minera Envirogold. Con relación a los terrenos se determinó que 203 de los 340 que posee la entidad no tenían título y falta de registro en contabilidad. 

Hacienda no paga terrenos expropiados hace 20 años, a pesar de sentencia del TC

En el año 2003 el señor Lino José María Suárez Rodríguez intentó conseguir la fuerza pública para desalojar a un grupo de personas que habían construido casuchas en una propiedad que tenía entre las calles Josefa Brea, Francisco Henríquez y Carvajal y Vicente Noble, en Villa Francisca, Distrito Nacional. Para evitar afectar a los invasores y en medio de serios problemas sociales a causa de la crisis económica, el gobierno del presidente Hipólito Mejía decidió declarar los terrenos de utilidad pública para que el Estado los comprara.

 El propietario no se imaginaría que iba a morir sin cobrar el dinero y que 20 años después sus hijos iban a seguir batallando para conseguir el pago. Los hijos de Suárez Rodríguez llevaron su demanda a la justicia y han obtenido ganancia de causa hasta en el Tribunal Constitucional en el año 2019, que recientemente publicó una lista de sus sentencias desacatadas por funcionarios e instituciones públicas, incluyendo al Ministerio de Hacienda. 

Odebrecht obligada a pagar

La Procuraduría General de la República podría dejar sin efecto el acuerdo de lenidad firmado con la constructora Odebrecht y reiniciar la acción penal en contra de la compañía brasileña, ahora “Novonor”, si esta no cumple con el pago acordado de US$184 millones, que vence, en 2025. 

 Así está estipulado, en el acuerdo firmado por la constructora Odebrecht, en la persona de Mauricio Dantas Bezerra y el abogado de la empresa, Robert Valdez, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Laura Guerrero, exdirectora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).