EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados aseguraron este jueves que en los próximos días trabajarán en la adecuación de la Ley 396-19, que regulaba los embargos de bienes muebles e inmuebles, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la normativa.
La Alta Corte declaró inconstitucional la Ley 396-19 al considerar que no cumplió con el procedimiento requerido para su aprobación y que, además, contraviene principios constitucionales fundamentales.
En su sentencia TC/0743/25, el Tribunal también rechazó que los embargos de bienes muebles e inmuebles fueran ejecutados por el Ministerio Público en lugar del juez apoderado del caso.
En ese sentido, el senador Pedro Catrain, manifestó que esta sentencia de la corte suprema es una «situación normal» que busca corregir algunas situaciones y el rol del Congreso es analizarla y adecuarla.
«El Congreso lo que va a hacer es conocer y resolver esa situación para que sea el juez apoderado del caso que tenga la facultad de dirigir la Policía Nacional y todo el proceso de ejecución de la sentencia», sostuvo Catrain.
En dicha sentencia también se exhorta al Congreso Nacional aprobar una nueva ley en la que se corrija las fallas anteriormente mencionadas para que este en consonancia con el artículo 112 de la Constitución.
El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, expresó que espera que este tema sea tomado en cuenta en la próxima sesión del Senado para que posteriormente se conforme una comisión que se encargue de verificar la pertinencia de la misma.
El representante de la provincia La Vega agregó que una de las funciones del Tribunal es precisamente revisar los actos de otros poderes del Estado, tanto del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y Judicial y emitir sentencias exhortativas.
«Como es una sentencia exhortativa lo que hay que hacer es revisarla y en función de ella darle cumplimiento», subrayó.
De su lado, la senadora Mercedes Ortiz, declaró que tras esta decisión del TC los parlamentarios tienen que hacerle las modificaciones correspondientes a la Ley 396-19 en la que queden garantizados los derechos constitucionales que cita el Tribunal.
«La función de un Tribunal Constitucional es precisamente corregir cualquier situación que se de con una Ley y nosotros como Congreso lo que tenemos es que ver eso y corregir los puntos que señala el tribunal porque las sentencias del TC constituyen precedentes vinculantes», fueron las palabras del legislador Rafael Barón Duluc.
Para hacer las correcciones de lugar, el Tribunal Constitucional le otorgó a los legisladores un plazo de dos años para que en lo adelante la normativa de ley cumpla con los parámetros constitucionales.





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