Familias reclaman el derecho de construir su vivienda en solares que ocupan hace más de 20 años

En el sector Arroyo Piedra de Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, decenas de familias viven hoy bajo la incertidumbre de perder lo que por años han considerado suyo: un pedazo de tierra levantado con esfuerzo, sacrificio y esperanza. 

 Por más de dos décadas, alrededor de 25 familias han ocupado terrenos en esta zona, construyendo poco a poco viviendas con recursos obtenidos mediante préstamos, ahorros e incluso privaciones.

 Para muchos, no se trata solo de una propiedad, sino del símbolo de estabilidad y dignidad que representa tener un hogar propio consagrado en la Constitución de la República. 

 Entre los afectados se encuentra Franklin Lebrón, quien asegura haber iniciado procesos formales ante el Estado para regularizar su situación. Según explica, su intención siempre ha sido adquirir legalmente el terreno, respaldado por documentos emitidos por instituciones estatales. "No queremos nada ilegal, queremos pagar lo que corresponde y tener nuestro título. Hemos hecho diligencias y nada", sostiene. 

 Sin embargo, la tranquilidad de estos comunitarios se ha visto interrumpida por la aparición de un ingeniero a quien identifican como Luis Héctor Bogaert, que según los denunciantes, reclama la propiedad de los terrenos. 

TC orden a a Educación desalojar un terreno ocupa ilegalmente desde hace 30 años

El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) el desalojo de una parcela privada que ocupa de forma ilegal desde hace 30 años, donde fue construida en el año 1992 la Escuela Básica Hato del Medio Abajo, en Guayubín, Monte Cristi.

 El TC dispuso que el Minerd desocupe la parcela en un plazo de 30 días después de finalizado el período escolar 2022-2023. La ocupación de los terrenos por parte de Educación ocurrió en el 1992, en el gobierno de Joaquín Balaguer, sin ser regularizada esa situación en las siguientes gestiones. Impuso el pago de una astreinte por la suma de RD$5,000.00, por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia, contra el Ministerio de Educación, y en favor del propietario del terreno, Darío Melquiades Castro Abreu, ejecutado a partir del vencimiento del plazo para desocupar la parcela.