Inversionistas ven proyecto Romero diversificaría los ingresos Gobierno

Santo Domingo.-Inversionistas del Proyecto Minero Romero en San Juan de la Maguana expresaron que esa iniciativa representa una vía para que el Gobierno dominicano diversifique y aumente los ingresos fiscales, y así evitar sacrificar a la población con aumentos en las tasas impositivas a través de la reforma fiscal. De acuerdo a Luis Santana, presidente de la empresa en el país, esa minera será clave para la economía dominicana y la provincia de San Juan. 

Indicó que la misma está diseñada para extraer recursos minerales de manera sostenible, con un enfoque en la responsabilidad social y el desarrollo local. “Este proyecto no sólo mejorará la infraestructura de la región, sino que también impulsará el empleo, con la creación de aproximadamente 6,000 empleos directos e indirectos; de esos, sólo 500 son directos d urante su fase de construcción y 3,000 en su operación”, dijo durante la presentación de un informe de impacto económico realizado por el economistas Starlin Taveras Moreta.

 El empresario detalló que la iniciativa minera aportaría al Estado dominicano más de 46,000 millones de pesos durante su operación, en contribuciones fiscales, incluyendo, impuestos sobre la renta, gravámenes directos y contribuciones voluntarias. 

Entidades rechazan explotar mina Romero

Decenas de organizaciones y plataformas de movimientos sociales y ambientales de la región suroeste y otras partes del país, advirtieron que la intención de explotación minera del Proyecto Romero, en la Provincia de San Juan, no tendrá permiso social, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de toda la población del suroeste.

 Su posición fue dada a conocer mediante un documento que contiene 12 puntos, denominado “Compromiso de San Juan”, en el que plasmaron su postura con relación a los problemas socioambientales que afectan al país y que amenazan la producción de agua de la isla. 

 En el primer punto, las organizaciones establecen que la intención de explotación minera del Proyecto Romero, no tendrá permiso social, cuestión que consideran innegociable, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de toda la población del Suroeste y gran parte del territorio nacional. 

 Las instituciones señalan que si se permite que se inicie esa explotación minera en la vertiente sur de la cordillera Central, sería inevitable que los intereses de las corporaciones mineras avancen sobre el corazón de la biodiversidad de la isla. Esto, conforme el documento, afectaría irremediablemente el potencial hídrico, agropecuario, agroindustrial y ecoturístico de gran parte del territorio dominicano.