Querellantes desisten de acción contra exministro y reclaman liberación de pago pendiente

En la nueva vista del caso Calamar celebrada este jueves, los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes depositaron ante el tribunal un desistimiento en favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Alegaron que, tras escuchar la acusación completa del ministerio público, comprobaron que las pretensiones de la Procuraduría General de la República no responden a los intereses de sus representados.

 Indicaron también que las actuaciones de Hacienda, bajo la dirección del exministro Guerrero, se ajustaron a la legalidad, fueron transparentes y obedecieron estrictamente a mandatos judiciales. “El Estado, a través de Hacienda, ya pagó gran parte de lo que estaba ordenado. Lo único que corresponde ahora es que se libere el 20% restante, para que nuestros representados, muchos de ellos de avanzada edad y en condiciones precarias, reciban lo que por derecho les corresponde”, declaró el abogado Patricio Mañón. 

 Explicó que el ministerio público procura que las parcelas vinculadas al litigio sean declaradas en decomiso, una decisión que, según dijo, únicamente beneficiaría al Estado y dejaría sin compensación a las familias. 

Abogados de querellantes afirman Donald Guerrero no incurrió en desfalco contra el Estado

Santo Domingo.- Los abogados de la familia Reyes, parte querellante en el proceso judicial del caso por supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos contra el estado, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no incurrió en desfalco alguno, sino que actuó conforme a sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de 60 años. 

 El caso involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de supuestas maniobras para distraer fondos públicos. Uno de los puntos centrales es el pago autorizado en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos del copropietario de la parcela 613, donde hoy opera el Aeropuerto Internacional Las Américas. 

 Según los abogados, el pago que se intenta presentar como fraudulento fue en realidad un cumplimiento legal. Afirman que los verdaderos estafadores fueron beneficiados por el Ministerio Público. “El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, denunció Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal de la familia Reyes.