Santo Domingo. Ante la proliferación de estafas inmobiliarias que se han registrado en los últimos años en el país, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, sometió ante el congreso de la República, un anteproyecto de ley que tiene como objetivo ordenar y profesionalizar el sector, exigiendo que corredores y agentes de bienes raíces operen bajo licencias oficiales, cumplan con requisitos de formación y se rijan por principios de transparencia, lealtad y protección al consumidor.
La norma establece mecanismos para garantizar que las transacciones inmobiliarias sean seguras y confiables, evitando fraudes, malas prácticas y abusos en las comisiones cobradas.
Para lograrlo, el Estado creará un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad responsable de expedir, renovar y revocar licencias a los profesionales del sector, quienes perderán su licencia cuando realicen malas practicas o fraudes, y no podrán ejercer nueva vez.
Por igual, que las personas o empresas que realicen actividades de intermediación inmobiliaria sin la debida autorización serán sancionadas con multas elevadas de hasta 50 salarios mínimos del sector público, suspensión de actividades, cierre temporal o definitivo de la empresa o agente infractor, sanciones penales en caso de fraude o suplantación de identidad, y podrán aplicarse penas según el Código Penal.