Ayuntamiento de Constanza es condenado a pagar más de 50 millones de pesos por uso de mina en El Arenazo

EL NUEVO DIARIO, CONSTANZA.– El presidente del Consejo de Regidores, licenciado José Alberto Victoriano informó sobre la reciente condena del Ayuntamiento de Constanza a pagar una deuda que supera los 50 millones de pesos, por el uso de una mina ubicada en El Arenazo, destinada a la extracción de materiales. 

 El concejal manifestó que esta situación representa “algo muy doloroso para el municipio de Constanza”, debido a que se trata de una deuda que proviene de gestiones anteriores, pero que por continuidad de Estado el ayuntamiento ha venido heredando cada cuatrienio. 

 “Ustedes saben que el ayuntamiento fue condenado a pagar una suma de más de 50 millones de pesos, dinero que año tras año, día tras día, va aumentando. En una ocasión, como sala capitular y alcaldía, remitimos una resolución para que diferentes departamentos del Gobierno, en este caso Hacienda, pudieran intervenir y quitar esa carga, pero luego el Tribunal Constitucional emitió una sentencia”, explicó Victoriano. 

 El edil detalló que la sentencia del Tribunal Constitucional establece que los ayuntamientos son responsables de este tipo de decisiones, lo que significa que el Ministerio de Hacienda no está obligado a asumir el pago, ya que la sentencia eliminó la potestad que tenía ese organismo para intervenir en estos casos.

Entidades rechazan explotar mina Romero

Decenas de organizaciones y plataformas de movimientos sociales y ambientales de la región suroeste y otras partes del país, advirtieron que la intención de explotación minera del Proyecto Romero, en la Provincia de San Juan, no tendrá permiso social, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de toda la población del suroeste.

 Su posición fue dada a conocer mediante un documento que contiene 12 puntos, denominado “Compromiso de San Juan”, en el que plasmaron su postura con relación a los problemas socioambientales que afectan al país y que amenazan la producción de agua de la isla. 

 En el primer punto, las organizaciones establecen que la intención de explotación minera del Proyecto Romero, no tendrá permiso social, cuestión que consideran innegociable, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de toda la población del Suroeste y gran parte del territorio nacional. 

 Las instituciones señalan que si se permite que se inicie esa explotación minera en la vertiente sur de la cordillera Central, sería inevitable que los intereses de las corporaciones mineras avancen sobre el corazón de la biodiversidad de la isla. Esto, conforme el documento, afectaría irremediablemente el potencial hídrico, agropecuario, agroindustrial y ecoturístico de gran parte del territorio dominicano.