Medio Ambiente aclara que no necesita orden judicial para intervenir obras en franjas protegidas

Por Silvana Rodríguez, Santo Domingo.- El jurídico de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Aquino, aseguró que la institución cuenta con la potestad legal para ejecutar intervenciones y paralizaciones en franjas de protección fluvial sin requerir una orden judicial previa. 

 Durante la fiscalización a una villa turística levantada a orillas del río Yaque del Norte, en la comunidad de Las Guázaras, el representante jurídico respondió a los alegatos de la defensa del propietario, con quien tuvo una conversación acalorada y denunció ante la prensa que el convenio acordado se logró bajo presión militar y sin respetar el derecho de defensa. 

 Aquino rechazó la postura de los abogados y precisó que la ley sectorial y el artículo 129 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00) facultan a la autoridad ambiental a actuar en las zonas de dominio público. Ante los cuestionamientos, la entidad advirtió que, de no mantenerse el pacto institucional, se reanudaría el operativo de demolición de la infraestructura. 

 El acuerdo preliminar contemplaba que el propietario, identificado como el señor Riva, cedería de forma voluntaria al Estado la franja frontal del inmueble ubicada dentro del perímetro protegido para destinarla a un uso comunitario, evitando así los riesgos de una demolición inmediata en una zona con alta actividad recreativa. 

Cámara de Cuentas y Poder Judicial firman acuerdos para fortalecer la transparencia en el país

Santo Domingo, República Dominicana. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suscribieron este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de regular la cooperación mutua para la verificación, intercambio y validación de los datos registrales de los inmuebles que figuran en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los funcionarios públicos, conforme a lo establecido en la Ley núm. 311-14. 

 El convenio, rubricado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Emma Polanco Melo, y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, busca garantizar la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial. 

 Durante la ceremonia, la doctora Polanco Melo destacó la importancia de este acuerdo para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en la República Dominicana, resaltando su relevancia como un paso decisivo hacia la modernización y digitalización de los procesos institucionales. “La firma de estos convenios constituye una muestra concreta de cooperación interinstitucional en favor del interés nacional. Con esta alianza fortalecemos los lazos entre nuestras entidades y reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por una administración pública y de justicia más cercana a los principios de integridad, ética y transparencia que exige la sociedad dominicana. De esta manera, garantizamos la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial, pilares esenciales para una gestión pública transparente y ética”, subrayó la titular de la CCRD. 

Deja atrás desalojos contra inquilinos sin orden judicial expresa

Los propietarios o arrendadores de viviendas, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en proceso de aprobación, serán sancionados con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 El proyecto de Ley, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya fue aprobado en primera lectura, enviada a vistas públicas para el próximo jueves, empodera a los juzgados de paz para tratar en primera instancia los conflictos que se produzcan entre inquilinos y propietario, pero estos deben priorizar antes la conciliación entre las partes. 

 El presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, diputado Amado Díaz, en su motivación al Pleno de la CD resaltó el que la normativa disponga la prohibición a abogados y propietarios ejecutar desalojos arbitrarios sin órdenes judiciales, práctica muy utilizada hasta el momento. También establece sanciones para jueces displicentes en el caso de denegación de justicia, entre otras disposiciones, ya que RD lo que dispone es de un decreto emitido hace 66 años, por el dictador Rafael Leónida Trujillo.

Más de 6,000 familias de Los Tres Brazos recibirán títulos de propiedad tras fallo judicial

Santo Domingo.- El proceso de titulación de tierras en la comunidad de Los Tres Brazos, uno de los sectores más emblemáticos del Distrito Nacional, está tomando un rumbo definitivo. Más de 6 mil que habitan en esta zona, conocida por sus disputas legales sobre la propiedad, pronto recibirán los títulos que les otorgarán la seguridad jurídica que durante años les fue esquiva.

 Así lo informó Rafael Burgos Gómez, director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), quien además, destacó que este es un paso trascendental no solo para estas familias, sino para el futuro de la comunidad y el desarrollo social y económico de la región. 

 Conflictos legales 

 En los últimos años, Los Tres Brazos ha sido escenario de conflictos legales relacionados con la propiedad de la tierra. Tras una venta de terrenos que fue posteriormente declarada nula por un tribunal, el caso llegó a juicio, y la última sentencia emitida por la Corte anuló todas las decisiones anteriores, restableciendo los derechos sobre esas propiedades. 

Poder Judicial promueve la mediación y la conciliación como métodos para dirimir conflictos

El Poder Judicial realizó el panel “La Mediación y la Conciliación: Transformando el Acceso a la Justicia centrada en las Personas”, con el objetivo de promover estos mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos. 

 El coloquio, realizado en el Palacio de Justicia de Santiago a través de la Dirección de Justicia Inclusiva, estuvo integrado por la jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega, magistrada Arelis Ricourt; la coordinadora del Centro de Mediación de Las Caobas (Santo Domingo Oeste), Juana Baré; y la directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia, Carmen Victoriano. 

 La magistrada Ricourt, quien además es jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, afirmó que desde el Poder Judicial se promueve el uso de los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación a través de la derivación del caso a un juez o jueza en funciones de conciliador/a como fórmula para resolver controversias y establecer soluciones.

Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos. 

Magistrado Reyes Torres advierte mal uso IA en sistema judicial afecta derechos de las personas

EL NUEV DIARIO, PERÚ.- El juez del Tribunal Constitucional (TC), Amaury A. Reyes Torres, advirtió que el mal uso de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de justicia pondría en peligro la tutela judicial efectiva de las personas y el debido proceso a causa de los sesgos que tiene este sistema. 

 Durante su participación en el panel «Usos y desafíos de la inteligencia artificial en la justicia constitucional», en el marco del XXIV Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en Perú, el juez constitucionalista expuso que al usarlo o consultarlo este sistema podría inventar información, lo que contribuye a una irregularidad en las informaciones. 

 «El uso de la inteligencia artificial de cara al usuario del sistema jurisdiccional pone en peligro la tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo cual se agrava porque ese proceso no genera garantías claras, sobre todo ante las alucinaciones o sesgos», indicó Reyes Torres. Amaury A. Reyes Torres 

Poder Judicial explora tecnologías que permitan continuar la modernización de los registros de propiedad

Una delegación del Poder Judicial encabezada por el juez miembro del Consejo del Poder Judicial, magistrado Modesto Antonio Martínez Mejía, participó en el National Geospatial Executive Forum (NGEF) @ Esri User Conference (Esri UC), evento orientado a mostrar las mejores prácticas de aprovechamiento sobre las nuevas tecnologías en materias vinculadas al manejo de datos geográficos. 

 La comisión, compuesta por el director nacional de Mensuras Catastrales del Registro Inmobiliario, Ridomil Rojas; Carlos Rondón Paula, subadministrador de Tecnología de la Información y Comunicaciones interino; y Massiel Suero, gerente técnico de Mensuras, conectó con autoridades geoespaciales internacionales y conoció cómo sus pares están aprovechando los avances de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), para la gestión y análisis de información geoespacial.

 El director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas, indicó que, El director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas, indicó que, “tomar las experiencias y herramientas ya implementadas para transformarlas en servicios que faciliten la infraestructura tecnológica, ayudará a que los sistemas que utilizamos para procesar los requerimientos de los usuarios tengan menos cargas y sean más rápidos; además, nos permitirá construir nuevos productos y servicios electrónicos para nuestros usuarios externos, respondiendo siempre a las necesidades de los diversos perfiles de usuarios”. 

 Rojas también destacó que la participación en este evento es parte del proceso de transformación digital que está experimentando el Registro Inmobiliario bajo el Plan Estratégico Visión Justicia 2024.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/justicia/poder-judicial-explora-tecnologias-que-permitan-continuar-la-modernizacion-de-los-registros-de-propiedad/

Mora judicial es principal calamidad del sistema de justicia, afirma Luis Henry Molina

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró este domingo que la principal calamidad del sistema de justicia es la mora judicial. "Para todos es sabido que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, la cual trastorna todo sentido de justicia en la población, y, sobre todo, lacera la vida de quienes la padecen", expresó el magistrado Molina, durante una audiciones solemne con motivo al Día del Poder Judicial, encabezado por el presidente Luis Abinader.

 En ese sentido afirmó que, declaró como objetivo central de esta gestión, la erradicación de "este mal histórico, que es la mora judicial". Expresó que la alta corte, hace cuatro años, arrastraba casos pendientes desde 1982, pero que el esfuerzo conjunto para erradicar la mora ha permitido resolver 37,406 recursos de casación desde junio de 2019. 

 Luis Henry Molina precisó que actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. Precisó que, la Sala Civil, la que más casos recibe, ha logrado una disminución considerable, faltándole por fallar 506 casos para lograr la meta.