EE.UU dice en el país se benefician a "empresas con conexiones políticas"

Al reconocerse como el mayor inversionista en República Dominicana y destacar importantes logros que ha tenido el país en la implementación de políticas para la mejora de la Inversión Extranjera Directa (IED), Estados Unidos crítica que el Gobierno del presidente Luis Abinader “se ha negado a priorizar importantes reformas apoyadas por los inversionistas, como la del sector eléctrico y los altos niveles de informalidad”.

 El documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y titulado: “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, señala que a pesar de los avances en el crecimiento económico; la lucha contra la corrupción, la estabilidad política; las exenciones fiscales para atraer empresas al país, las leyes, reglamentos y otros incentivos, los inversionistas extranjeros perciben que todavía existe inseguridad ciudadana y obstáculos en procesos burocráticos. 

 “Las quejas incluyen la percepción de una corrupción generalizada tanto a nivel nacional como local; la falta de competencia técnica dentro del gobierno; los retrasos en los pagos gubernamentales; los obstáculos burocráticos; y los procedimientos no estandarizados en la valoración aduanera y la clasificación de las importaciones. Las débiles leyes de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. 

Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos.