DGCP emite nuevo reglamento sancionador para proveedores: inhabilitaciones alcanzarán hasta 10 años

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este lunes un nuevo reglamento sancionador, como parte de la implementación de la Ley 47-25, con el que -dijo- busca fortalecer el ejercicio de su potestad sancionadora y garantizar procesos más objetivos y apegados al debido proceso en la supervisión de los proveedores del Estado.

 El Reglamento Número DGCP-SNCP-02-2026 del Procedimiento Administrativo Sancionador establece el proceso administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora del órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, define las sanciones aplicables a personas jurídicas que cometen infracciones administrativas en el marco de la contratación pública, así como los efectos posteriores a la imposición y conclusión de dichas sanciones. 

 El documento fija una separación de funciones para asegurar la objetividad en el proceso de investigación y sanción de las infracciones cometidas por los proveedores del Estado, asegurando el respeto al debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en todas las actuaciones administrativas. El reglamento entrará en vigor 30 después de su publicación oficial. 

Entre las sanciones contempladas se encuentra principalmente la inhabilitación temporal, cuya duración puede variar entre uno y 10 años, divididas en dos rangos según la gravedad del incumplimiento: de uno a cinco años y de cinco a 10 años, con graduaciones específicas en cada rango. 

DGCP emite reglamento del Registro de Proveedores del Estado para simplificar trámites y fortalecer la transparencia

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la emisión del Reglamento núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), un instrumento normativo que busca modernizar, simplificar y dotar de mayor seguridad jurídica el acceso al mercado público por parte de ciudadanos y empresas. 

 El documento, firmado y aprobado por el director general, Carlos Pimentel Florenzán, es el primero de los seis reglamentos específicos que serán emitidos progresivamente por el órgano rector para fortalecer el marco jurídico que rige la materia, acorde al mandato otorgado por la reciente Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. Dicho reglamento tiene como objetivo principal regular y desarrollar todo lo relativo a la gestión y funcionamiento del RPE, así como transformar el referido registro en una base de datos íntegra y eficiente que funcione como un mecanismo de control preventivo ante el Régimen de Inhabilidades. 

 Uno de los pilares de esta normativa es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones, que contribuirá a la automatización de las verificaciones de documentación mediante la conexión de datos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Cámaras de Comercio, así como de los ministerios de Trabajo, de Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes, entre otras entidades.