Imponen medida de coerción contra abogado acusado de estafa inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Joel Carlo Román fue presentado este martes ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le impuso una medida de coerción en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. 

 De acuerdo con un comunicado, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que vinculan al imputado con los hechos investigados y dispuso, como medidas, el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica. 

 Esta decisión se suma a otra medida de coerción previamente impuesta en San Francisco de Macorís por un caso similar bajo investigación, donde se le fijó una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo. 

 En el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en Puerto Plata figura como prófugo José Rafael Román Argotte, y se imputa como tercero civilmente responsable a la empresa Gurka Trade SRL, presuntamente utilizada como vehículo societario para perpetrar un fraude inmobiliario. 

La regulación del embargo retentivo para la defensa de los usuarios del sistema financiero

En la República Dominicana, el embargo retentivo, como instrumento de recuperación de créditos, ha sido objeto de análisis profundo y debate constante. Este vehículo procesal, que permite indisponer los bienes del deudor en favor de su acreedor, ha demostrado ser una herramienta útil para los fines que fue concebida, más su aplicación se ha tornado compleja puesto que en la práctica conviven tanto su uso legítimo como el ejercicio desviado de este tipo de procedimientos. 

 A junio de 2025 el monto promedio mensual de los depósitos indispuestos superó los RD$28.7 mil millones, colocados en 232,798 cuentas en 29 entidades de intermediación financiera. Dentro de estas cifras se incluyen lastimosamente embargos retentivos trabados de manera abusiva, que limitan el acceso a recursos a personas, mipymes y empresas, con su correlativo efecto sobre la dinámica comercial. 

 La Superintendencia de Bancos ha recibido de primera mano quejas de usuarios que afirman ser objeto de embargos retentivos temerarios y dicen encontrarse desprotegidos frente a una legislación que no se ajusta ya a la realidad. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de liderar acciones concretas que contribuyan a actualizar esta figura, proteger los derechos de las personas involucradas y fortalecer la seguridad jurídica. 

 Conscientes de la importancia de contar con una visión comparada para comprender esta problemática, desde esta institución llevamos a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de procedimiento de embargo retentivo, con asesoría legal de expertos nacionales e internacionales, lo que nos permitió identificar buenas prácticas asumidas por otros sistemas jurídicos, facilitando la elaboración de propuestas adaptadas a nuestra realidad y necesidad. 

Senadores afirman trabajarán para ajustar Ley de Embargo tras sentencia del TC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados aseguraron este jueves que en los próximos días trabajarán en la adecuación de la Ley 396-19, que regulaba los embargos de bienes muebles e inmuebles, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la normativa. 

 La Alta Corte declaró inconstitucional la Ley 396-19 al considerar que no cumplió con el procedimiento requerido para su aprobación y que, además, contraviene principios constitucionales fundamentales. 

 En su sentencia TC/0743/25, el Tribunal también rechazó que los embargos de bienes muebles e inmuebles fueran ejecutados por el Ministerio Público en lugar del juez apoderado del caso. En ese sentido, el senador Pedro Catrain, manifestó que esta sentencia de la corte suprema es una «situación normal» que busca corregir algunas situaciones y el rol del Congreso es analizarla y adecuarla. 

 «El Congreso lo que va a hacer es conocer y resolver esa situación para que sea el juez apoderado del caso que tenga la facultad de dirigir la Policía Nacional y todo el proceso de ejecución de la sentencia», sostuvo Catrain. En dicha sentencia también se exhorta al Congreso Nacional aprobar una nueva ley en la que se corrija las fallas anteriormente mencionadas para que este en consonancia con el artículo 112 de la Constitución. 

Alguacil y abogada son imputados en supuesto embargo y desalojo ilegal

La Altagracia. RD. En continuidad a las investigaciones por los casos de embargos y desalojos ilegales en esta provincia, documentos que revelan la medida de coerción aplicada a la abogada Alexandra Días, y el alguacil Lenny Francisco de Los Santos Avalo, ambos acusados junto al abogado Eloy Bello Pérez. quién presuntamente orquestó la trama para llevar a cabo un desalojo el pasado día 15 de enero del 2022, violando, según los argumentos acusatorios, la ley 396-19. 

 La medida de coercion aplicada a De Los Santos Avalo, y la abogada Días consisten en presencia periódica y firma cada mes, y fue solicitada por la fiscalía de la Altagracia; según indica el documento amparada en argumentos acusatorios de asociación de malhechores, entre otros.

 En el acto de acusación aparecen también los imputados Eloy Bello Pérez, Rene Duran, y Libor Zabalski. A quienes también se les acusa de haber burlado los artículos 22. 23. 24, 25. 26, 27. 28. 29, 30, y 31 de la ley 396-19, y además haber violado los artículos 265 y 266 consistentes en asociación de malhechores. 

Rechazan sentencia sobre embargo inmobiliario y desalojo; advierten amenaza contra inversión extranjera

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Los abogados Fernan Ramos Peralta y Tania Colombo calificaron de irregular una sentencia que establece embargo inmobiliario y desalojo de seis villas turísticas en Cofresí, provincia Puerto Plata supuestamente a favor de una compañía extranjera.

 Los juristas indicaron que el dictamen emitido por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata “no observó ningunas de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva”, ya que, a su juicio, la empresa no cuenta con Registro Nacional de Contribuyente ni Registro Mercantil, “a pesar de tener operaciones comerciales en el país”. 

 Ramos Peralta y Colombo, abogados de los afectados por la decisión, informaron que las violaciones al debido proceso van desde falta de notificación a los acreedores inscritos y causahabientes de la deudora con litis inscritas previas al registro del título ejecutorio y del embargo, violación al artículo 691 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, irregularidad de fondo en el acta de embargo, entre otras faltas.