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DGII simplifica la cancelación de unidades en régimen de condominio


Un trámite que antes tomaba semanas de papeleo ahora se resuelve con un proceso digital que impacta directamente el patrimonio de miles de propietarios dominicanos.

 La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) habilitó un procedimiento específico para la cancelación de unidades funcionales constituidas bajo el régimen de condominio, un trámite que afecta directamente a propietarios de apartamentos, locales comerciales y oficinas registrados bajo este esquema legal en todo el país. 

 El régimen de condominio, regulado principalmente por la Ley 5038 sobre Condominios y administrado en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, permite que un inmueble se divida en unidades funcionales independientes con su propio registro.

 Cuando un propietario necesita fusionar, modificar o eliminar una de estas unidades, debe actualizar su situación ante la DGII para que el cambio se refleje correctamente en el sistema tributario. Esto tiene implicaciones directas sobre el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), la facturación electrónica y los registros del Número de Comprobante Fiscal asociados a cada unidad. 

Si un local comercial dentro de un condominio desaparece como unidad independiente, pero su registro ante la DGII permanece activo, el propietario puede enfrentar cobros o requerimientos fiscales sobre un inmueble que legalmente ya no existe en esa forma. 

Tribunal cancela la concesión minera a Falcondo por incumplimientos


El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023. 

 La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos hace casi 70 años, en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel. 

 La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación. Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.  Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones. 

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