Valdez Albizu: Junta Monetaria conocerá “en su momento” la liberación de recursos del encaje legal

El gobernador del Banco Central de República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, dijo ayer que la Junta Monetaria conocerá “en su momento” la posible liberación de recursos del encaje legal para la construcción y adquisición de viviendas de bajo costo. 

 El encaje legal es un mecanismo, establecido por el BCRD, que obliga a todas las instituciones financieras a mantener disponible los fondos que captan de sus usuarios. Se usa en situaciones especiales, como un instrumento para regular la cantidad de dinero en circulación. La declaración de Valdez Albizu giró en torno a la solicitud que hicieron algunos directivos de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acropovi) al Banco Central, para que libere fondos del encaje legal y facilidades de liquidez al sector de la vivienda, así como mantener la estabilidad en la tasa de cambio ante la amenaza de un aumento en los precios de los materiales de construcción, según reseñó ayer el periódico Hoy. 

 El gobernador recordó cuando la Junta Monetaria autorizó a inicios de enero de 2023 la liberación de RD$21,424.4 millones de los recursos del encaje legal. El monto se dividió en un 80 % para la adquisición de viviendas de bajo costo y en un 20 % a préstamos interinos para su edificación. Ese dinero se destinó para canalizar préstamos para la construcción y compra de viviendas por un costo asequible.

Aseguran terrenos en Bucanyé fueron adquiridos legalmente

Bucanyé es un proyecto turístico propuesto por la empresa Oceanus Investment, de capital Dominicano y Español, y sus cerca de 14 millones de metros cuadrados se encuentran, en su mayoría, dentro de la parcel 40 de Pedernales, correspondiente al Área Nacional de Recreo Playa de Cabo Rojo - Pedernales, un área protegida categoría VI también conocida como Bucán Ye. 

 En las últimas semanas existe una polémica entre grupos ambientales, Oceanus Investment, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (en representación del presidente Luis Abinader), el Ministerio de Medio Ambiente y el Estado, la cual tiene como origen un supuesto fraude en la adquisición de la Parcela 40 y sus respectivas subdivisiones por parte de particulares, quienes vendieron entre 2009 y 2015 los inmuebles a Oceanus Investment dentro de un área protegida. 

 La pasada semana Diario Libre publicó la posición de dos ambientalistas, pertenecientes a la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, expresando que lo que no les parece bien, en el caso de Bucán Ye, es que un inversionista se apropie de un área protegida de forma ilegal, entre otras declaraciones.