Hijos de empresario inmobiliario asesinado esperan justicia

Este pasado 19 de febrero se cumplió un año del “cruel asesinato” del empresario inmobiliario Miguel Ángel Santana Contreras, un crimen que no solo arrebató la vida de un hombre trabajador de Palmar de Ocoa, sino que también dejó a su familia sumida en una lucha interminable por justicia; 12 meses después, la incertidumbre sigue siendo la única respuesta de las autoridades.

 Su hijo Miguel Ángel Santana destaca que a pesar de que la Fiscalía de Azua y el Dicrim (Dirección Central de Investigación), han hablado de una supuesta orden de arresto, nadie ha sido apresado por el referido crimen. “Los autores materiales e intelectuales siguen libres, y la falta de avances en la investigación hace crecer la sospecha de que algo o alguien los está protegiendo. Mientras tanto, el fiscal Dante Castillo guarda silencio, y la desesperación de la familia Santana Contreras choca contra una pared de burocracia e indiferencia”, manifestó Santana en un comunicado. 

 Pero el calvario no se detiene ahí. Precisa que además del dolor por la muerte de su padre, sus hijos ahora enfrentan una batalla legal por sus bienes.

Comisión de Justicia favorece resolución que exhorta al Ministerio Publico y al Poder Judicial adoptar medidas para implementación Ley 340-22, sobre Extinción de Dominio

SANTO DOMINGO. – La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República acordó rendir informe favorable a la Resolución que exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias, para la implementación de la Ley 340-22, que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, autoría del senador por la provincia Santo Domingo, 

Antonio Taveras Guzmán. Taveras Guzmán, quien, además, preside la Comisión de Justicia, expresó que en el año 2022 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 340-22, y que, resulta preciso la implementación de esta normativa para poner en marcha programas formativos a miembros del Ministerio Público y Jueces, especializados en áreas de investigación en el Ministerio Público y las logísticas.

 La iniciativa establece en uno de sus considerandos que, la Ley núm. 34-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, lo define como una acción autónoma e independiente de cualquier otra, tanto de la facultad sancionadora del Estado como del derecho civil e independiente del juicio de responsabilidad del afectado, ejercida en contra de los bienes; no motivada por intereses patrimoniales, sino por intereses superiores de la nación dominicana. 

 En la comisión, además del presidente Antonio Manuel Taveras Guzmán, asistieron los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

Fuente:https://www.senadord.gob.do/comision-de-justicia-favorece-resolucion-que-exhorta-al-ministerio-publico-y-al-poder-judicial-adoptar-medidas-para-implementacion-ley-340-22-sobre-extincion-de-dominio/

Víctimas de estafa inmobiliaria protestan en reclamo de justicia

Las víctimas de la estafa inmobiliaria desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Nido se apostaron la mañana de este martes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que se haga justicia por el citado expediente. 

 Asimismo, piden a las autoridades judiciales que sea apresada Escarlet Cruz, esposa del principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma. "Esa señora fue beneficiada con una medida de coerción desde su casa, pero era porque ella estaba lactando. Entendemos que ya esa niña come plátanos porque tenemos un año ya en ese proceso", expresó Dayanara Borbón, 

 Entiende que con los tantos reenvíos para dar inicio a la etapa preliminar del caso, la justicia está jugando a que las víctimas se cansen y desistan, pero advirtió que están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Asimismo dijo que no se trata de una simple estafa, sino de toda una organización. 

Comisión de Justicia que revisó proyecto de ley para regular agentes inmobiliarios ofreció informe favorable, asegura presidente AEI

SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley para regular la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana contó con el informe favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y solo se está a la espera de que sea presentada en sesión en la Cámara Baja. 

 Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert, quien afirmó a El Inmobiliario que la pieza legislativa cuenta con el consenso de todos los sectores involucrados.

 Dijo que el sector solo está a la espera de ser convocado nuevamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se ocupará de presentar el proyecto al pleno de ese órgano legislativo. “La ley ya está consensuada con los legisladores y el sector construcción, con informe favorable y solo a la espera de que seamos convocados nueva vez por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es quien la va a someter”, comentó Bogaert. 

Familia Cedeño clama justicia ante el Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorí

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Diversas personas acuden nuevamente a la justicia en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Pedro de Macorís, con la finalidad de conseguir que los jueces que conocen su caso validen su presunto derecho en contra de un grupo de empresarios del sector construcción que también alegan ser los propietarios de cientos de miles de metros de terrenos en el municipio Guayacanes. 

 Una nota de prensa detalló que los Cedeño argumentan que son los legítimos dueños de más de 21 mil tareas en el municipio Guayacanes, además de tener tierras en el distrito municipal de La Caleta, y que «no permitirán que un grupo de oligarcas les quite su herencia, que con muchos esfuerzos sus antepasados les dejaron». 

 De igual manera, los litigantes informaron que no se oponen al desarrollo de la comunidad de Guayacanes, y que todo el que desee invertir en el área es bienvenido, pero de manera legal, comprando los metros de terreno al precio del mercado actual. 

Apelación de diputada Rosa Amalia Pilarte pondrá a la justicia en un proceso "inédito"

La apelación que someta la diputada Rosa Amalia Pilarte a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos en contra del Estado, a partir del 19 de junio, cuando está programado que se lea el fallo, colocará a la justicia en un proceso "inédito", afirma el exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Juan Hirohito Reyes Cruz. 

 Explicó que al momento de ser recurrida la decisión de la Segunda Sala Penal de la SCJ lo más probable es que la legisladora ya no tendrá la jurisdicción "privilegiada" y que se estaría en la disyuntiva de cuál es la que le competerá porque "es una situación no pensada en el Derecho ni prevista de manera expresa y concreta por la ley". 

 Su respuesta obedece a que, al concluir su periodo como diputada el 16 de agosto, ya el caso de Pilarte no sería competencia de la SCJ, pero "sería una contradicción" que el Pleno de esa alta corte decida declinar a una jurisdicción ordinaria, que sería la Corte de Apelación, para conocer un recurso a una sentencia condenatoria de un tribunal de alzada de jueces jerárquicamente superiores. "Ahora qué sucede con el asunto de la jurisdicción privilegiada y el concepto que se maneja es lo relativo al juez natural, el juez natural es que a ti te juzgue el tribunal que la ley prevé para que conozca el proceso". 

Mora judicial es principal calamidad del sistema de justicia, afirma Luis Henry Molina

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró este domingo que la principal calamidad del sistema de justicia es la mora judicial. "Para todos es sabido que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, la cual trastorna todo sentido de justicia en la población, y, sobre todo, lacera la vida de quienes la padecen", expresó el magistrado Molina, durante una audiciones solemne con motivo al Día del Poder Judicial, encabezado por el presidente Luis Abinader.

 En ese sentido afirmó que, declaró como objetivo central de esta gestión, la erradicación de "este mal histórico, que es la mora judicial". Expresó que la alta corte, hace cuatro años, arrastraba casos pendientes desde 1982, pero que el esfuerzo conjunto para erradicar la mora ha permitido resolver 37,406 recursos de casación desde junio de 2019. 

 Luis Henry Molina precisó que actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. Precisó que, la Sala Civil, la que más casos recibe, ha logrado una disminución considerable, faltándole por fallar 506 casos para lograr la meta.

Valerio: Justicia puso fin a la construcción del aeropuerto Bávaro

El abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, Miguel Valerio, declaró que la justicia dominicana ha puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

 Esto, según el jurista, mediante la evacuación de siete sentencias en su contra, ya que -ponderó- “es un proyecto sin sentido e innecesario”. El profesional del Derecho indicó que además de esas siete decisiones judiciales, también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, “corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana”. 

Jueces favorecen uso de IA en el sistema justicia

Santo Domingo.-Los jueces que participaron en la reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) favorecen aplicar justicia restaurativa para la solución alterna del conflicto en todas las áreas, específicamente en materia penal juvenil. Así lo manifestó el juez de Costa Rica, Orlando Aguirre Gómez, quien dijo que es uno de los programas que el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe buscan implementar para la mejora, calidad y eficiencia de la administración de justicia, y promover la independencia judicial. 

 “Hoy estamos convencidos de que la justicia represiva por sí misma no es suficiente y que hay oportunidad de mejoras en las áreas de derecho penal”, manifestó Aguirre Gómez.

 También favorece ampliar la aplicación de las herramientas tecnológicas y de implementar la inteligencia artificial en la administración de la justicia para conseguir objetivos.