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Cambio de uso de suelo en Los Prados es atribuido a mafia

Santo Domingo.- Por la cercanía que tiene el sector Los Prados, así como la Urbanización Fernández al Polígono Central (centro económico de la Capital) la regidora de la Fuerza del Pueblo, Nerys Martínez asegura que los permisos para establecer negocios en ese lugar se dan con preferencias. 

 A ese fenómeno relaciona la “metamorfosis” urbana que registra Los Prados y que hoy se traduce en caos en cuanto al tránsito vehicular y la deficiencia de servicios.

 “Evidentemente en esto lo que hay es una mala práctica de la administración de los espacios públicos”, comentó la edil. Afirmó que en ese lugar, las casas que hoy no tienen permisos para la construcción, lo que están haciendo es convirtiéndolas en comercio ya que por las condiciones del terreno no se puede establecer muchos niveles, pero sí lo capitaliza la municipalidad sin estar regulado. 

 “Eso lo hace Planeamiento Urbano atento a ellos; tengo amigos que han comprado terreno y por la cantidad de dinero que les han pedido para permiso, los tienen abandonados porque no se transan”, reveló. 

 Martínez, quien dijo hablar desde la indignación por ese tipo de situaciones. Deplora la política de no regular o definir los espacios residenciales o comerciales en la ciudad, y puso de manifiesto que hoy día se están modificando ordenanzas de Circunscripción I y II. 

Estudio revela caos en uso de suelos de RD, impactando en terrenos agrícolas y zonas vulnerables


El uso que se le da al suelo en el país parece repartirse sin reglas, que conlleva a barrios enteros levantados en zonas de alto riesgo, cuevas milenarias amenazadas por la minería, industrias rodeadas de viviendas, y proyectos turísticos que avanzan sobre bosques y ríos. 

 Un diagnóstico reciente del Viceministerio de Ordenamiento Territorial confirma el territorio nacional se usa de manera caótica, y ese desorden amenaza vidas, la alimentación, la historia y ponen jaque a futuro 

 El problema comenzó con la expansión urbana en los años, donde se sembraron las bases del desorden que impera en la actualidad. Aunque han pasado seis décadas, fue apenas en diciembre de 2022 cuando se promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial. 

 El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, presentó la situación en N Investiga y pone como ejemplo que el Distrito Nacional, apenas tenía 14 kilómetros cuadrados y que con la expansión urbana al 2020, tiene una huella construida de más de 100 kilómetros cuadrados, sin ninguna regulación. Indicó que ese crecimiento desorganizado no se limita a la capital y que toca a todo tupi de suela, que se clasifica en: urbano, agrícola, industrial, turístico o costero-marino. Dijo que en la práctica, todo se mezcla sin control, generando conflictos que ponen en jaque la seguridad y el desarrollo. 

Conflicto Verón-Higüey: establecen uso de suelo es facultad de los ayuntamientos

En medio del prolongado conflicto institucional entre el distrito municipal de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fijó posición este lunes al otorgar autonomía a las alcaldías para hacer uso y administrar el suelo en estas demarcaciones. 

 Ramón Antonio Ramírez (Manolito), director de la junta distrital de Verón-Punta Cana, ha librado una dura batalla con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), al que ha reclamado de forma insistente el respeto a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

 En sentido, Ramírez ha instado al Mived a aplicar la normativa, vigente desde diciembre de 2022, y que otorga a distritos con más de 15,000 habitantes (como Verón, que supera los 138,000), la facultad de crear y operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. 

 El Ministerio de Vivienda y Edificaciones ha rehusado aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por la junta distrital, paralizando más de 20 proyectos de inversión en la zona. 

Disponen uso obligatorio de medios digitales en tribunales civiles del Distrito Nacional


El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó una resolución que establece el uso obligatorio de medios digitales en los servicios judiciales y procedimientos llevados por los tribunales civiles, contencioso administrativo y tributario que se ofrecen en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional. 

 La resolución del Pleno 21-2025 surge como respuesta a "los altos riesgos identificados para la seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios en dichas instalaciones, debido al deterioro del edificio lo que pudiera representar un peligro ante eventos extremos como sismos", informa el Poder Judicial (PJ) en una comunicación de prensa.

 En estos momentos se está en el traslado de los 517 servidores públicos y los cerca de 15 tribunales que alberga el edificio que también tiene operando varios departamentos del Ministerio Público, incluida la Dirección de Prisiones. 

 La mudanza hacia el edificio de Registro Inmobiliario y el de la Suprema Corte de Justicia se hace tras un estudio de hace casi cinco años, hecho por la empresa Epsa Labco, que advierte del riesgo de colapso de la estructura. A ese local judicial asisten diario, "entre 1000 y 1,300 usuarios". 

Proponen creación del “Certificado de Uso y Habitabilidad” para prevenir tragedias como la del Jet Set

Santo Domingo. – El partido Opción Democrática (OD) presentó este martes una propuesta para la creación de un “Certificado de Uso y Habitabilidad», un instrumento fundamental para garantizar el mantenimiento continuo de las infraestructuras a lo largo del tiempo, orientada a prevenir catástrofes como la ocurrida recientemente en el Jet Set, y fortalecer la seguridad de las edificaciones en todo el territorio nacional.

 El Certificado de Uso y Habitabilidad sería un documento técnico y legal que valide que una edificación cumple con los requisitos necesarios para ser habitada o utilizada de acuerdo con su diseño. 

La propuesta plantea que, para ser emitido, se verifiquen aspectos como la seguridad estructural, condiciones sanitarias, instalaciones eléctricas y contra incendios, señalización de rutas de evacuación, accesibilidad, uso adecuado del espacio y criterios de sostenibilidad ambiental. 

 Lo novedoso para el sistema dominicano es que este instrumento requeriría una renovación periódica cada 10 años, o de forma extraordinaria en casos específicos, como cambios en el uso del inmueble, remodelaciones estructurales o eventos naturales que puedan afectar su integridad, y esté atado a trámites clave como la transferencia de propiedad y la contratación de seguros. 

Aprueban cambio de uso de suelo en alrededores Estadio Quisqueya


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del Ensanche La Fe, alrededor del Estadio Quisqueya, por ser «Zona de Uso Especial». 

 Según la comisión que estudió el proyecto, esta medida permitirá el desarrollo de la zona. La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), quienes presentaron la propuesta ante la Alcaldía. 

 Durante la sesión, 11 de los 30 regidores abandonaron la sala en protesta, argumentando que el proyecto debía ser dejado sobre la mesa, porque hay procesos cuyos procedimientos no se habían agotado. Entre los que se retiraron estaban representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo y dos regidores independientes. Los 22 regidores restantes, todos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), votaron a favor de la propuesta, lo que generó críticas por parte de la oposición. 

Magistrado Reyes Torres advierte mal uso IA en sistema judicial afecta derechos de las personas


EL NUEV DIARIO, PERÚ.- El juez del Tribunal Constitucional (TC), Amaury A. Reyes Torres, advirtió que el mal uso de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de justicia pondría en peligro la tutela judicial efectiva de las personas y el debido proceso a causa de los sesgos que tiene este sistema. 

 Durante su participación en el panel «Usos y desafíos de la inteligencia artificial en la justicia constitucional», en el marco del XXIV Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en Perú, el juez constitucionalista expuso que al usarlo o consultarlo este sistema podría inventar información, lo que contribuye a una irregularidad en las informaciones. 

 «El uso de la inteligencia artificial de cara al usuario del sistema jurisdiccional pone en peligro la tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo cual se agrava porque ese proceso no genera garantías claras, sobre todo ante las alucinaciones o sesgos», indicó Reyes Torres. Amaury A. Reyes Torres 

Confotur y su uso irregular en condo-hoteles urbanos


En Santo Domingo están de moda los condo-hoteles. Los vemos en construcción en cualquier esquina del polígono central. Ahora bien, el beneficiar con exenciones impositivas de Confotur a estos “condo-hoteles”, proyectos inmobiliarios urbanos que en muchos casos poco de turístico tienen, debe considerarse como una práctica altamente irregular. 

 Confotur, como su nombre lo indica, Consejo para el Fomento de Turismo, es una entidad colegiada cuyo fin es la promoción del turismo, y es inexplicable cómo, formando parte del consejo de Confortur tantas instituciones y entidades, incluyendo los ministerios de Hacienda, Turismo, Medio Ambiente, Cultura, y Asonahores, entre otras, se hayan aprobado en el pasado bajo el programa de Confotur, proyectos que ni son hoteleros ni turísticos, sino inmobiliarios de ciudad, de venta de bienes raíces. 

 El hecho de que un proyecto inmobiliario urbano decida llamarse condo-hotel y que en su mercadeo exprese que tendrá administración hotelera, no lo convierte automáticamente en un proyecto hotelero turístico. En la mayoría de los casos, vemos que es simplemente un adorno de palabras y mercadeo para edificios que realmente son proyectos inmobiliarios urbanos en Santo Domingo o Santiago. 

Ley de uso de playas es un tema pendiente en RD

El próximo sábado 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas o también el Día de Limpieza de Playas. Ellas constituyen uno de los lugares de recreación más importantes para el dominicano y unas de las principales razones de que el país reciba más de 10 millones de turistas; sin embargo, urge la necesidad de exista una ley específica sobre el uso público de las playas.

 De acuerdo al consultor económico y versado en turismo, Juan Lladó, las playas son de dominio público y el derecho a la propiedad privada no puede bloquear el acceso a la playa de los visitantes. Resaltó que no hay ninguna ley específica que hable sobre el uso de playas y precisó que es tarea pendiente. 

Consideró que la regulación deberá especificar cuáles son los requisitos para establecer la áreas de acceso para los visitantes de paso y tiene que obligar a los hoteleros y propiedades de terrenos playeros a permitir el uso de las playa. 

 Puntualizó que normativas similares existen en España, Nicaragua y Costa Rica, llamadas Ley de Costa, en estos últimos creadas con colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 En República Dominicana los propietarios de inmuebles no pueden obstaculizar el libre acceso a las playas, costas y riberas, pues el artículo 15, párrafo, de la Constitución, expresa: “Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada”. 

 Explicó que una nueva ley tendría que establecer normas sobre el uso de las playas (incluyendo el ambulataje y los usos recreacionales permitidos) y normas de preservación y conservación (incluyendo el cuidado de las playas, la de prevención de la erosión y los terrenos ganados al mar). 

Por sus conexiones, lo preferible es que la nueva ley abarcara todo lo relativo al desarrollo de la zona costera-marina, acotó.

Medio Ambiente suspende por 30 días uso de fuego para limpieza de terrenos por incendios forestales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso este lunes la suspensión del uso de fuego como herramienta para la limpieza de terrenos por los próximos 30 días como forma de frenar los incendios forestales que se registran en la República Dominicana, la mayoría vinculados a actividades agrícolas. 

 La información fue ofrecida por el titular de esa cartera, Miguel Ceara Hatton, durante una rueda de prensa del balance sobre los incendios forestales en el país, en donde indicó que la medida, plasmada en una resolución, fue tomada debido, sobretodo, al período de sequía “que todavía no sabemos cuándo va a terminar”. 

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