En medio del prolongado conflicto institucional entre el distrito municipal de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fijó posición este lunes al otorgar autonomía a las alcaldías para hacer uso y administrar el suelo en estas demarcaciones.
Ramón Antonio Ramírez (Manolito), director de la junta distrital de Verón-Punta Cana, ha librado una dura batalla con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), al que ha reclamado de forma insistente el respeto a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
En sentido, Ramírez ha instado al Mived a aplicar la normativa, vigente desde diciembre de 2022, y que otorga a distritos con más de 15,000 habitantes (como Verón, que supera los 138,000), la facultad de crear y operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano.
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones ha rehusado aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por la junta distrital, paralizando más de 20 proyectos de inversión en la zona.