El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) arrendó los mismos terrenos, en localidades de San Pedro de Macorís, a tres empresas distintas: constructora Castelar (hoy Unidad La Finca), del consorcio Vicini-Campollo; Azucarera Porvenir, propiedad de inversionistas españoles, representado por Joaquín Martín Montero, y la empresa Inversiones Nacari SRL, de la familia Hazim-Frappier.
La operación provocó un serio conflicto legal y económico que incluyo una demanda millonaria contra la empresa.
Todo empezó a mediados del 2010, en la administración de Enrique Martínez Reyes, cuando los inversionistas españoles adquirieron unas 6,300 hectáreas del ingenio Porvenir, con el compromiso de pagar una renta fija anual de un millón de dólares y un porcentaje de sus ganancias en cada zafa. Un mes después, en la gestión de Frank Matos, que sustituyó a Martínez, cedió unas 300 mil tareas en arrendamiento al grupo Vicini en ingenios continuos, sin dejar claro cuáles son los linderos que corresponden a cada arrendatario, y sin que la empresa privada supiera que la pasada administración ya había arrendado parte importante de los predios a los españoles.