Tribunal determina quiénes heredan terrenos de italiano que se cita en caso de Calamar

Un tribunal de Monseñor Nouel estableció el pasado mes de diciembre cuáles son los verdaderos herederos del italiano Alessandro De Paola Sangiovanni, propietario de unos terrenos en Higüey, declarados de utilidad pública y por los cuales el Estado pagó, según el Ministerio Público, casi 4,000 millones de pesos de manera irregular. 

 El pago por la propiedad forma parte de los desembolsos que hizo el Ministerio de Hacienda, durante la gestión del exministro Donald Guerrero y que el órgano acusador sometió a la justicia por supuesta estafa al Estado.

 Por los 15,893,345.70 metros cuadrados, ubicados en la sección Yuma, de Higüey, del finado Alessandro de Paola Sangionvanni, el Estado dominicano pagó los casi 4,000 millones, de los cuales los hermanos Emir Fernández De Paola y Ana Linda Fernández De Paola, esta última abogada notaria, recibieron casi RD$1,500 millones. 

 Según el expediente de acusación de Operación Calamar, como se bautizó al caso de corrupción que involucra a Guerrero y a otros exfuncionarios, los hermanos De Paola se valieron del "uso de documentos falsos para aparentar ser los legítimos herederos de Alessandro De Pola" y "aceptaron dar como soborno el 50% del total del dinero que iban a recibir del Estado como pago por la expropiación de la parcela". 

Yván Lorenzo califica como «fraude procesal» informes de auditoría en caso Calamar

Santo Domingo, RD.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó este jueves la validez del informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público en el proceso judicial del caso Calamar, al asegurar que dicho organismo no existía legalmente al momento en que se realizaron las investigaciones. 

 Lorenzo explicó que la Unidad Antifraude fue creada mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, varios años después de la elaboración de los informes que sustentan la acusación, por lo que —a su juicio— estos carecen de fundamento jurídico.

 “Estamos ante un fraude procesal”, afirmó el dirigente político. 

 El vicepresidente del PLD también sostuvo que la acusación fue depositada un día antes de las elecciones, lo que, según dijo, evidencia una intención política detrás del

Defensa de Rafael Calderón dice imputaciones en caso Calamar contra el exsenador carecen de sustento jurídico

Santo Domingo. – Tras más de un año de audiencias preliminares, el abogado Wilson Berigüete presentó las conclusiones finales en defensa del exsenador Rafael Calderón, quien enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa contra el Estado en el caso Calamar, formuladas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

 El exsenador de Azua está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un “holding criminal” dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020. 

 Como principales imputados están exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. 

 Durante su intervención, Berigüete sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y señaló que no existen pruebas concretas que vinculen a Calderón con los delitos que se le imputan. 

El abogado también argumentó que la acusación parece responder a motivaciones de carácter político, más que a fundamentos legales o pruebas sólidas. El defensor explicó que, a lo largo del proceso, se ha evidenciado la falta de elementos objetivos que sustenten la acusación y subrayó que su representado ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad. “No hay evidencias que respalden estas imputaciones; se trata de una acción que busca perjudicar políticamente a mi cliente”, afirmó Beriguete. 

Querellantes del caso Calamar cuestionan al Ministerio Público

SANTO DOMINGO. — La tensión dentro del proceso judicial del caso Calamar sigue en aumento. Esta vez, un grupo de querellantes, representados por los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, depositó varias instancias ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para manifestar su inconformidad con el Ministerio Público. Según alegan, sus defendidos han sido engañados y marginados en el desarrollo del proceso. 

 Los querellantes sostienen que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha cumplido con los compromisos asumidos y que ha manejado el caso con prácticas que ponen en entredicho la transparencia del proceso. Las críticas surgen justo después de que concluyera la lectura de la acusación formal contra los imputados, entre los que figuran exministros de alto perfil: Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas). 

También fueron acusados el excontralor de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Pichirilo; el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y el empresario Fernando Crisóstomo. Sentencias y disputas en audiencia, El malestar de las partes se intensificó tras la sentencia TC0048-24 del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el oficio 0457 del 2 de febrero de 2022.