Abinader se reúne con Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias

El Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI), representado por su Presidente Eduardo Read y el Director Ejecutivo, Michael Lugo, sostuvo un encuentro institucional con el presidente Luis Abinader, donde también participaron los ministros Joel Santos y David Collado.

 La reunión tuvo la finalidad de compartir tópicos de interés del sector Turístico Inmobiliario, el cual ha sido un gran impulsor de nuevas inversiones durante los últimos años, aportando considerablemente a la economía nacional. 

 Dicho encuentro constituyó una oportunidad excepcional para también conocer los principales elementos que integrarían los planes de gestión futuros e intercambiar ideas para continuar con el desarrollo y crecimiento del Turismo Inmobiliario, como parte de la diversificación de la industria turística del país. 

 ADETI está conformada por las principales empresas turísticas inmobiliarias, como son Cana Rock, Cap Cana, Costasur/Casa de Campo, Club Hemingway, Green One Playa Dorada, Grupo Puntacana, Grupo Velutini, Kaynoa, Metro Country Club, Playa Grande Golf & Ocean Club, Playa Nueva Romana, Puntarena, Rincón Bay, Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA) y Tropicalia, quienes cuentan con un portafolio de más de US$10,000 millones en inversión en construcción en los destinos desarrollados.

Fuente: https://visitantes.do/abinader-se-reune-con-asociacion-dominicana-de-empresas-turisticas-inmobiliarias/

En San Pedro de Macorís, el CEA arrendó los mismos terrenos a tres empresas diferentes

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) arrendó los mismos terrenos, en localidades de San Pedro de Macorís, a tres empresas distintas: constructora Castelar (hoy Unidad La Finca), del consorcio Vicini-Campollo; Azucarera Porvenir, propiedad de inversionistas españoles, representado por Joaquín Martín Montero, y la empresa Inversiones Nacari SRL, de la familia Hazim-Frappier. 

 La operación provocó un serio conflicto legal y económico que incluyo una demanda millonaria contra la empresa. Todo empezó a mediados del 2010, en la administración de Enrique Martínez Reyes, cuando los inversionistas españoles adquirieron unas 6,300 hectáreas del ingenio Porvenir, con el compromiso de pagar una renta fija anual de un millón de dólares y un porcentaje de sus ganancias en cada zafa. Un mes después, en la gestión de Frank Matos, que sustituyó a Martínez, cedió unas 300 mil tareas en arrendamiento al grupo Vicini en ingenios continuos, sin dejar claro cuáles son los linderos que corresponden a cada arrendatario, y sin que la empresa privada supiera que la pasada administración ya había arrendado parte importante de los predios a los españoles.