La fuerte denuncia que hace Donald Guerrero contra la Contraloría

Ángel Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda (2016-2020), se defendió este viernes de los cargos que le imputa el Ministerio Público, como principal acusado del grupo de exfuncionarios que habrían desviado del Estado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos. 

Durante su defensa material ante la magistrada Altagracia Rodríguez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Guerrero Ortiz denunció que el informe en su contra, emitido por la Contraloría General de la República en el año 2021, se realizó en franca violación del debido proceso administrativo, ya que la institución le obvió la garantía del derecho de defensa que le corresponde. 

 «Lo que el señor Donal Guerrero ha hecho ha sido presentar una denuncia ante el tribunal respecto al informe de la Contraloría General de la República del año 2021, el cual fue emitido en franca violación del debido proceso administrativo, ya que la Contraloría General de la República obvió la garantía del derecho de defensa que corresponde al señor Guerrero», manifestó Mario Eduardo Aguilera, el abogado del exfuncionario a los miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 Explicó: «Ese informe habla de supuestas irregularidades en el pago de deuda pública. Pero, claro, es muy fácil hablar de irregularidades cuando no nos permitieron aclarar todo eso». 

Abogados de querellantes afirman Donald Guerrero no incurrió en desfalco contra el Estado

Santo Domingo.- Los abogados de la familia Reyes, parte querellante en el proceso judicial del caso por supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos contra el estado, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no incurrió en desfalco alguno, sino que actuó conforme a sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de 60 años. 

 El caso involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de supuestas maniobras para distraer fondos públicos. Uno de los puntos centrales es el pago autorizado en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos del copropietario de la parcela 613, donde hoy opera el Aeropuerto Internacional Las Américas. 

 Según los abogados, el pago que se intenta presentar como fraudulento fue en realidad un cumplimiento legal. Afirman que los verdaderos estafadores fueron beneficiados por el Ministerio Público. “El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, denunció Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal de la familia Reyes.