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Denuncian delimitación ilegal como playa privada en Bahía de las Águilas


Una amplia franja de la reconocida Bahía de las Águilas ha sido delimitada como playa privada, en una acción calificada como inconstitucional e ilegal por organizaciones ambientalistas y ciudadanos. 

La playa, declarada patrimonio natural de la República Dominicana, es un bien de dominio público titulado a nombre del Estado, y por ley debe mantenerse accesible a todos los dominicanos. Esta medida ha generado indignación entre sectores que denuncian la apropiación indebida del espacio costero. 

 Los señalamientos apuntan a una presunta complicidad de altos mandos de la Armada Dominicana, institución responsable de velar por la protección de los 60 metros de franja marina de uso público. También se señala la participación de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente —en especial su unidad militar de protección ambiental— y del Ministerio de Turismo, incluyendo a su policía turística Politur. 

A estos se suman actores vinculados al proyecto Pro-Pedernales, cuya misión era precisamente fomentar el desarrollo sostenible de la región, no su privatización. 

 Diversos sectores sociales, comunitarios y ambientales llaman a la ciudadanía a no guardar silencio ante lo que consideran un atropello al patrimonio nacional. "Si callamos y lo permitimos hoy, mañana seremos todos responsables de la privatización de un bien que pertenece al pueblo dominicano", advierten. 

Exigen la intervención inmediata del gobierno central, la nulidad de cualquier intento de privatización, y sanciones a los funcionarios implicados en esta grave violación.

Privatización terrenos Bahía de las Águilas es llevado ante el Defensor del Pueblo

Santo Domingo, RD.- La privatización de un terreno en el municipio de Bahía de las Águilas, en Pedernales, específicamente en la Cueva de los Pescadores, que limita el área de mejor acceso al público ha generado sorpresa en ese lugar y preocupación ciudadana. 

 La acción que lleva a cabo el señor Santiago Rodríguez con supuesto apoyo de agentes de la Armada Dominicana, está creando el temor de que los visitantes no puedan disfrutar del derecho colectivo de usar el referido entorno costero.

 El caso viola Ley General 64 00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque está dentro de los 60 metros que no se debe construir para la preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, en este caso la playa. 

 La situación que empezó a discreción durante el periodo de Semana Santa, se ha ido expandiendo y está limitando que las personas puedan accesar al lugar de mejor acceso para el público, para ir a otros espacios similares necesita del uso de botes. Dada esa situación, el abogado y asesor municipal, Waldy Taveras además de denunciar el caso sometió una instancia frente la oficina del Defensor del Pueblo para ejerza la fuerza para salvaguardar las prerrogativa personales y colectivas de los ciudadanos plasmados en la Constitución dominicana. 

El Tribunal Constitucional falla a favor del juez que conoció el caso Bahía de las Águilas


El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en favor del juez presidente de la Tercera Sala de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso y Administrativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, quien fue objeto de una querella por supuestas irregularidades en el caso Bahía de las Águilas.

 La querella, que tuvo como fallo el desagravio del magistrado Herrera Carbuccia, fue presentada por el consejo de abogados de la empresa Global Multibussines Corporation, representada por Rafael Helena Regalado, en el caso Bahía de las Águilas. 

 El consejo de abogados argumentó la existencia de presuntas irregularidades procesales, violación del debido proceso, afectación a los derechos de propiedad y existencia de un esquema de soborno y corrupción judicial que habría inclinado la balanza en favor del Estado dominicano y del Ministerio Público, en el caso. Con dicha estrategia, los querellantes perseguían que se reexaminara el caso, bajo el alegato de que con las sentencias a favor del Estado dominicano no se había garantizado un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas. 

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