Por Silvana Rodríguez, Santo Domingo.- El jurídico de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Aquino, aseguró que la institución cuenta con la potestad legal para ejecutar intervenciones y paralizaciones en franjas de protección fluvial sin requerir una orden judicial previa.
Durante la fiscalización a una villa turística levantada a orillas del río Yaque del Norte, en la comunidad de Las Guázaras, el representante jurídico respondió a los alegatos de la defensa del propietario, con quien tuvo una conversación acalorada y denunció ante la prensa que el convenio acordado se logró bajo presión militar y sin respetar el derecho de defensa.
Aquino rechazó la postura de los abogados y precisó que la ley sectorial y el artículo 129 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00) facultan a la autoridad ambiental a actuar en las zonas de dominio público.
Ante los cuestionamientos, la entidad advirtió que, de no mantenerse el pacto institucional, se reanudaría el operativo de demolición de la infraestructura.
El acuerdo preliminar contemplaba que el propietario, identificado como el señor Riva, cedería de forma voluntaria al Estado la franja frontal del inmueble ubicada dentro del perímetro protegido para destinarla a un uso comunitario, evitando así los riesgos de una demolición inmediata en una zona con alta actividad recreativa.
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