Subasta pública incluye bienes incautados a César el Abusador, Francisco Pagán y Figueroa Agosto

La subasta pública anunciada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) para el próximo 13 de mayo, incluye propiedades muebles e inmuebles decomisadas a Francisco Pagán, César Emilio Peralta, conocido como "César el Abusador", y José David Figueroa Agosto, procesados por el Ministerio Público por múltiples delitos.

 Pagán fue condenado a cinco años de prisión tras admitir su culpabilidad en la creación de una red de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), entidad en la que se desempeñó como director. 

Según el órgano persecutor, en esa institución se sobornó, se desviaron fondos y se sobrevaluaron obras públicas. Por estos hechos, al exfuncionario le incautaron varios bienes, entre ellos un apartamento en la torre Alco Paradisus III, en el sector la Esperilla, del Distrito Nacional, con una superficie de 481.94 metros cuadrados, el cual está siendo subastado por RD$23,800,000. 

 Desde Boca Chica hasta Punta Cana: los precios de la subastas del Incabide En el caso de Cesar el Abusador, no existe una condena en su contra en República Dominicana, pero guarda prisión en Puerto Rico tras ser señalado como presunto cabecilla de una organización criminal de tráfico de drogas a gran escala y lavado de activos, con operaciones en varios países. 

Bienes Nacionales no pagará hasta investigar títulos en Hoyo Cla

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) no pagará los 313.7 millones de pesos que ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de propietarios de terrenos declarados área protegida para la creación del Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en La Altagracia, hasta investigar el origen de sus títulos. Rafael Burgos, director de las fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aseguró que la institución investiga la forma en que varios grupos de personas obtuvieron documentos de propiedad para reclamar el pago de terrenos que posteriormente fueron convertidos en áreas protegidas. 

 También advirtió que el Estado no realizará ningún pago hasta que el proceso judicial haya agotado todas las instancias. “Hay que pasar por un proceso de investigación para saber si esos terrenos fueron saneados debidamente, si fueron transferidos correctamente y si contaban con los títulos originales correspondientes… No obstante, aquí no se paga una sola sentencia que no haya adquirido la [autoridad] de la cosa juzgada hasta la última instancia”, afirmó. 

 Burgos indicó que, si finalmente se ven obligados a pagar, recurrirán a la negociación, mecanismo con el que —según dijo— han logrado reducir montos importantes en otros casos. “Cuando surgen esos conflictos, esperamos que la justicia emita su último veredicto y después tenemos que sentarnos a negociar… El Estado dominicano ha pagado muchas expropiaciones que se han resuelto en la mesa de negociaciones. Personas que pedían 800 millones y terminaron cobrando 400 millones. Ahora quien se beneficia de las expropiaciones es el Estado dominicano”, remarcó.