Gaceta Guia Inmobiliaria: derechos
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La permanente lucha de una familia que reclama sus derechos sobre terrenos en Puerto Plata y Luperón

El paso de los años no ha mermado la vehemencia con la que el abogado Persivanio Antonio Henríquez Echavarría defiende el derecho de su familia a que le sean restituidos los derechos sobre las tierras, que dicen ser de su propiedad en la provincia de Puerto Plata y Luperón. 

 A pesar de varias sentencias que le favorecen y de órdenes de fuerza pública, los sucesores de Félix María Echavarría, y herederos de los derechos de las empresas Hachtmann y Bocovitz y Hachtmann, no logran que les sean devueltos los terrenos que alegan son de su propiedad.

 Henríquez Echavarría explicó que los terrenos de la familia fueron deslindados el 15 de julio de 1919 y se procedió al registro de los mismos el 12 y 17 de febrero de 1920. El 4 de febrero de 2009, la sentencia número 41 de la Suprema Corte de Justicia le dio ganancia de causa con la autoridad de la causa irrevocablemente juzgada, reconociendo la propiedad de los terrenos, con relación a los solares adjudicados por el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco al Instituto Agrario Dominicano.

Fucicodia denuncia coronel viola derechos

La Fundación Ciudad Codiana (Fucicodia), una organización sin fines de lucro creada por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), denunció haber sido víctima de una suspensión ilegal de un proceso de desalojo por parte del coronel Ramos Peña, encargado del departamento de Litigios de la Policía Nacional. 

 La parcela en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, Los Alcarrizos, de 19,347.37 m² y amparada por un certificado de título, estaba en proceso de desalojo del ocupante ilegal, Sony Murat González.

 Fucicodia afirmó, durante una rueda de prensa, que Ramos Peña habría ignorado la resolución del abogado del Estado, No. 482, y suspendido el desalojo tras recibir una instancia de oposición de González, quien supuestamente no tiene título válido para el terreno. 

 Además, la fundación acusa a González de utilizar su influencia para obtener títulos de propiedad sobre terrenos que originalmente pertenecen a Fucicodia, y de involucrar al ciudadano coreano Samuel Shin, quien arrenda parte de los terrenos usurpados para su negocio de vehículos usados Yu Autoimport. 

 El 9 de este mes, la arquitecta Japonesa Capellán y el ingeniero Ángel Leonardo Mercedes visitaron el Palacio de la Policía Nacional para solicitar la ejecución de la resolución, pero el coronel les habría informado sobre la suspensión del desalojo debido a la oposición de González. 

 Fucicodia solicita a la procuradora General de la República, Miriam Germán; a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y al director General de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que tomen medidas inmediatas y lleven a cabo una investigación sobre la conducta del coronel Ramos Peña.


Defensores derechos humanos solicitan ejecutar sentencias en favor de Antonio Carbone

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y del Frente Amplio de Luchas Populares (Falpo), depositaron una solicitud formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), exigiendo la ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a favor del empresario canadiense Antonio Carbone. 

 El portavoz de las organizaciones, Diógenes Ozuna, vestido de negro y llevando una cruz de madera, declaró frente a una manifestación masiva ante PGR que en el país debe despertarse el Estado de derecho. 

 Según detalla una nota informativa, “ya es tiempo que se cumpla la resolución TC-0367-21 del TC, que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, que incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión”. “Instamos a la procuradora Miriam Germán, a que antes de concluir su mandato haga justicia en el caso Carbone”, manifestó Ozuna. 

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