Aumentan las denuncias por violaciones a las normas de construcción

A pesar de contarse con un marco normativo robusto para regular el sector de la construcción en la República Dominicana, los incumplimientos persisten. Solo desde finales del 2022 hasta el 27 de noviembre del 2024, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) sometió 93 proyectos a las jurisdicciones competentes, para los que solicitó la imposición de sanciones por violaciones detectadas. 

 Problemáticas relacionadas con la protección medioambiental, la regulación del ruido y la seguridad en el trabajo siguen siendo puntos críticos, según se constató en un recorrido reciente de Diario Libre por proyectos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. De hecho, las denuncias se incrementaron en este 2024, en el que el Mivhed recibió 217, contrario a las 66 del 2023, según datos compartidos a Diario Libre por la institución. 

 La semana pasada la construcción de una tienda china colapsó al oeste de Santiago. La misma había sido detenida por disposición del Mivhed, por incumplimiento de los reglamentos.

 Desde finales de 2022 hasta el pasado 27 de noviembre, dicho ministerio gestionó 348 expedientes relacionados con construcciones irregulares. De estos, 127 obras fueron regularizadas con acuerdos amigables y 128 están en proceso de regularización. 

OGTIC asegura pagar solo RD$10.7 millones mensuales en alquiler controversial

El director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Bartolomé Pujals, defendió el contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la institución. 

Acompañado del contralor general de la República, Félix Antonio Santana, y el vicepresidente Ejecutivo de AFI Reservas, Ian Alberto Rondón, Pujals explicó que el contrato implica un pago mensual de RD$10,720,885.09 durante un periodo de diez años. 

 Pujals detalló que este acuerdo fue adjudicado en diciembre de 2022 mediante una licitación pública que cumplió con todas las normas legales. La firma del contrato se efectuó el 17 de enero de 2023 por el entonces director Pedro Antonio Quezada, lo cual también fue verificado por el Contralor General en una rueda de prensa el 5 de noviembre. 

Según Pujals, su función es dar continuidad al contrato, y afirmó que al asumir el cargo revisó la legalidad del acuerdo para garantizar su «licitud». En sus declaraciones, Pujals destacó que la negociación fue transparente y rigurosa, bajo la supervisión del Comité de Compras y Contrataciones de la Ogtic. 

Entraran en vigor EUA nuevas normas para comprar y vender casas; dominicanos envueltos en negocios

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Este sábado entraron en vigor en los Estados Unidos nuevas normas que rigen la forma para comprar y vender casas, y el nuevo sistema podría cambiar radicalmente para los estadounidenses que efectúan el negocio, donde hay cientos de dominicanos envueltos en el mismo. 

 Las normas fueron acordadas por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), la poderosa asociación comercial que cuenta con 1,5 millones de miembros, como parte de un acuerdo de US$ 418 millones en demandas antimonopolio. Las mismas están diseñadas para transformar la forma en que se les paga a los agentes inmobiliarios y quién les paga. 

Airbnb a favor de normas y fiscalización

Descansa sobre el Poder Ejecutivo el borrador de regulación para normar y fiscalizar las plataformas digitales transfronterizas, como son Airbnb, que ofrece servicios de alojamiento; Spotify, streaming o trasmisión de música o Netflix, Max, de streaming de videos, entre otras. 

 Desde finales de 2022, directivos de estas plataformas se han reunido con autoridades dominicanas con miras a que esto sea una realidad. Así lo informó el director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, quien ha participado en estas reuniones y han aportado estadísticas, datos y buenas prácticas aplicadas en otros países para poder fiscalizar y reglamentar los servicios que ofrecen.

 Indicó que Airbnb participa en esquemas fiscales en más de 2,200 jurisdicciones y acude a los llamados de los Gobiernos de ofrecer datos, pagar impuestos y de regular. Los impuestos varían y van desde un 3% hasta un 18%.