La abogada Mariel León Lebrón, de la compañía León y Raful, aclaró que los procesos disciplinarios incoados ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por su homólogo Dionisio Ortiz Acosta calificándolo como “litigantes temerarios”, uno fue dejado sin efecto y otro se ventilará el 10 del mes en curso en el Tribunal Superior Administrativo, tras el conflicto que libran por una litis judicial sobre 400 viviendas que no han sido entregadas por la inmobiliaria Don Juan, en La Romana.
Aseguró que el recurso interpuesto en el CARD, contra Lilia Fernández León y Joel Rosario Alburquerque, representante legal de la señora María Amelia Hazoury contempla una serie de inexactitudes y falsedades.
Destacó que el conflicto del proceso judicial es una demanda de divorcio que introdujo Hazoury contra Juan Rafael Llaneza Gil de las entidades comerciales de su propiedad, recurrida por el demandado en apelación y casación como una forma de ganar tiempo para realizar maniobras para ocultar y defraudar a su esposa común en bienes.
Indicó que esa situación ha obligado a tomar una serie de medidas conservatorias que dispone la ley para la conservación de patrimonio familiar durante el proceso de divorcio, tanto en el país como en Estados Unidos, donde han sido reconocidos los derechos de su defendida.




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