Alguacil y abogada son imputados en supuesto embargo y desalojo ilegal


La Altagracia. RD. En continuidad a las investigaciones por los casos de embargos y desalojos ilegales en esta provincia, documentos que revelan la medida de coerción aplicada a la abogada Alexandra Días, y el alguacil Lenny Francisco de Los Santos Avalo, ambos acusados junto al abogado Eloy Bello Pérez. quién presuntamente orquestó la trama para llevar a cabo un desalojo el pasado día 15 de enero del 2022, violando, según los argumentos acusatorios, la ley 396-19. 

 La medida de coercion aplicada a De Los Santos Avalo, y la abogada Días consisten en presencia periódica y firma cada mes, y fue solicitada por la fiscalía de la Altagracia; según indica el documento amparada en argumentos acusatorios de asociación de malhechores, entre otros.

 En el acto de acusación aparecen también los imputados Eloy Bello Pérez, Rene Duran, y Libor Zabalski. A quienes también se les acusa de haber burlado los artículos 22. 23. 24, 25. 26, 27. 28. 29, 30, y 31 de la ley 396-19, y además haber violado los artículos 265 y 266 consistentes en asociación de malhechores. 

 La historia comenzó cuando se suscribió un contrato para la construcción de la obra Isla Feliz, en fecha 19 de agosto del año dos mil dieciséis entre las empresas 33 RENOVA EXPERT, SRL, empresa desarrolladora contratante y OPS GROUP, SRL, quién construye el proyecto inmobiliario denominado “ISLA FELIZ”, desarrolladora que nunca honró los pagos según se pactó en el contrato, lo que originó una adenda el día treinta de agosto del año dos mil diecisiete, en la cual la contratante. 33 RENOVA EXPERT SRL, reconoció y se comprometió a pagar a la sociedad OPS GROUP SRL, la suma de trescientos cincuenta y un mil noventa y dos dólares, (Us$351,092.00) por concepto de cantidades vencidas y no pagadas hasta la fecha. 

 En fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, se suscribió una segunda adenda al contrato para la construcción del proyecto inmobiliario Isla Felíz entre las entidades OPS GROUP, SRL y 33 RENOVA EXPERT, SRL, en la 33 RENOVA EXPERT, SRL nuevamente reconoció y se comprometió a pagar a la sociedad OPS GROUP, SRL la suma de cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US$487,945.00) por concepto de sobre costos de la obra originados por los retrasos en los pagos comprometidos. 

 Suscitada la crisis por incumplimiento de pagos y sumadas adeudadas, el día once de junio del año dos mil dieciocho el Tribunal de Tierras expidió una sentencia marcada con el número 2018-00635, la que dictó que según el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Altagracia, se homologó un acuerdo Transaccional suscrito entre las entidades OPS GROUP, SRL y 33 RENOVA EXPERT, SRL, ordenando la Jurisdicción Inmobiliaria al Registro de Títulos inscribir un privilegio como contratista no pagado favorable a la sociedad OPS GROUP, SRL por la suma de ochocientos treinta y nueve mil treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América (Us$839,037.00). 

 Luego de varios intentos y prolongada la deuda del contrato y de los intentos de 33 RENOVA por anular la sentencia favorable a la sociedad constructora. fecha seis de febrero del año dos mil veinte se expidió otra Ordenanza marcada con el núm. 186-2020-SORD-00010, otorgada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia en atribuciones de referimiento, la cual rechazó una Demanda en Entrega de Inmueble interpuesta por la sociedad 33 RENOVA EXPERT, SRL en contra de la entidad OPS GROUP, SRL. Lo que dejó en evidente poder del inmueble a la constructora OPS Group SRL. 

 Los argumentos que imputan a los abogados Eloy Bello Pérez. Alexandra Díaz y al alguacil utilizado para el alegado embargo y desalojo no legal se realizó logrando conseguir de la extitular Mercedes Santana un documento de “Recomendación de Protección para acceso a Propiedad”, dirigido al ex comandante de la Policía Nacional en Verón Punta Cana, Coronel Milton Nova, solicitud con la que supuestamente simularon una solicitud de Fuerza Pública para un desalojo y continuar con un plan que se considera perfectamente diseñado y premeditado para ejecutar un embargo que no contaba con una sentencia definitiva como lo establece el artículo 7 de la ley 396-19. 

 Hasta este momento y según se dicta al inicio de este artículo, los imputados Lenny Francisco de Los Santos Avalo y Alexandra Díaz cumplen medida de coercion basada en presencia periódica y firma cada mes, mientras que el abogado Eloy Bello Pérez aguarda por una decisión en los tribunales de San Pedro de Macorís, tras haber recusado a la magistrada apoderada del caso en el juzgado de instrucción de Higüey.

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