Al menos 429 ciudadanos en República Dominicana recibieron pagos ascendentes a RD$27,551,733 por concepto de desalojos y traslado a otros lugares, tras la construcción de la línea 2-b del Metro de Santo Domingo, sin evidencia de contratos de alquiler ni documentaciones justificadas entre los propietarios e inquilinos.
La información sale a relucir luego de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas durante la gestión de Diandino Peña (2013-2017) en la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret).
Sobre esta situación, el director de expropiación y de desarrollo ambiental de la Opret durante el periodo mencionado, Ramón Leonel Carrasco, se excusó al referir el grado de informalidad que se encontraba en la zona del sector Gualey, así como también en la localidad Rivera del Ozama.