Familias serán desalojadas de barrio Las Lilas SDE piden gobierno pague precio justo por sus viviendas

SANTO DOMINGO, RD.- Desconcertados dicen sentirse moradores en el barrio Las Lilas de Santo Domingo Este, donde la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) comenzó a desalojar a familias con la finalidad de sanear el Río Ozama, pero denuncian que la institución no les valora sus propiedades de manera justa. 

 Los habitantes de Las Lilas de Los Tres Brazos, califican como atropellante la forma en que URBE realiza la reubicación de familias; "están echando a uno de aquí a pasar trabajo, donde tenemos por lo menos un ranchito se zinc para guarecernos", afirmó en tono indignado el señor Cesar Flores, quien asegura vivir en la zonas hace más de 20 años. 

 Personas, entre ellas envejecientes, afirman que el gobierno les ofrece sumas muy por debajo del valor de la vivienda que les llevó toda una vida construir: "Yo he construido este ranchito block a block y vienen a sacar a uno de aquí. Si ellos van a desalojar a uno como quiera, por lo menos que nos den algo que valga la pena" expresó el señor Toribio Montero. 

 En esta barriada ya al menos 400 familias han sido desalojadas, mientras, las viviendas de otras tantas fueron marcadas para el mismo proceso, generando incertidumbre, además de afectar los pequeños negocios de los residentes. Los que habitan en Las Lilas manifiestan su disposición de aceptar la voluntad del gobierno, pero piden que les sea respetada su dignidad.

Fuente: https://proceso.com.do/2026/05/08/familias-seran-desalojadas-de-barrio-las-lilas-sde-piden-gobierno-pague-precio-justo-por-sus-viviendas/

Deuda Expropiaciones Terrenos Deuda por expropiaciones supera los RD$200 mil millones, según Ángel Lockward

El abogado Ángel Lockward afirmó este miércoles que el Gobierno dejará una deuda superior a los RD$200 mil millones por concepto de expropiaciones de terrenos a particulares, al tiempo que denunció un retroceso del Estado de derecho en el país. 

 Lockward sostuvo que actualmente existen más de RD$100 mil millones acumulados en compromisos derivados de expropiaciones, muchos de los cuales —según indicó— son incluidos anualmente en la Ley General de Presupuesto sin que se materialicen los pagos. “El Estado de derecho ha retrocedido en los últimos años y está muy afectado por el desacato judicial, principalmente por parte de entidades públicas”, expresó. 

 En ese sentido, citó declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien habría señalado la existencia de más de 100 sentencias sin cumplir en materia de amparo, además de miles de decisiones pendientes en tribunales como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Administrativo. 

 El jurista indicó que el derecho de propiedad, reconocido en tratados internacionales y en la Constitución dominicana desde 1844, enfrenta actualmente serias limitaciones en su aplicación, al considerar que el proceso de expropiación se ha debilitado. 

Defensa de Guerrero niega irregularidades en expropiaciones

Santo Domingo.– Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, afirmó este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante la gestión de su defendido respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano. 

El jurista explicó que dichos desembolsos derivaron de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, en apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13. 

 Según Núñez, una parte significativa de estos casos corresponde a expropiaciones efectuadas hace varias décadas, algunas desde los años 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas sin completar en su momento la compensación a los propietarios. 

 “La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y justa. Estos pagos no fueron una decisión discrecional, sino el cumplimiento de una obligación jurídica pendiente”, sostuvo. 

 El abogado detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia. El resto, explicó, se realizó con base en tasaciones técnicas de Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente validadas por instancias judiciales.