Santo Domingo.– Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, afirmó este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante la gestión de su defendido respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano.
El jurista explicó que dichos desembolsos derivaron de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, en apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13.
Según Núñez, una parte significativa de estos casos corresponde a expropiaciones efectuadas hace varias décadas, algunas desde los años 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas sin completar en su momento la compensación a los propietarios.
“La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y justa. Estos pagos no fueron una decisión discrecional, sino el cumplimiento de una obligación jurídica pendiente”, sostuvo.
El abogado detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
El resto, explicó, se realizó con base en tasaciones técnicas de Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente validadas por instancias judiciales.




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