Gaceta Guia Inmobiliaria: extincion
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Imputados en corrupción fracasan en lograr la extinción acción penal


Santo Domingo.-Las defensas de los principales imputados de dos de los procesos de corrupción en perjuicio del Estado, que se conocen en el tribunal y solicitan la extinción de la acción penal del proceso, tras alegar que el plazo de cuatro años que establece el Código Procesal Penal transcurrió, fue rechazado. 

 Se trata de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, cabecilla del entramado de corrupción del caso Pulpo, y el de la estructura creada en perjuicio del Estado, liderada por el general Adán Cáceres Silvestre, quienes trataron de ser favorecidos con la extinción penal. 

 La extinción de la acción penal es la finalización de proceso judicial porque no se conoció en el plazo establece el Código Procesal Penal, que es un período de cuatro años. Además de los referidos, también están en los tribunales los imputados de los casos Medusa, Calamar y el Coral 5G. Este último fue fusionado con el Coral por tratarse de un mismo entramado, y el tiempo del plazo se toma en cuenta a partir del primer expediente sometido. 

Rechazan extinción de acción penal contra Alexis y Magaly Medina en Caso Antipulpo


El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, rechazó este lunes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Alexis y Magaly Medina en el caso Antipulpo. 

 Las juezas fundamentaron su decisión en la cantidad de inmuebles insolventes, excusas y licencias presentadas a lo largo del proceso, así como en la magnitud del caso.

 En este proceso están involucradas 40 personas, de las cuales 19 son entidades jurídicas y 21 son personas físicas, todas con representación técnica. "Es partiendo de estos elementos reales que queda objetivamente materializado que estamos frente a un caso de complejidad real, no solamente por las partes involucradas, sino por la cantidad de pruebas que este tribunal ha tenido que administrar, donde estamos hablando de aproximadamente 4,000 elementos probatorios", explicó el tribunal. 

Senado solicita adoptar medidas de la Ley de Extinción de Dominio


Santo Domingo, RD.- El Senado de la República aprobó la resolución presentada por el senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, mediante la cual el órgano del poder legislativo solicita al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar las medidas pendientes para el desarrollo de la Ley de Extinción de Dominio, promulgada en julio del 2022.

 En la resolución, la cámara alta explica que la Ley 340-22, autoría de Taveras Guzmán, entró en vigencia en julio del 2023, pero todavía las autoridades competentes no la han puesto en funcionamiento. 

 De manera concreta la resolución señala la necesidad de iniciar el mandato de la ley que prevé acciones preparativas como los programas formativos a miembros del Ministerio Público y jueces, especialización de áreas de investigación en el Ministerio Público, organización de los recursos y logística. “Fuimos a todos los sectores sociales, políticos, académicos a discutirla con ellos. La ley se aprobó y es una de las grandes conquistas de este gobierno y de este senado. Es una ley que viene a darle duro a todo tipo de enriquecimiento ilícito”, destacó Taveras Guzmán en el turno de motivación de la pieza. 

 La ley 340-22 define los principios que rigen la administración de todos los bienes sujetos al ámbito de su aplicación: transparencia y publicidad, principio de eficiencia y economía, principio de objetividad, principio de igualdad y principio de jerarquía.

 Además, la ley crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Anulan extinción del caso Los Tres Brazos


Mientras la Suprema Corte de Justicia se encuentra pendiente de fallar un recurso de casación contra un auto de no ha lugar en favor de varios de los implicados de la venta del sector Los Tres Brazos, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló la sentencia que declaró la extinción de la acción penal del sonado caso. 

 La Corte de Apelación presidida por el juez Daniel Nolasco, e integrada por July Tamariz y Mariana Daneira García, tomó la decisión de declarar la extinción de la acción penal, tras acoger un recurso de apelación presentado por los afectados y los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

 Asimismo, el tribunal devolvió el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para que proceda con la continuación del juicio de fondo del caso de la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, comenzando desde cero. Igualmente, ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, a los acusados, el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, a Manuel Joaquín Aybar Fernando, Irving Cruz, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Lisetel González Sánchez, Juana Ynes Gómez Williams y proyecciones Inmobiliarias Gowi, Fernández Parache y asociados (INFEPA), soluciones Eléctricas Sidenet y Tekknowlogie Dominicana, igualmente víctima. 

 El tribunal decidió anular la decisión del 22 de abril, debido a que todos los sujetos procesales habían depositado recursos de casación.

Comisión de Justicia favorece resolución que exhorta al Ministerio Publico y al Poder Judicial adoptar medidas para implementación Ley 340-22, sobre Extinción de Dominio

SANTO DOMINGO. – La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República acordó rendir informe favorable a la Resolución que exhorta al Ministerio Público y al Poder Judicial a adoptar las medidas necesarias, para la implementación de la Ley 340-22, que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, autoría del senador por la provincia Santo Domingo, 

Antonio Taveras Guzmán. Taveras Guzmán, quien, además, preside la Comisión de Justicia, expresó que en el año 2022 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 340-22, y que, resulta preciso la implementación de esta normativa para poner en marcha programas formativos a miembros del Ministerio Público y Jueces, especializados en áreas de investigación en el Ministerio Público y las logísticas.

 La iniciativa establece en uno de sus considerandos que, la Ley núm. 34-22 que regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, lo define como una acción autónoma e independiente de cualquier otra, tanto de la facultad sancionadora del Estado como del derecho civil e independiente del juicio de responsabilidad del afectado, ejercida en contra de los bienes; no motivada por intereses patrimoniales, sino por intereses superiores de la nación dominicana. 

 En la comisión, además del presidente Antonio Manuel Taveras Guzmán, asistieron los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

Apelarán declaración de extinción en caso Los Tres Brazos


Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informaron ayer que apelarán la decisión que declara la extinción de la acción penal en el caso de supuesta venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos, por estar inconformes con el fallo. 
 El fiscal litigante José Miguel Marmolejos sostuvo que apelarán la sentencia dentro de los plazos que establece la ley, entre otras razones, porque apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso. 

 El caso seguido a los acusados de la venta ilegal de inmuebles en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, es otro expediente de presuntos actos de corrupción que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declara la extinción de la acción penal. El primero fue el juicio seguido a los implicados en el caso Súper Tucano.

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