Propietarios en Cana Bay Resort denuncian presunta estafa y abuso por parte de la administración

Punta Cana, RD – Más de 300 propietarios de inmuebles en el complejo Cana Bay Resort, en Punta Cana, denunciaron este viernes presuntos actos de estafa, abuso de poder y violación contractual por parte de la administración del residencial turístico.

 Los denunciantes aseguran que están siendo obligados a firmar un reglamento interno que consideran contrario a las cláusulas pactadas en los contratos originales de compraventa , lo cual vulnera sus derechos como legítimos propietarios. 

 Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa no solo un atropello a su inversión, sino también un riesgo para la seguridad jurídica en el país. “Esto no solo afecta nuestro sueño de tener una vivienda propia y digna, sino que también pone en entredicho la autoridad del clima de inversión en República Dominicana”, expresó mediante un comunicado. 

 Los propietarios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes , incluyendo a la Procuraduría General, al Ministerio de Turismo y al Poder Judicial, para que intervengan y frenen lo que califican como una violación sistemática a sus derechos adquiridos.

Justiniano Montero cuestiona abuso de solicitud de inhibición de jueces

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) emitió en este mes tres dictámenes, uno de ellos escrito por el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, sobre las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar. 

 En sus conclusiones, Montero asegura que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos. "Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial", explica el magistrado en su dictamen. 

 Sostiene en su dictamen que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar, particularmente cuando se aleguen causas que no se correspondan con las reguladas por el ordenamiento de cada país.